La salida en camilla de una mujer de 87 años de la casa donde vivió siete décadas ha conmocionado a España. Asturias desalojó el año pasado a 603 personas o inmuebles y hace solo tres meses tuvo su propio caso límite: Argentina, de 88 años, estuvo a horas de perder su vivienda en Grado

La imagen recorrió ayer España.

Una mujer de 87 años, en una camilla, abandonando la vivienda madrileña en la que había vivido prácticamente toda su vida.

Pero la pregunta que interesa en Asturias no es solamente qué ocurrió en Madrid.

Es otra:

¿podría suceder aquí?

La respuesta es que los desahucios continúan existiendo en Asturias y que, aunque hay mecanismos legales y sociales para tratar de detener los casos de especial vulnerabilidad, no existe una garantía absoluta de que una persona vulnerable no pueda acabar perdiendo su vivienda privada.

Asturias ejecutó 603 lanzamientos en un solo año

El último balance anual completo del Consejo General del Poder Judicial deja una cifra que pone dimensión al problema.

Durante 2025 se practicaron en Asturias 603 lanzamientos judiciales, un 14,3 % menos que el año anterior. 

Conviene hacer una precisión importante: el concepto estadístico de lanzamiento no equivale siempre a una familia expulsada de su vivienda habitual. Puede afectar a otro tipo de inmuebles y situaciones.

Pero el desglose revela dónde está hoy el gran problema asturiano.

De los 603 lanzamientos:

• 467 se produjeron por impago del alquiler.
• 95 tuvieron su origen en ejecuciones hipotecarias.
• 41 respondieron a otras causas. 

Eso significa que más de tres de cada cuatro lanzamientos practicados en Asturias están vinculados al alquiler.

Y ahí está probablemente la conexión más clara entre lo ocurrido en Madrid y la realidad asturiana.

El problema del desahucio ya no gira principalmente alrededor de la hipoteca, como sucedió durante la crisis financiera.

Hoy el gran frente está en el alquiler.

Asturias ya vivió este verano un caso casi idéntico

El paralelismo con Maricarmen tiene nombre propio.

Argentina.

Tiene 88 años.

Vive en Berció, en el concejo de Grado.

El pasado 10 de junio estaba previsto que fuera desalojada de la vivienda en la que llevaba aproximadamente cuatro décadas.

Según la información publicada entonces, padecía demencia, graves problemas cardíacos, necesitaba atención permanente y presentaba un elevado grado de dependencia. 

Su caso tenía además una circunstancia especialmente delicada: la vivienda había terminado judicialmente en manos de su exmarido, que había promovido el procedimiento de desahucio.

Decenas de vecinos se concentraron aquella mañana frente a la casa.

Finalmente, los servicios sociales del Ayuntamiento de Grado, en coordinación con la abogada de Argentina, lograron que el lanzamiento quedara aplazado durante diez días mientras se buscaba una alternativa. 

La familia defendía que su deseo era permanecer en la vivienda durante sus últimos años.

La historia pasó después prácticamente al segundo plano informativo.

Pero demuestra algo importante:

Asturias ya se ha encontrado ante el dilema de desalojar de su vivienda a una persona de casi 90 años y extremadamente vulnerable.

Entonces, ¿qué evita hoy un caso como el de Madrid?

Existe una protección extraordinaria estatal.

El Gobierno prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2026 determinados mecanismos que permiten suspender desahucios y lanzamientos cuando existen personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional. 

Pero no es una moratoria automática ni universal.

La persona afectada tiene que acreditar su vulnerabilidad y el juez debe valorar las circunstancias.

Además, la reforma introducida en 2026 establece una limitación relevante: determinadas suspensiones no se aplican cuando el arrendador es propietario de dos viviendas o menos, una modificación destinada a evitar trasladar una situación de vulnerabilidad al pequeño propietario. 

Por tanto, afirmar simplemente que «los vulnerables no pueden ser desahuciados» sería incorrecto.

Hay protección.

Pero tiene condiciones, procedimientos y excepciones.

En una vivienda pública asturiana la situación cambia

Aquí sí existe un compromiso político mucho más categórico.

El Gobierno del Principado aseguró este año que no se producirán desahucios del parque público asturiano por impagos derivados de dificultades económicas involuntarias.

La Consejería de Vivienda lo expresó explícitamente en marzo, después de varias denuncias sobre posibles lanzamientos: nadie será expulsado de una vivienda pública por motivos estrictamente económicos, según el compromiso anunciado por el Ejecutivo autonómico. 

El problema aparece fundamentalmente cuando hablamos de viviendas privadas.

El propio Gobierno asturiano lo reconoció después de un desahucio registrado este año en Las Campas, Oviedo: cuando el inmueble pertenece a un propietario privado, la capacidad de intervención directa del Principado es mucho menor. 

¿Qué ocurre cuando alguien está a punto de quedarse sin casa?

En Asturias existen varias puertas de emergencia.

Los servicios sociales municipales son normalmente el primer escalón.

Desde allí puede iniciarse el procedimiento para solicitar una vivienda pública por emergencia social, dirigido precisamente a personas que se encuentran privadas de vivienda por circunstancias personales, sociales o económicas. 

Existe también la posibilidad de una adjudicación temporal de vivienda por razones de urgencia, con contratos que pueden alcanzar un año y excepcionalmente prorrogarse otro. 

Además, el Principado mantiene ayudas específicas para personas:

• en proceso de desahucio,
• sin hogar,
• especialmente vulnerables,
• o que han sufrido una situación económica sobrevenida que les impide pagar el alquiler. 

Los ayuntamientos disponen asimismo de ayudas de emergencia destinadas al alquiler, alojamiento e incluso gastos derivados de determinados procesos de desahucio. 

El sistema existe.

La cuestión decisiva es si consigue intervenir antes de que llegue el cerrajero.

Hay otro dato que explica por qué el problema puede crecer

Asturias ha empezado este año a reconocer oficialmente varias zonas donde considera que el mercado del alquiler está sometido a una presión especial.

En 2026 se declararon zonas de mercado residencial tensionado:

La Arena y Cimadevilla, en Gijón; La Magdalena, en Avilés; Luanco, y los núcleos de Nueva, Poo, Barro y Celorio, en Llanes.

No significa que todo Asturias atraviese la misma situación.

Pero sí supone el reconocimiento administrativo de que en determinadas zonas el coste de acceder o permanecer en una vivienda se ha convertido en un problema suficientemente grave como para aplicar medidas especiales.

Y eso enlaza directamente con los desahucios.

Porque actualmente en Asturias el grueso de los lanzamientos ya no procede de ejecuciones hipotecarias.

Procede del alquiler.

467 desahucios ligados al alquiler

Ese sería para mí el dato que debería presidir la bajada asturiana.

No necesitamos importar artificialmente el caso madrileño.

Tenemos cifras propias.

En 2025 hubo 467 lanzamientos derivados de impagos de alquiler en Asturias.

Eso equivale, en términos puramente estadísticos, a casi nueve procedimientos por semana.

Y aunque el número total de desahucios está bajando —algo que también debe contarse— siguen siendo cientos de casos cada año. 

La disminución es una buena noticia.

La existencia de 603 lanzamientos demuestra que el problema no ha desaparecido.

Madrid puso ayer un rostro a las estadísticas

Eso es precisamente lo que ha ocurrido con Maricarmen.

Hasta ayer era posible hablar de alquileres, grandes propietarios, vulnerabilidad, moratorias y lanzamientos como conceptos abstractos.

Después apareció una mujer de 87 años saliendo en una camilla.

Y detrás de la fotografía surgió una pregunta mucho más sencilla:

¿qué hacemos como sociedad cuando una persona muy mayor y vulnerable pierde la casa en la que ha vivido durante décadas?

Asturias tampoco tiene resuelta definitivamente esa pregunta.

Porque aquí ya hemos visto a Argentina, de 88 años, esperando saber si podría seguir viviendo en su casa de Grado.

Y porque detrás de las cifras judiciales siguen apareciendo centenares de lanzamientos cada año.

El caso de Madrid ocurrió a casi 500 kilómetros.

El problema está bastante más cerca.