Abogados asturianos han presentado argumentos apoyados en resoluciones judiciales que en realidad no existen. El Colegio de la Abogacía de Oviedo reconoce que ya se están detectando casos y advierte de que lo que hoy puede acabar en una reprimenda del juez también puede terminar en multa
Imagine esta escena.
Un abogado presenta ante un tribunal un escrito perfectamente redactado. Cita una sentencia del Tribunal Supremo, incluye número de resolución, fecha y hasta una supuesta doctrina jurídica que parece encajar como un guante en su argumento.
Hay un pequeño problema.
La sentencia no existe.
No ha sido dictada nunca. No está en ninguna base de datos. No hay magistrados, sala ni procedimiento detrás de ella.
La ha inventado una inteligencia artificial.
Y esto ya está ocurriendo en Asturias.
El Colegio de la Abogacía de Oviedo reconoce que profesionales están basando estrategias jurídicas en resoluciones facilitadas por herramientas de IA que después resultan ser falsas. Por ahora, según la información conocida, los jueces asturianos han respondido fundamentalmente con advertencias, pero la utilización de jurisprudencia inexistente puede tener consecuencias mucho más serias.
La revolución de la inteligencia artificial acaba de entrar en los tribunales asturianos. Y lo está haciendo con una paradoja inquietante: una herramienta capaz de analizar miles de páginas en segundos también puede fabricar con enorme seguridad algo que nunca ocurrió.
El problema no es que la IA se equivoque. Es que puede hacerlo de forma muy convincente
Los grandes modelos de inteligencia artificial no funcionan como una base de datos jurídica que recupera necesariamente un documento existente.
Generan texto calculando qué respuesta resulta más probable a partir de enormes cantidades de información.
La mayoría de las veces el resultado puede ser correcto o útil.
Pero otras veces el sistema rellena los huecos.
Inventa.
En el lenguaje de la inteligencia artificial ese fenómeno se conoce habitualmente como «alucinación».
Y en Derecho puede ser especialmente peligroso.
Una herramienta puede producir una referencia con apariencia absolutamente profesional:
Tribunal Supremo. Sala Segunda. Sentencia 742/2024, de 18 de septiembre.
Puede añadir después un razonamiento jurídico impecablemente redactado.
Todo parece real.
Hasta que alguien busca la sentencia.
Y descubre que jamás existió.
Ocho sentencias inventadas en un solo recurso
Asturias no es un caso aislado.
En marzo de este mismo año, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra tuvo que pronunciarse sobre un episodio especialmente revelador.
Una abogada había incluido en un recurso ocho citas de sentencias inexistentes, supuestamente procedentes del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y de varios tribunales superiores de justicia. El tribunal llegó a abrir un procedimiento para valorar una posible sanción por mala fe procesal. Finalmente lo archivó después de que la letrada pidiera disculpas, negara intención fraudulenta y atribuyera lo ocurrido a una falta de revisión.
Meses antes, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias había detectado algo muy parecido.
En un recurso aparecían al menos siete resoluciones judiciales y un informe del Consejo General del Poder Judicial que no podían localizarse en ninguna base de datos oficial. El propio tribunal señaló la posibilidad de que hubieran sido incorporados después de que un algoritmo los sugiriera sin comprobar posteriormente su existencia.
Lo que hace apenas unos años parecía una anécdota tecnológica se está convirtiendo en un problema procesal perfectamente real.
Y Asturias ya está dentro de esa historia.
«Lo dijo ChatGPT» no sirve como defensa
Aquí está probablemente la parte más importante.
La responsabilidad continúa siendo del abogado.
Que una sentencia falsa haya sido proporcionada por ChatGPT, Gemini, Claude o cualquier otra herramienta no traslada la responsabilidad al programa.
El Consejo General de la Abogacía Española ha advertido expresamente este año de que los errores producidos por inteligencia artificial pueden generar responsabilidad profesional cuando no existe una verificación adecuada.
La IA puede utilizarse como apoyo, pero no sustituye al profesional que firma el escrito.
Dicho de una manera mucho más sencilla:
la inteligencia artificial puede escribir el párrafo, pero quien lo presenta ante el juez pone su nombre debajo.
Y eso cambia completamente las cosas.
Una sentencia falsa puede desmontar un recurso entero
Citar jurisprudencia inexistente no es simplemente cometer una errata.
Una sentencia se utiliza precisamente para demostrar que un tribunal ya ha interpretado una norma de una determinada manera.
Puede convertirse en una de las piezas centrales de una demanda, de una defensa o de un recurso.
Si esa pieza resulta inventada, no solamente desaparece el argumento que pretendía sostener.
También puede quedar comprometida la credibilidad del escrito completo.
El juez tiene además que dedicar tiempo a comprobar una resolución que nunca existió y la parte contraria puede denunciar la irregularidad.
Y si el tribunal aprecia mala fe procesal, las consecuencias pueden superar ampliamente un simple tirón de orejas.
El propio Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha advertido de que el empleo fraudulento o descuidado de estas herramientas puede llegar a ser sancionable económicamente.
Los jueces también tienen límites muy claros
La inteligencia artificial no está prohibida en la Justicia española.
Al contrario.
El Consejo General del Poder Judicial aprobó en enero una regulación específica para su utilización por jueces y magistrados.
Puede emplearse para buscar información jurídica, localizar jurisprudencia, analizar documentación o preparar esquemas y borradores.
Pero la regla fundamental es inequívoca:
la IA solo puede ser una herramienta de apoyo.
La decisión y la responsabilidad deben seguir siendo humanas.
Cuando se utilizan borradores generados mediante inteligencia artificial, el juez debe realizar una revisión y validación personal, completa y crítica y continúa siendo exclusivamente responsable de la resolución que firma.
Es decir, exactamente el mismo principio que comienza a imponerse entre los abogados.
La máquina ayuda.
La persona responde.
Y el siguiente problema puede ser aún mayor: las pruebas falsas
Las sentencias inventadas son solamente una parte del desafío.
Desde el ámbito judicial asturiano ya se señala otro problema todavía más complejo: saber si fotografías, vídeos, grabaciones, documentos o conversaciones presentadas en un procedimiento han sido manipulados mediante inteligencia artificial.
Hasta hace relativamente poco, una grabación podía discutirse por su contexto o por su autenticidad.
Ahora puede existir otra pregunta previa:
¿ocurrió realmente lo que estamos viendo?
La generación de voces sintéticas, vídeos falsos, fotografías artificiales y documentos manipulados obliga a jueces, fiscales, abogados y peritos a enfrentarse a una nueva categoría de pruebas potencialmente falsas.
Y esa batalla acaba de empezar.
La paradoja: la misma tecnología que crea el problema puede acelerar enormemente la Justicia
Sería un error, sin embargo, presentar la inteligencia artificial únicamente como una amenaza.
Los responsables de la transformación digital de la Justicia consideran que puede convertirse en una herramienta extraordinariamente potente para reducir tareas repetitivas, ordenar expedientes gigantescos, buscar jurisprudencia o analizar documentación.
En el encuentro celebrado esta semana en Asturias incluso se ha apuntado a la posibilidad de reducir de manera muy significativa los tiempos de determinados procedimientos, y desde el Ministerio de Justicia se considera que el sistema judicial asturiano parte de una buena posición para incorporar estas tecnologías.
Ahí está precisamente el gran dilema.
La IA puede ahorrar horas de trabajo.
Puede encontrar una sentencia escondida entre miles.
Puede resumir cientos de páginas.
Puede ayudar a preparar una estrategia jurídica.
Pero todavía existe una regla que ningún abogado debería olvidar:
si una inteligencia artificial dice que una sentencia existe, hay que comprobarla.
Porque en los juzgados asturianos ya están descubriendo algo que sirve mucho más allá del Derecho:
una inteligencia artificial puede sonar completamente segura y estar completamente equivocada.
