Un informe de la Guardia Civil entregado a la Audiencia Nacional recoge el testimonio de una mujer vinculada a un clan de Badajoz que asegura que un exjuez relacionado con la trama de Leire Díez le planteó actuar físicamente contra la magistrada Beatriz Biedma. Los investigadores han identificado comunicaciones, anotaciones y maniobras para desacreditarla y obstaculizar el procedimiento contra David Sánchez. La investigación apunta a una posible red de interferencias judiciales vinculada al entorno socialista, aunque todavía no se ha acreditado una orden del Gobierno ni un plan organizado para asesinar a la jueza.

8 de octubre de 2026

No estamos hablando únicamente de una campaña de desprestigio contra una jueza. Ni de las habituales presiones políticas que rodean los grandes procesos por corrupción. Lo que acaba de salir a la luz es considerablemente más grave: la Guardia Civil investiga una presunta operación para neutralizar a una magistrada que había puesto bajo investigación al hermano del presidente del Gobierno, con contactos con personas relacionadas con el narcotráfico y referencias expresas a causarle daño físico.

La magistrada se llama Beatriz Biedma. Fue la instructora del procedimiento judicial contra David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente Pedro Sánchez, relacionado con su contratación en la Diputación de Badajoz.

Los nombres que aparecen en la investigación son conocidos: Leire Díez, Santos Cerdán, Javier Pérez Dolset y Luis José Sáenz de Tejada, entre otros. Todos ellos figuran, con responsabilidades y grados de implicación diferentes, en las pesquisas sobre una supuesta red dedicada a interferir en investigaciones judiciales que afectaban al PSOE o a personas de su entorno.

Pero la última información recogida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil introduce una dimensión particularmente inquietante: una testigo asegura que se habló de acabar físicamente con la magistrada.

«Hay que eliminarla»: el testimonio que ha disparado la gravedad del caso

La declaración que ha encendido todas las alarmas corresponde a Cintia Rocho, conocida como «La Celsa», vinculada al clan de Los Rocho, asentado en Badajoz.

Rocho declaró ante la UCO el pasado 24 de septiembre. Según su testimonio, el exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada se puso en contacto con ella y le habló de Beatriz Biedma en términos que difícilmente pueden confundirse con una discrepancia jurídica.

De acuerdo con la declaración recogida por los investigadores, Sáenz de Tejada describió a la magistrada como un obstáculo que había que eliminar y añadió una expresión que apuntaba a la violencia física.

La UCO considera que, según lo manifestado por la testigo, aquellas palabras se referían a una posible actuación de carácter físico contra la jueza.

Es importante entender el alcance exacto de este hallazgo.

La Guardia Civil ha documentado que existe una declaración testifical sobre amenazas físicas. Eso no significa todavía que esté acreditado judicialmente que se contratara a un sicario, que existiera un plan de asesinato cerrado o que una autoridad política ordenase cometerlo.

Pero tampoco estamos ante un simple rumor difundido en las redes sociales. La declaración forma parte de un informe policial remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga las actividades de la presunta trama.

La conexión con el narcotráfico: nombres, contactos y una extraña anotación

La investigación presenta elementos que parecen extraídos de una novela negra, pero que figuran en documentación policial.

El nombre de Cintia Rocho apareció en una agenda intervenida a Leire Díez, junto a referencias a una jueza de Badajoz y a personas relacionadas con el tráfico de drogas.

La propia Rocho reconoció ante los investigadores que la anotación podía referirse a ella.

Según su relato, los contactos comenzaron en diciembre de 2024.

Primero recibió comunicaciones de Sáenz de Tejada. Posteriormente, un perfil de Facebook que utilizaba la identidad supuestamente falsa de José García Fernández le propuso contactar con Ángel Martín Carrillo, conocido como «El Cordobés», que se encontraba en prisión acusado de tráfico de drogas.

Rocho aseguró que rechazó colaborar.

Los investigadores también tomaron declaración a Juan José Collado, abogado de Martín Carrillo. El letrado reconoció contactos con Sáenz de Tejada, pero negó que durante aquellas conversaciones se planteara causar daño físico a nadie.

El dato es relevante: no todos los testimonios apuntan en la misma dirección, y precisamente por eso la investigación judicial deberá determinar qué ocurrió realmente, quién promovió cada contacto y cuál era su finalidad.

En cualquier caso, que una investigación sobre posibles maniobras políticas contra una magistrada haya terminado examinando comunicaciones con personas vinculadas a redes delictivas constituye un hecho de extraordinaria gravedad institucional.

«Vacaciones y viajes»: el grupo de WhatsApp que investigaba cómo apartar a la jueza

Otro de los elementos que examina la UCO es un grupo de WhatsApp denominado «Vacaciones y viajes».

Lejos de tratar asuntos turísticos, el grupo servía presuntamente para coordinar actuaciones relacionadas con procedimientos judiciales.

Entre sus integrantes figuraban Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, el exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada y el empresario Joaquín Parra.

De acuerdo con el informe policial, sus conversaciones y reuniones incluyeron el análisis de posibles actuaciones para perjudicar a Beatriz Biedma y condicionar el procedimiento contra David Sánchez.

Los agentes han encontrado, además, anotaciones de especial relevancia en dispositivos y documentos vinculados a miembros del grupo.

Una de ellas planteaba la necesidad de destruir el procedimiento judicial contra el hermano del presidente.

Otra desacreditaba personalmente a la magistrada y señalaba a Sáenz de Tejada como la persona que disponía de información sobre ella.

No se trataba, según los indicios que estudia la Guardia Civil, de una crítica espontánea a una decisión judicial, sino de posibles actuaciones coordinadas para intervenir en un procedimiento penal.

Joaquín Parra declaró que había tenido conocimiento de supuestos seguimientos a la magistrada realizados por personas próximas al exjuez. Sin embargo, precisó que él no había escuchado conversaciones en las que se propusiera agredirla.

La diferencia entre ambas afirmaciones es fundamental para determinar la existencia de responsabilidades penales.

Una ofensiva también en internet: denuncias y decenas de vídeos contra Biedma

La presunta operación tenía otra vertiente: atacar públicamente la credibilidad profesional de Beatriz Biedma.

Luis José Sáenz de Tejada, expulsado de la carrera judicial en 2022 tras una condena, mantenía un canal de YouTube denominado Magistrado Anticorrupción TV.

La UCO ha identificado al menos 52 vídeos contra la instrucción del procedimiento de David Sánchez y otros 34 dirigidos contra la magistrada.

Además, Sáenz de Tejada presentó denuncias contra Biedma ante la Fiscalía el 21 de octubre y el 27 de noviembre de 2024, que no prosperaron.

La coincidencia de estas actuaciones con las comunicaciones privadas, las anotaciones intervenidas y los testimonios sobre posibles seguimientos ha llevado a los investigadores a examinar si existía una estrategia organizada para desacreditar a la jueza y obstaculizar su labor.

Una cosa es cuestionar públicamente la actuación de un juez, un derecho legítimo en democracia. Otra muy distinta es organizar una campaña de intimidación o intentar condicionar una causa penal mediante amenazas.

La primera está amparada por la libertad de expresión, dentro de sus límites legales. La segunda, si se demuestra, puede dar lugar a graves responsabilidades penales.

Santos Cerdán y Leire Díez: ¿hasta dónde llegaba la presunta trama?

Una de las grandes preguntas de esta investigación es quién estaba al corriente de las operaciones y hasta qué nivel de responsabilidad política podían llegar.

Leire Díez, antigua militante socialista, aparece como una de las figuras centrales de la supuesta estructura de interferencias judiciales.

Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE y anteriormente uno de los principales dirigentes del partido, figura también en las pesquisas.

Un informe anterior de la UCO, conocido el 15 de junio, ya había encontrado documentación que apuntaba a que Díez informaba a Cerdán sobre distintas líneas de actuación. Los agentes también señalaron que el PSOE había sufragado seis viajes de Díez, autorizados por Cerdán.

Entre los objetivos identificados en aquella investigación figuraban jueces, fiscales y miembros de la Guardia Civil encargados de procedimientos sensibles.

Entre ellos estaban la propia Beatriz Biedma, el fiscal José Grinda y el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón.

Estas conexiones son especialmente relevantes porque el objeto de la investigación no se limita a una magistrada. Se está intentando determinar si existía una estructura destinada a obtener información comprometedora sobre quienes investigaban asuntos judiciales incómodos para determinadas personas vinculadas al PSOE.

Ahora bien, hay una distinción imprescindible: los indicios de conocimiento de operaciones para desacreditar a jueces no demuestran automáticamente que Cerdán, el PSOE o el Gobierno conocieran una eventual intención de agredir físicamente a Beatriz Biedma.

Esa responsabilidad concreta deberá ser investigada y, en su caso, acreditada por los tribunales.

El hermano del presidente, condenado a nueve años de inhabilitación, recurre la sentencia

El origen de todas estas maniobras investigadas se encuentra en el procedimiento contra David Sánchez Pérez-Castejón.

El hermano del presidente del Gobierno fue condenado por la Audiencia Provincial de Badajoz a nueve años de inhabilitación por su participación como colaborador necesario en un delito de prevaricación relacionado con su puesto en la Diputación pacense.

Precisamente este jueves se ha conocido que su defensa ha presentado un recurso de apelación contra la sentencia.

Su abogado, Emilio Cortés, sostiene que la condena obedece a su parentesco con Pedro Sánchez y denuncia vulneraciones de derechos fundamentales durante el procedimiento.

Se trata, por tanto, de una resolución recurrida y no firme.

La conexión entre ambas investigaciones es decisiva: la UCO examina si los integrantes de la presunta trama trataron de desacreditar a la jueza Biedma para interferir en el procedimiento que afectaba al hermano del presidente.

El Partido Popular denuncia «delincuencia de Estado»

La reacción política no se ha hecho esperar.

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha acusado al entorno socialista de actuar mediante mecanismos que ha calificado de «delincuencia de Estado».

Tellado considera que la información conocida apunta a una operación de extraordinaria gravedad contra una magistrada que investigaba al hermano del jefe del Ejecutivo.

Además, el PP ha solicitado a la Audiencia Nacional que investigue al propio PSOE como persona jurídica dentro del caso Leire Díez, por presuntos delitos relacionados con corrupción y financiación irregular.

Estas acusaciones forman parte de la posición política y procesal del Partido Popular. No constituyen, por sí mismas, una constatación judicial de responsabilidad del Gobierno o de la dirección del PSOE.

Una magistrada que denuncia haber visto amenazada su integridad física

La propia Beatriz Biedma había advertido de la gravedad de las actuaciones dirigidas contra ella.

En sus escritos a la Audiencia Nacional manifestó que los supuestos contactos de la trama con personas relacionadas con la delincuencia podían haber puesto en peligro no solamente su reputación profesional, sino también su seguridad.

La jueza solicitó personarse como perjudicada en el procedimiento y fue citada para declarar este jueves 8 de octubre ante Santiago Pedraz.

Su declaración puede resultar fundamental para esclarecer el alcance de las maniobras, la identidad de sus posibles responsables y las pruebas de que dispone.

La investigación deberá establecer si las amenazas denunciadas quedaron en expresiones intimidatorias, si existieron actuaciones preparatorias para una agresión o si se trató de diferentes iniciativas coordinadas para desacreditarla y apartarla de la causa.

La diferencia es esencial desde el punto de vista penal, pero ninguna de esas posibilidades puede tratarse con indiferencia cuando afecta a la independencia de la Justicia.

Una línea roja para la democracia: ¿quién protege a los jueces cuando investigan al poder?

El caso plantea una cuestión que trasciende las siglas políticas y afecta directamente al funcionamiento del Estado de derecho.

Los jueces están sometidos a la ley y sus resoluciones pueden recurrirse. Su actuación también puede ser objeto de crítica pública. Pero ninguna persona ni organización tiene derecho a amenazarlos, vigilarlos ilícitamente o recurrir a terceros para intimidarlos.

Si se demuestra que miembros de una estructura organizada trataron de impedir mediante amenazas o violencia que una magistrada investigase un procedimiento relacionado con la familia del presidente del Gobierno, estaríamos ante un ataque extraordinariamente grave a la independencia judicial.

Y si además se acreditase que dirigentes políticos promovieron, conocieron o ampararon esas actuaciones, sería indispensable esclarecer sus responsabilidades penales y políticas.

No puede aceptarse que la pertenencia a un partido político sirva como protección frente a una investigación judicial. Tampoco puede darse por culpable a una organización o a sus dirigentes simplemente por la militancia o las relaciones personales de los investigados.

La responsabilidad debe alcanzar a todos aquellos contra quienes se acrediten los hechos, sin excepciones, pero también sin condenas anticipadas.

La legitimidad de las instituciones depende, entre otras cosas, de que los ciudadanos puedan confiar en que un juez investigará con libertad a cualquier persona, tenga el apellido que tenga y ocupe el cargo que ocupe.

Lo que ha puesto sobre la mesa el último informe de la UCO exige algo más que declaraciones enfrentadas entre partidos: requiere una investigación judicial rigurosa, protección efectiva de quienes hayan sido amenazados y explicaciones sobre cualquier posible utilización de recursos o estructuras políticas para interferir en la Justicia.

Porque la pregunta ya no es solamente si alguien intentó apartar a Beatriz Biedma del caso del hermano de Pedro Sánchez.

La pregunta es hasta dónde llegaron esas maniobras, quiénes conocían realmente lo que estaba ocurriendo y si todos los poderes del Estado fueron capaces de garantizar que una jueza pudiera ejercer su trabajo sin intimidaciones.