El Principado desvelará al mediodía si el expediente de Consumo termina en una sanción, un requerimiento o nuevas actuaciones contra la concesionaria de la AP-66

El Gobierno de Asturias comunicará este viernes, 24 de julio, la decisión adoptada en el expediente abierto contra Aucalsa por mantener el cobro íntegro del peaje de la autopista del Huerna pese a las prolongadas obras, restricciones y afecciones que soportan sus usuarios.

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, y la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González, comparecerán a las 12.00 horas en la sede del Ejecutivo asturiano para informar sobre las conclusiones alcanzadas por la Dirección General de Consumo.

La resolución puede marcar un punto de inflexión en uno de los conflictos que mayor malestar ha provocado en Asturias durante los últimos meses: pagar el precio completo de una autopista concebida para ofrecer rapidez, seguridad y fluidez mientras buena parte del recorrido está condicionada por carriles cerrados, limitaciones de velocidad, desvíos provisionales y obras en los túneles.

Una decisión todavía desconocida

A primera hora de este viernes, el Principado no había adelantado el contenido concreto de la decisión. Por tanto, todavía no puede afirmarse si Consumo impondrá una multa, formulará un nuevo requerimiento, exigirá cambios en el cobro del peaje o abrirá algún trámite adicional.

Tampoco se ha confirmado que la resolución obligue a Aucalsa a devolver cantidades a los conductores ni que suponga la suspensión automática del peaje. Cualquier posible compensación dependerá del alcance jurídico de la decisión y de los recursos que pueda presentar la concesionaria.

La rueda de prensa permitirá conocer si el expediente ha encontrado indicios de una infracción en materia de consumo y, en ese caso, cuál sería su gravedad, su duración y el posible beneficio económico obtenido mediante el cobro de la tarifa completa.

Un expediente abierto por el deterioro del servicio

La Dirección General de Consumo abrió actuaciones contra Aucalsa después de recibir denuncias relacionadas con el cobro íntegro del peaje durante un periodo en el que el nivel de servicio de la AP-66 se había visto sustancialmente reducido.

El Principado constató restricciones de velocidad, reducción de carriles, congestión, falta de información en tiempo real y numerosas incidencias derivadas tanto de las obras de adaptación de los túneles como de la reparación del desprendimiento registrado en la vertiente asturiana de la autopista.

En junio, Zapico anunció que Consumo mantendría abierto el expediente y estudiaría la posible imposición de sanciones administrativas. El consejero aseguró entonces que las diligencias de la Fiscalía y el procedimiento administrativo podían desarrollarse en paralelo, al tratarse de vías independientes.

La comparecencia de este viernes deberá aclarar si ese análisis técnico y jurídico ha concluido finalmente con una propuesta sancionadora.

Casi treinta millones cobrados con la autopista en obras

Los cálculos manejados por la Dirección General de Consumo situaban entre 28 y 29,6 millones de euros la cantidad abonada en peajes por aproximadamente 1,8 millones de vehículos durante el periodo en el que la autopista no prestó el servicio en condiciones consideradas normales.

Estas estimaciones no equivalen automáticamente a un beneficio ilícito ni implican que deba devolverse todo ese dinero. Son, sin embargo, uno de los elementos empleados para dimensionar el alcance económico y colectivo del expediente.

La Unión de Consumidores de Asturias sostiene que una parte relevante de esa recaudación se obtuvo mediante un cobro desproporcionado respecto al servicio realmente prestado. La organización ha pedido una reducción del peaje, compensaciones para los afectados y una sanción vinculada al supuesto beneficio conseguido por Aucalsa. Cerca de 4.000 personas se habían sumado a su registro de usuarios perjudicados.

Un peaje de 16,20 euros por trayecto completo

Atravesar íntegramente la AP-66 entre Campomanes y León cuesta en 2026 un total de 16,20 euros para un vehículo ligero. El precio permanece vigente pese a las obras que afectan a diferentes túneles y al tramo del desprendimiento de la vertiente asturiana.

Aucalsa informa en su página oficial de que continúan las actuaciones en siete túneles —Barrios, Cosera, Oblanca, El Negrón, Vegaviesga, Pando y Entrerregueras— para adaptarlos a las exigencias europeas de seguridad. También señala que siguen las obras de reparación del argayo en el punto kilométrico 75,700.

La concesionaria atribuye una parte importante de las afecciones a trabajos ejecutados por el Ministerio de Transportes. Esa circunstancia será relevante para determinar qué responsabilidad corresponde a Aucalsa como gestora de la autopista y cuál recae sobre la Administración estatal como titular y concedente.

El Principado ya exigió rebajar o suspender el cobro

El Ejecutivo asturiano había reclamado previamente al Ministerio y a la concesionaria medidas inmediatas para recuperar unas condiciones aceptables de circulación.

Entre sus peticiones figuraban la revisión del régimen tarifario en función del servicio realmente prestado, una mejor planificación de las obras, información técnica sobre los calendarios y una evaluación cuantificada del impacto de las restricciones sobre los tiempos de viaje y la capacidad de la vía.

El Gobierno autonómico considera que la acumulación de desvíos, reducciones de carril y limitaciones de velocidad ha generado una degradación estructural del corredor, incompatible con las prestaciones que los ciudadanos esperan de una autopista de pago.

¿Puede Consumo obligar a devolver el peaje?

Esta será una de las principales cuestiones que deberá despejar la comparecencia.

Una sanción administrativa a la concesionaria no implica necesariamente que los usuarios reciban automáticamente una devolución. La multa castigaría, en su caso, una infracción de consumo, mientras que la restitución de cantidades puede exigir otro procedimiento, una resolución específica o una reclamación individual o colectiva.

Existe un precedente reciente en Galicia. La Audiencia Provincial de A Coruña condenó a Audasa a devolver parcialmente peajes cobrados en la AP-9 durante las obras del puente de Rande, pero limitó la devolución a los días en los que se acreditara que los trabajos habían afectado a la fluidez del tráfico y que los usuarios no habían recibido información suficiente. El fallo, además, podía ser recurrido ante el Tribunal Supremo.

Por tanto, ese caso aporta argumentos a los afectados por el Huerna, pero no garantiza por sí solo una devolución generalizada en la AP-66.

Otro frente: la prórroga del peaje hasta 2050

El expediente de Consumo es independiente del conflicto por la prórroga de la concesión de la autopista hasta 2050.

El Gobierno asturiano decidió acudir al Tribunal Supremo después de que el Ministerio de Transportes rechazara revisar la ampliación concedida en el año 2000 sin un nuevo concurso. El Principado sostiene que la prórroga vulneró la normativa europea y reclama que se examine el fondo de la cuestión.

De esta forma, Aucalsa afronta varios frentes distintos: el expediente autonómico por las condiciones del servicio y el cobro del peaje, las reclamaciones de los consumidores, las diligencias judiciales y la batalla institucional sobre la propia duración de la concesión.

Las cinco claves que debe aclarar el Gobierno

La decisión que se anuncie al mediodía deberá responder, al menos, a cinco preguntas:

¿Ha detectado Consumo una infracción sancionable?

¿Qué responsabilidad atribuye directamente a Aucalsa?

¿Se exige reducir o suspender temporalmente el peaje?

¿Se contempla alguna devolución o compensación para los usuarios?

¿Desde qué fecha tendría efectos la medida adoptada?

Hasta conocer esas respuestas, cualquier anuncio sobre la supresión del peaje, la devolución del dinero o la cuantía de una posible multa sería prematuro.