La mujer de 87 años desahuciada del piso en el que llevaba siete décadas podrá regresar cuando reciba el alta si ratifica el acuerdo alcanzado con la propiedad. Mientras ella recupera las llaves, su caso ha provocado una acampada en el corazón de Madrid y ha obligado a acelerar una reforma de vivienda que el Gobierno pretende llevar al Consejo de Ministros y que después tendrá que superar la prueba del Congreso
Hace apenas seis días, Mari Carmen Abascal salió de su casa en una camilla.
Ahora puede empezar a escribirse la escena exactamente contraria: la de su regreso.
Tiene 87 años. Había vivido durante más de siete décadas en el mismo piso de la calle Alcalde Sáinz de Baranda, en el distrito madrileño de Retiro. El pasado 23 de septiembre, una comisión judicial ejecutó definitivamente su desahucio. Sanitarios del Samur tuvieron que sacarla del edificio en camilla y trasladarla al Hospital Gregorio Marañón mientras, detrás del cordón policial, decenas de personas gritaban su nombre.
Cinco días después, tras una negociación de más de cuatro horas, los representantes de Mari Carmen y la empresa inmobiliaria propietaria del piso, Urbagestión, alcanzaron un acuerdo que permitirá que la mujer vuelva a la vivienda cuando reciba el alta hospitalaria.
No es todavía una vuelta física a casa. Mari Carmen continúa ingresada y debe ratificar personalmente el acuerdo, pero sus representantes consideran satisfactorio el pacto.
El acuerdo contempla un nuevo contrato de alquiler de ocho años, conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos, con una renta que no podrá superar el 30% de sus ingresos netos. La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid ha participado como mediadora.
Es difícil encontrar una imagen que resuma mejor lo ocurrido durante esta semana: una mujer que perdió su casa ha terminado convirtiéndose en el nombre de una batalla política sobre la vivienda en España.
Una casa desde 1956
Mari Carmen llegó a aquel piso con su familia en 1956.
El contrato de renta antigua lo había firmado su padre. Después se subrogó a su madre y posteriormente a ella. Durante años pagó alrededor de 500 euros mensuales.
El conflicto comenzó después de que la vivienda pasara a manos de Urbagestión en 2018 y la empresa reclamara la extinción del antiguo contrato y la firma de un nuevo alquiler en condiciones económicas muy diferentes.
El pleito se prolongó durante años y llegó hasta el Tribunal Supremo.
La discusión jurídica giraba alrededor del número de subrogaciones permitido en los antiguos contratos de alquiler y de las excepciones existentes para determinados supuestos de discapacidad.
Finalmente, los tribunales avalaron la extinción del contrato.
Y ahí aparece uno de los elementos que convirtió el caso en un símbolo.
Mari Carmen no había dejado de pagar su alquiler.
Su desahucio no se produjo por una acumulación de mensualidades impagadas, sino por la extinción judicial de aquel contrato histórico y por la imposibilidad de continuar en la vivienda bajo las nuevas condiciones.
La legislación vigente tampoco impedía automáticamente el lanzamiento. Aunque existen procedimientos especiales y protecciones adicionales para determinadas personas vulnerables, la normativa no establece una prohibición general de todos los desahucios ni garantiza en cualquier circunstancia que la persona afectada pueda permanecer en la misma vivienda.
Y el miércoles la maquinaria judicial siguió adelante.
La camilla que cambió el debate
Hasta entonces, el caso de Mari Carmen llevaba meses movilizando a vecinos y organizaciones vinculadas al derecho a la vivienda.
Pero hubo un antes y un después de aquella camilla.
Las imágenes de una mujer de 87 años abandonando el que había sido su hogar durante prácticamente toda su vida provocaron una reacción que desbordó su propio caso.
Las protestas crecieron y durante el fin de semana la movilización convocada en Madrid terminó convirtiéndose en una acampada en la Puerta del Sol.
Tiendas de campaña, sacos de dormir y centenares de personas ocuparon el Kilómetro Cero para reclamar medidas frente a los desahucios y al encarecimiento de los alquileres.
La protesta colocó la vivienda nuevamente en el centro del debate político nacional.
Desde la habitación del hospital, Mari Carmen conoció lo que estaba ocurriendo en Sol y envió un mensaje a quienes participaban en las movilizaciones:
«Luchad, defended lo que es vuestro».
Su historia había dejado de pertenecer exclusivamente a una octogenaria del barrio madrileño de Retiro.
El llamado “decreto Mari Carmen”
El nombre de Mari Carmen ha terminado incluso entrando en el lenguaje de la negociación política.
Los colectivos movilizados han comenzado a referirse como “decreto Mari Carmen” al paquete de medidas sobre vivienda que el Gobierno venía negociando y cuya tramitación se ha acelerado tras el impacto generado por el desahucio.
El Ejecutivo ha trabajado durante los últimos días para intentar llevar nuevas medidas al Consejo de Ministros.
El objetivo es reforzar la protección de determinados inquilinos, especialmente en situaciones de vulnerabilidad, y modificar algunos aspectos de la regulación del alquiler.
Entre las propuestas que han formado parte de las negociaciones aparecen nuevas prórrogas de los contratos, medidas adicionales ante desahucios de personas vulnerables, una mayor regulación de los alquileres de temporada, incentivos fiscales para propietarios que congelen o reduzcan las rentas y mecanismos destinados a intervenir sobre determinadas operaciones inmobiliarias.
No existe, sin embargo, unanimidad sobre el contenido que debe tener la reforma.
Los sindicatos de inquilinos y las organizaciones que mantienen las protestas reclaman medidas más ambiciosas: renovaciones automáticas de contratos, mayor estabilidad para los arrendatarios, regulación del alquiler de habitaciones, limitaciones a las subidas de precios y la prohibición de ejecutar desahucios de personas vulnerables cuando no exista una alternativa residencial.
Los diferentes partidos también mantienen posiciones distintas sobre cómo afrontar el problema.
Las formaciones situadas a la izquierda del Gobierno reclaman ampliar las protecciones a los inquilinos, mientras otros grupos plantean condiciones diferentes relacionadas con la fiscalidad, las competencias autonómicas o la intervención sobre grandes operadores inmobiliarios.
Desde el Partido Popular se defiende especialmente el aumento de la oferta de vivienda, tanto pública como privada, como una de las principales herramientas para reducir la presión sobre los precios.
El debate está abierto.
Y Mari Carmen se ha convertido involuntariamente en su rostro.
El Consejo de Ministros no es el final
La aprobación de cualquier real decreto-ley por parte del Consejo de Ministros tampoco cerraría el proceso.
La Constitución establece que este tipo de normas deben ser sometidas posteriormente al Congreso de los Diputados.
La Cámara dispone de treinta días para decidir si convalida o deroga el decreto.
Eso significa que cualquier modificación relevante sobre alquileres o protección ante los desahucios tendrá que enfrentarse después a la aritmética parlamentaria.
El Gobierno deberá reunir los votos suficientes para mantener la norma en vigor.
Por eso la batalla política no termina alrededor de la mesa del Consejo de Ministros.
Simplemente cambia de escenario.
Del Gobierno pasará al Congreso.
Mari Carmen recupera su casa; la crisis continúa
Mientras los partidos negocian artículos, prórrogas y mayorías parlamentarias, la historia que desencadenó toda esta tormenta empieza a acercarse a un desenlace que hace apenas unos días parecía imposible.
Después del desahucio comenzaron las conversaciones para encontrar una fórmula que permitiera a Mari Carmen regresar al piso.
La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo se ofreció a mediar entre las partes.
Finalmente se sentaron alrededor de una mesa representantes de la propiedad, la abogada de Mari Carmen, sus representantes y miembros del Sindicato de Inquilinas.
Más de cuatro horas después hubo acuerdo.
Ocho años de contrato. Una renta limitada al 30% de sus ingresos. Y la posibilidad de regresar al piso del que había salido en camilla cinco días antes.
El caso individual parece dirigirse hacia su desenlace.
El problema colectivo, no.
Porque las protestas por la vivienda continúan y porque el caso de Mari Carmen ha colocado sobre la mesa una pregunta que afecta a miles de personas:
¿qué protección debe tener alguien que ha cumplido durante décadas con su alquiler cuando termina su contrato y el precio de permanecer en su propia casa deja de estar a su alcance?
Mari Carmen quizá vuelva muy pronto a cruzar la puerta que atravesó por primera vez siendo casi una adolescente.
Pero esta vez regresará después de haber provocado, sin proponérselo, algo mucho mayor.
Que durante varios días toda España haya discutido sobre quién puede permitirse seguir viviendo en su casa y qué debe hacer la ley cuando ya no puede hacerlo.
