Los vecinos aseguran que Vipasa les está comunicando de forma escalonada que superan los límites de ingresos exigidos para continuar en sus pisos. El caso abre una incómoda paradoja: familias que han mejorado económicamente lo suficiente para dejar de cumplir determinados requisitos de la vivienda pública, pero que sostienen que no ganan lo suficiente para afrontar con seguridad el mercado libre

Trabajar más. Conseguir un empleo mejor. Ver subir el sueldo. Que dos personas de la familia empiecen a ingresar dinero.

Normalmente serían buenas noticias.

Para siete familias de una misma calle de La Corredoria, en Oviedo, pueden convertirse ahora en el principio de otro problema: tener que abandonar la vivienda pública en la que viven.

Los afectados aseguran que han recibido, o están pendientes de recibir, comunicaciones de Vipasa, la empresa pública que gestiona el parque de viviendas del Principado, relacionadas con la superación de los límites de ingresos establecidos para ocupar esos pisos.

No estamos hablando, al menos por ahora, de siete desahucios inminentes.

Pero sí de siete hogares que se enfrentan a la posibilidad real de tener que dejar sus viviendas si los respectivos expedientes concluyen que ya no cumplen las condiciones económicas exigidas.

Y la situación plantea una pregunta especialmente delicada en plena crisis de la vivienda:

¿Qué ocurre cuando una familia gana demasiado para una vivienda pública, pero no lo suficiente para vivir con tranquilidad en el mercado libre?

Siete familias, una misma calle

El problema ha aflorado en La Corredoria, uno de los barrios de Oviedo donde existe un importante parque residencial público.

Las familias afectadas mantuvieron este lunes una reunión para poner en común sus situaciones y comprobaron que no se trataba de un caso aislado.

Las comunicaciones, según relatan los propios vecinos, no han llegado simultáneamente.

Unas familias ya conocen la decisión que les afecta. Otras permanecen pendientes de recibir documentación similar.

De ahí su inquietud: no saben todavía hasta dónde puede llegar la revisión ni cuántos hogares podrían encontrarse finalmente en la misma situación.

La paradoja de mejorar económicamente

La vivienda pública en alquiler tiene una finalidad muy concreta: proporcionar alojamiento a personas y familias que cumplen determinados requisitos económicos y sociales.

Por eso existen límites de renta.

La lógica administrativa es sencilla: el parque público es limitado y las viviendas deben destinarse prioritariamente a quienes no pueden acceder en condiciones normales al mercado residencial.

El problema aparece cuando esa teoría aterriza sobre una familia real.

Una mejora salarial puede hacer que una unidad de convivencia rebase el umbral establecido administrativamente.

Pero rebasar ese umbral no significa necesariamente disponer de dinero suficiente para comprar una vivienda ni para asumir sin dificultades los precios actuales del alquiler privado.

Ahí está el núcleo del conflicto que plantean estos vecinos.

No cuestionan que existan controles sobre las viviendas públicas. Reclaman que se examine la situación económica real de cada hogar y las posibilidades que tendría de encontrar una alternativa residencial.

Vipasa ya estaba revisando las rentas de La Corredoria

La situación tampoco aparece de la nada.

La gestión de las viviendas públicas de La Corredoria lleva meses bajo atención.

En julio, Vipasa confirmó que estaba realizando una revisión integral de este grupo de viviendas y defendió que la actualización de las rentas tenía como objetivo adaptar lo que paga cada familia a su capacidad económica.

La empresa pública explicó entonces que quienes mantuvieran unos ingresos similares conservarían su renta; aquellos cuyos ingresos hubieran disminuido podrían pagar menos, y quienes hubiesen mejorado económicamente podrían experimentar una actualización. Según Vipasa, la renta de esos alquileres no debe superar el 20% de los ingresos de la unidad familiar, o el 30% cuando se incorporan determinados gastos de comunidad. 

Pero una cosa es subir la renta y otra muy distinta perder el derecho a permanecer en la vivienda.

Y esa es precisamente la frontera que ahora deberá aclararse en los expedientes de estas siete familias.

No existe un único límite para todas las viviendas públicas

Hay además un elemento importante para entender el problema.

No todas las viviendas protegidas ni todos los programas gestionados por la Administración asturiana funcionan bajo exactamente las mismas condiciones.

Los límites pueden depender del régimen con el que se adjudicó la vivienda, de la normativa aplicable, de cuándo se produjo la adjudicación y de las características de la unidad de convivencia.

Existen programas recientes en los que los ingresos máximos se sitúan, por ejemplo, en cinco veces el IPREM, mientras que otros utilizan umbrales diferentes. El programa Alquilámoste, que afecta a viviendas privadas incorporadas a un sistema de alquiler gestionado por Vipasa y no debe confundirse automáticamente con estos pisos de La Corredoria, establece actualmente una horquilla propia de ingresos. 

Por eso sería precipitado trasladar una cifra general a las siete familias sin conocer qué régimen concreto corresponde a cada vivienda y qué norma invoca Vipasa en cada comunicación.

Ese documento es ahora la pieza decisiva.

Las preguntas que Vipasa tendrá que aclarar

El caso no se resuelve únicamente diciendo que determinadas familias han superado un límite.

Hay varias cuestiones esenciales.

¿Cuál es exactamente ese límite en cada expediente?

¿Qué ejercicio fiscal se ha utilizado para calcular los ingresos?

¿Qué personas de la unidad familiar computan?

¿Se está teniendo en cuenta una mejora estable de ingresos o una situación puntual?

¿Qué plazo tienen los afectados para formular alegaciones?

¿Pueden recurrir?

¿La consecuencia inmediata es la extinción del alquiler o existe antes algún procedimiento de revisión?

¿Y qué ocurre si, después de dejar la vivienda pública, los ingresos familiares no permiten asumir los precios del mercado libre?

La respuesta a estas cuestiones determinará si estamos ante siete casos administrativos relativamente sencillos o ante un problema que puede extenderse a otras familias del parque público asturiano.

Un barrio que ya había llegado a la Junta General

La situación de las viviendas públicas de la calle Jardín de La Corredoria ya había provocado durante este verano iniciativas en la Junta General del Principado.

Diputados del PP solicitaron información sobre las rentas abonadas por los inquilinos, los requerimientos de documentación realizados a los residentes y las actuaciones de mantenimiento en los edificios, además de pedir la comparecencia del consejero de Vivienda para explicar la situación del grupo residencial. 

El Gobierno asturiano respondió entonces defendiendo la actuación de Vipasa y señalando que la revisión de rentas obedecía a un criterio de justicia social y no a un objetivo recaudatorio. 

Ahora el debate entra en una fase diferente.

Ya no se trata solamente de cuánto paga una familia.

Se trata de si puede continuar viviendo allí.

Ni desahuciadas ni fuera de casa todavía

Hay una precisión especialmente importante.

Hablar ahora de siete familias «expulsadas» sería adelantarse a los acontecimientos.

Los afectados se encuentran en diferentes fases y será necesario conocer el contenido exacto de las comunicaciones, los plazos administrativos y las posibilidades de recurso.

No consta que las siete familias tengan que abandonar inmediatamente sus pisos.

Pero tampoco puede restarse importancia a lo que denuncian.

Para una familia, recibir una comunicación que cuestiona su continuidad en la casa donde vive no es un trámite menor.

Es empezar a preguntarse dónde vivirá después.

Cuando ganar más puede dejarte en tierra de nadie

El caso de La Corredoria pone encima de la mesa uno de los dilemas más difíciles de cualquier parque público de vivienda.

Si una familia mejora sustancialmente su situación económica, mantener indefinidamente una vivienda subvencionada puede impedir que otra familia con menos recursos acceda a ella.

Pero existe también el escenario contrario.

Que una persona atraviese el límite administrativo sin haber alcanzado todavía una estabilidad económica suficiente para competir con los alquileres del mercado privado.

Entre esos dos extremos aparece una franja complicada.

Personas que ya no son consideradas suficientemente vulnerables para seguir en determinadas viviendas públicas, pero que tampoco se sienten suficientemente solventes para encontrar otra casa.

Y siete familias de La Corredoria aseguran encontrarse ahora precisamente ahí.

A medio camino entre haber mejorado sus ingresos y tener miedo de que esa mejora les cueste su hogar.