Adafa exige que Asturias y el Gobierno central reconsideren la exclusión de lecanemab y donanemab de la financiación pública. Son los primeros medicamentos capaces de frenar modestamente la progresión de la enfermedad, pero solo sirven en fases iniciales, requieren infusiones hospitalarias y pueden provocar inflamaciones y hemorragias cerebrales

Por primera vez en más de dos décadas, miles de familias asturianas contemplan la posibilidad de tratar el alzhéimer con medicamentos que no se limitan a aliviar algunos síntomas, sino que actúan sobre uno de los procesos biológicos relacionados con la enfermedad y consiguen retrasar parcialmente su avance.

La esperanza, sin embargo, llega acompañada de una barrera económica casi infranqueable.

La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos decidió el pasado 15 de julio no incorporar por ahora al Sistema Nacional de Salud lecanemab y donanemab, comercializados como Leqembi y Kisunla. La resolución deja su utilización circunscrita, en la práctica, al ámbito privado y abre una brecha evidente: los pacientes con recursos podrán intentar ganar tiempo frente a la enfermedad; los demás tendrán que esperar a que las administraciones y los laboratorios alcancen un acuerdo.

Adafa Alzheimer Asturias considera que esta situación supone «un abandono» de los enfermos y reclama tanto al Principado como al Gobierno de España que ejerzan toda la presión posible para reabrir la negociación y garantizar un acceso basado en criterios médicos, no en la cuenta bancaria de cada familia.

La Sociedad Española de Neurología comparte esa preocupación. La organización científica sostiene que excluir los tratamientos de la financiación pública genera una barrera económica contraria a los principios de equidad y universalidad del sistema sanitario y ha solicitado expresamente a la comisión de precios que reconsidere su decisión.

Los primeros medicamentos que modifican el curso de la enfermedad

Lecanemab y donanemab no curan el alzhéimer, no recuperan la memoria perdida y tampoco detienen completamente la degeneración cerebral. Su importancia reside en que son los primeros tratamientos que han demostrado ralentizar, aunque de forma moderada, el deterioro cognitivo y funcional en determinados pacientes con la enfermedad en sus etapas iniciales.

Ambos son anticuerpos monoclonales dirigidos contra la proteína beta-amiloide. Esta proteína se acumula formando placas en el cerebro de las personas con alzhéimer y constituye una de las principales características biológicas de la enfermedad. Los medicamentos se unen a esas acumulaciones y favorecen su eliminación.

Hasta ahora, los tratamientos disponibles se limitaban fundamentalmente a fármacos como donepezilo, rivastigmina, galantamina o memantina, capaces de mejorar temporalmente algunos síntomas o retrasar ligeramente su evolución en ciertos pacientes, pero sin modificar de forma sustancial el proceso patológico.

«El panorama terapéutico ha sido muy pobre durante veinte años», explica Manuel Menéndez González, neurólogo del Hospital Universitario Central de Asturias, profesor de la Universidad de Oviedo e investigador del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado.

La aparición de las inmunoterapias antiamiloide supone, en ese sentido, un cambio de época. No porque hayan resuelto el alzhéimer, sino porque abren por primera vez una vía farmacológica capaz de interferir en su progresión.

¿Cuánto retrasan realmente el alzhéimer?

El principal ensayo de lecanemab incluyó a 1.795 personas con alzhéimer temprano y placas amiloides confirmadas. Al cabo de 18 meses, los pacientes tratados presentaron un deterioro menor que quienes recibieron placebo.

En el grupo autorizado posteriormente en Europa —personas sin ninguna copia o con una sola copia del gen ApoE4— la puntuación en la escala clínica CDR-SB empeoró 1,22 puntos entre quienes recibieron lecanemab, frente a 1,76 puntos en el grupo placebo. La diferencia equivale a una reducción relativa cercana al 30% en el ritmo de deterioro medido por esa escala, pero no significa que el paciente mejore un 30% ni que conserve intactas sus capacidades.

El ensayo principal de donanemab reunió a 1.736 participantes con deterioro cognitivo leve o demencia leve y presencia confirmada de amiloide y tau. El medicamento también ralentizó el deterioro cognitivo y funcional durante los 18 meses de seguimiento, con un beneficio mayor entre quienes comenzaron el tratamiento en las fases menos avanzadas.

La conclusión es esperanzadora, pero debe expresarse con precisión: los pacientes continúan empeorando, aunque lo hacen más despacio.

El tiempo ganado puede traducirse en más meses conservando autonomía para gestionar las finanzas, desplazarse, mantener conversaciones, reconocer entornos o participar en actividades familiares. Sin embargo, la magnitud del beneficio varía entre pacientes y sigue existiendo debate científico sobre hasta qué punto la diferencia observada resulta clínicamente perceptible en la vida cotidiana.

No sirven para todos los enfermos

Uno de los principales límites de estos tratamientos es que únicamente están indicados en personas con deterioro cognitivo leve o demencia leve causada por alzhéimer. Cuando la enfermedad se encuentra en una fase moderada o avanzada, ya no forman parte de la indicación autorizada.

Tampoco basta con presentar problemas de memoria. Antes de iniciar el tratamiento debe confirmarse que el paciente tiene acumulación de beta-amiloide mediante una tomografía por emisión de positrones —PET— o a través del análisis de biomarcadores en el líquido cefalorraquídeo. Es previsible que los análisis de sangre, aún en desarrollo asistencial, simplifiquen progresivamente este proceso.

Además, la autorización europea excluye a las personas que poseen dos copias de la variante genética ApoE4, debido a que presentan un riesgo mayor de sufrir complicaciones cerebrales. Lecanemab y donanemab están autorizados en la Unión Europea para pacientes que no portan esa variante o que tienen solamente una copia, siempre con patología amiloide confirmada.

Esta selección implica consultas especializadas, evaluación neuropsicológica, pruebas genéticas, biomarcadores y resonancias magnéticas antes de administrar la primera dosis. No se trata, por tanto, de recetar una pastilla en Atención Primaria y recogerla en la farmacia.

Una infusión cada dos semanas o una vez al mes

Lecanemab se administra por vía intravenosa cada dos semanas. El tratamiento debe iniciarlo y supervisarlo un médico con experiencia en alzhéimer, en un centro con acceso rápido a resonancia magnética y personal preparado para reconocer y tratar posibles reacciones adversas.

La Agencia Europea de Medicamentos establece resonancias antes de comenzar y antes de las dosis quinta, séptima y decimocuarta, además de nuevas exploraciones cuando aparezcan síntomas compatibles con una complicación. La función cognitiva debe revisarse aproximadamente cada seis meses y el tratamiento tiene que suspenderse cuando el paciente evolucione hacia una fase moderada.

Donanemab se administra mediante una infusión intravenosa cada cuatro semanas. Una de sus particularidades es que puede interrumpirse cuando las pruebas muestran que las placas amiloides han sido eliminadas hasta determinados niveles, aunque el seguimiento médico continúa siendo imprescindible. La FDA estadounidense lo autorizó en julio de 2024 para pacientes con deterioro cognitivo leve o demencia leve, la misma población estudiada en los ensayos.

Para Asturias, la incorporación de estos medicamentos obligaría a reforzar las consultas de deterioro cognitivo, las unidades de neurología, los hospitales de día, los servicios de radiología y los circuitos para obtener biomarcadores.

El coste del medicamento sería solo una parte de la factura.

El riesgo de inflamaciones y hemorragias cerebrales

La eliminación del amiloide puede provocar unas alteraciones conocidas como ARIA, siglas inglesas de anomalías radiológicas relacionadas con el amiloide.

Existen dos formas principales. La denominada ARIA-E consiste en edema o acumulación de líquido en el cerebro. La ARIA-H comprende microhemorragias y depósitos de hierro derivados de pequeños sangrados.

Muchas aparecen únicamente en las resonancias y no provocan síntomas. Otras pueden causar dolor de cabeza, mareos, confusión, alteraciones visuales, náuseas, dificultades para caminar o crisis epilépticas. En una minoría de casos pueden producirse hemorragias graves y potencialmente mortales.

En el tratamiento con lecanemab, las reacciones a la infusión, las pequeñas hemorragias cerebrales y el dolor de cabeza figuran entre los efectos adversos más frecuentes. La EMA señala que hasta uno de cada diez pacientes puede presentar edema cerebral detectado mediante resonancia y prohíbe su utilización en personas que toman anticoagulantes o presentan determinados antecedentes hemorrágicos.

Donanemab incorpora igualmente advertencias específicas por edema, microhemorragias y siderosis superficial, por lo que exige vigilancia radiológica y protocolos claros para suspender temporal o definitivamente las dosis.

Estas complicaciones explican que la Agencia Europea de Medicamentos limitase la autorización a los grupos genéticos con menor riesgo y obligase a establecer programas controlados de acceso y registros de seguimiento.

Entre 20.000 y 30.000 euros, antes de sumar las pruebas

Adafa sitúa en torno a 20.000 euros anuales el coste que podría afrontar una familia. Sin embargo, todavía no existe un precio privado español consolidado y públicamente verificable para ambos tratamientos.

Las estimaciones manejadas en las negociaciones elevan el precio oficial anual de donanemab hasta aproximadamente 30.000 euros por paciente, antes de sumar pruebas genéticas, estudios de biomarcadores, resonancias periódicas, infusiones, consultas y atención hospitalaria. El coste asistencial indirecto podría ser tan elevado como el del propio medicamento.

Para una familia, semejante desembolso puede resultar imposible. Para el Sistema Nacional de Salud, tratar a varios miles de personas supone una factura potencial de decenas o cientos de millones de euros.

El doctor Menéndez calcula que en Asturias podría haber «varios miles» de personas susceptibles de ser evaluadas, aunque no todas cumplirían finalmente los requisitos clínicos, genéticos y radiológicos. La ausencia de un registro autonómico preciso dificulta estimar cuántas entrarían realmente en la indicación.

Adafa reclama precisamente que la Consejería de Salud elabore un censo de personas que viven con alzhéimer u otras demencias en Asturias. Ese mapa permitiría conocer cuántos pacientes se encuentran en fases tempranas, dimensionar las unidades asistenciales y calcular el impacto presupuestario real.

El desacuerdo no es solamente médico: también es económico

La negativa a financiar lecanemab y donanemab no significa que Sanidad considere que carecen por completo de eficacia. La disputa gira alrededor de la relación entre el beneficio clínico, los riesgos, el número potencial de pacientes y el precio exigido.

Según la información conocida sobre la reunión de la Comisión Interministerial de Precios, el Gobierno y las comunidades autónomas propusieron incorporar un techo de gasto, una fórmula que limita la cantidad máxima que pagaría el sistema público. Las compañías no aceptaron las condiciones y la negociación terminó sin acuerdo.

Sanidad sostiene que el efecto de los medicamentos es limitado, sus riesgos requieren una infraestructura considerable y ningún país de la Unión Europea los financiaba todavía de manera general en julio de 2026. Alemania, Austria y Luxemburgo habían establecido únicamente programas muy restringidos. El Ministerio afirma, no obstante, que las conversaciones no están cerradas y que mantiene la voluntad de incorporarlos cuando concurran condiciones clínicas y económicas sostenibles.

La experiencia del Reino Unido refleja el mismo dilema. El organismo evaluador NICE concluyó que los beneficios de lecanemab y donanemab eran demasiado pequeños para justificar su coste adicional dentro del sistema público británico.

Por tanto, España no constituye una excepción internacional. Pero esa explicación no resuelve el problema inmediato de las familias que ya saben que existe un tratamiento autorizado y se encuentran excluidas de él por su precio.

Una autorización europea lograda tras un debate difícil

Lecanemab recibió autorización para toda la Unión Europea el 15 de abril de 2025. La decisión llegó después de un proceso extraordinariamente controvertido: la EMA había emitido inicialmente una opinión negativa al considerar que el beneficio observado no compensaba suficientemente el riesgo de inflamaciones y sangrados cerebrales.

Tras una nueva evaluación, el organismo europeo concluyó que el balance resultaba favorable si se excluía a las personas con dos copias de ApoE4 y se implantaban controles estrictos mediante resonancias, programas de acceso y seguimiento.

Donanemab atravesó un camino similar. La EMA recomendó inicialmente rechazarlo en marzo de 2025 debido al riesgo de acontecimientos graves y potencialmente mortales. Después de revisar la documentación, acabó recomendando su autorización para pacientes sin ApoE4 o con una sola copia.

Este recorrido explica por qué las posiciones son tan diferentes. Para pacientes y neurólogos, la aprobación demuestra que existe un beneficio real en una enfermedad devastadora y sin alternativas comparables. Para los evaluadores económicos, la autorización comercial no obliga automáticamente a financiar cualquier medicamento a cualquier precio.

El riesgo de crear dos alzhéimeres

El conflicto tiene una dimensión que va más allá de los porcentajes y los presupuestos.

Un neurólogo de la sanidad pública puede identificar a un paciente que cumple los requisitos, explicarle que existe un medicamento capaz de retrasar parcialmente su deterioro y, acto seguido, comunicarle que solo podrá recibirlo si paga el tratamiento, las pruebas y la asistencia privada.

Para la Sociedad Española de Neurología, esta situación coloca a los profesionales ante un dilema ético y amenaza con dividir a los pacientes entre quienes pueden comprar tiempo y quienes no. La SEN también advierte de que incorporar estas terapias habría servido para modernizar los circuitos diagnósticos públicos y mejorar la atención de todas las personas con deterioro cognitivo, incluso de aquellas que finalmente no recibieran el medicamento.

Adafa expresa la misma inquietud desde la perspectiva de las familias: una enfermedad que ya genera enormes costes emocionales, laborales y asistenciales podría añadir ahora una desigualdad económica brutal.

Ganar tiempo no es curar, pero tampoco es irrelevante

El debate corre el riesgo de caer en dos extremos igualmente engañosos.

Presentar estos fármacos como una cura milagrosa genera falsas esperanzas. No recuperan las neuronas destruidas, no revierten una demencia avanzada y no garantizan una respuesta perceptible en todos los pacientes.

Reducirlos a medicamentos casi inútiles tampoco refleja completamente la evidencia. Son las primeras terapias que han demostrado frenar la progresión biológica y clínica del alzhéimer en ensayos amplios, aunque el beneficio medio sea modesto y venga acompañado de riesgos considerables.

Para una Administración, unos meses adicionales de autonomía deben medirse frente a decenas de miles de euros, recursos hospitalarios y posibles complicaciones. Para una familia, esos mismos meses pueden significar que una madre siga reconociendo a sus hijos, que un marido pueda continuar viviendo en casa o que una persona conserve durante más tiempo la capacidad de decidir sobre su propia vida.

Ahí se encuentra el núcleo del conflicto: cuánto vale el tiempo cuando la memoria empieza a desaparecer y quién debe pagarlo.

Adafa pide que Asturias no se limite a esperar. Reclama un censo autonómico, planificación hospitalaria, participación activa en las negociaciones y presión política para alcanzar una fórmula que permita tratar a quienes realmente puedan beneficiarse.

La decisión del 15 de julio no tiene por qué ser definitiva. Sanidad y los laboratorios pueden volver a negociar precios, límites de gasto, pagos vinculados a resultados o criterios de selección más estrictos. Mientras tanto, los medicamentos que inauguraban una nueva etapa contra el alzhéimer amenazan con convertirse también en el símbolo de una sanidad a dos velocidades.