El TC obliga al Supremo a rectificar su interpretación de la amnistía y abre definitivamente la puerta al regreso del expresidente catalán. Nueve años después del procés, el desenlace enfrenta dos concepciones de la Justicia, recupera los cambios de posición de Pedro Sánchez y deja una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando las grandes sentencias empiezan a ser previsibles según el bloque ideológico de los magistrados?

Carles Puigdemont ya puede regresar a España sin ser detenido.

Todavía no lo ha hecho, pero el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha levantado la orden nacional de detención que pesaba sobre él después de que el Tribunal Constitucional estableciera que la amnistía debe alcanzar también al delito de malversación relacionado con el procés.

Es el desenlace provisional de una historia política y judicial que comenzó hace nueve años y que termina —al menos en buena parte de su vertiente penal— de una forma que habría resultado difícil imaginar en octubre de 2017.

Puigdemont abandonó España después de la declaración unilateral de independencia. Pedro Sánchez prometió posteriormente traerlo de vuelta para que respondiese ante la Justicia. El Tribunal Supremo mantuvo durante años abiertas las actuaciones contra él.

Ahora podrá regresar sin ser detenido.

Entre una fotografía y la otra han sucedido unas elecciones generales, una investidura que dependía de siete diputados de Junts, una negociación entre el PSOE y el partido de Puigdemont, una Ley de Amnistía, un enfrentamiento sobre su aplicación entre el Supremo y el Constitucional y una sentencia dividida por siete votos contra cinco que obliga finalmente al Supremo a modificar su criterio.

La historia trasciende ya a Puigdemont.

Lo que está en discusión es también la confianza de los ciudadanos en las instituciones que tienen que arbitrar las reglas del Estado.

El Constitucional corrige al Supremo

El núcleo jurídico del enfrentamiento está en una palabra: enriquecimiento.

La Ley de Amnistía permite perdonar determinados delitos de malversación relacionados con el procés siempre que no hubiera existido un propósito de enriquecimiento personal de carácter patrimonial.

El Tribunal Supremo consideró que ese enriquecimiento sí había existido.

Su razonamiento fue que los responsables del procés utilizaron fondos públicos para sufragar gastos relacionados con sus objetivos políticos y, al hacerlo, evitaron tener que pagarlos con su propio patrimonio.

Por esa razón, el Supremo rechazó inicialmente que la amnistía pudiera aplicarse a esa malversación.

El Constitucional acaba de desmontar esa interpretación.

Al resolver el recurso presentado por la exconsellera Dolors Bassa, el pleno del TC ha considerado que la interpretación realizada por el Supremo vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva y que el delito de malversación cometido en aquellas circunstancias debe quedar incluido en la amnistía.

La decisión fue adoptada por siete magistrados frente a cinco.

Y esa doctrina afecta directamente a la situación de Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, además de a otros antiguos dirigentes independentistas.

El Supremo ha recibido este miércoles la sentencia del Constitucional y tendrá que dictar las correspondientes resoluciones aplicando esa doctrina.

Llarena levanta la orden de detención

La consecuencia más inmediata llegó incluso antes de que culminara todo el procedimiento.

El magistrado Pablo Llarena decidió dejar sin efecto las órdenes nacionales de detención contra Puigdemont, Comín y Puig.

Eso significa que Puigdemont puede entrar actualmente en España sin ser arrestado por esa causa.

La aplicación formal y definitiva de la amnistía todavía requiere las correspondientes resoluciones judiciales, pero el obstáculo que durante años hacía posible su detención ha desaparecido.

El gesto del Supremo también introduce un elemento importante en medio de la enorme tensión institucional: el Supremo está acatando las decisiones del Constitucional.

Existe un enfrentamiento jurídico de enorme profundidad, pero no una desobediencia entre tribunales.

Cinco magistrados del propio Constitucional alertan de una extralimitación

La sentencia, sin embargo, está muy lejos de haber pacificado el debate jurídico.

Los cinco magistrados discrepantes consideran que la mayoría del Constitucional ha cruzado una frontera especialmente delicada.

Su objeción fundamental es que corresponde a los tribunales ordinarios —y en último término al Tribunal Supremo— interpretar la legislación ordinaria, mientras que el Constitucional debe controlar que esa interpretación respete los derechos fundamentales y la Constitución.

Para los discrepantes, el TC habría terminado sustituyendo la interpretación realizada por el Supremo por la suya propia.

La mayoría sostiene exactamente lo contrario: cuando una interpretación judicial de una ley vulnera un derecho fundamental, corresponde precisamente al Constitucional corregirla.

No estamos, por tanto, simplemente ante una pelea política alrededor de Puigdemont.

Estamos ante una discusión sobre los límites de actuación de los dos tribunales más importantes del sistema constitucional español.

Y aparece inevitablemente Pedro Sánchez

Hay además un componente político imposible de separar de esta historia.

Pedro Sánchez mantuvo durante años una posición radicalmente diferente respecto a Puigdemont y la amnistía.

En 2022 sostenía que la amnistía reclamada por el independentismo no sería aceptada.

Durante la campaña de las elecciones generales de julio de 2023 volvió a rechazarla expresamente.

Después llegaron las urnas.

El resultado del 23-J convirtió los siete diputados de Junts en decisivos para que Sánchez pudiera continuar en La Moncloa.

La posición cambió.

El PSOE negoció la amnistía con los independentistas y Sánchez terminó defendiéndola como un instrumento necesario para la convivencia y la normalización política de Cataluña.

Cuando meses después se le preguntó en Televisión Española qué había sucedido para explicar aquel cambio, Sánchez respondió con una frase que quedaría grabada en la hemeroteca:

«Lo que ha pasado es el 23J».

También reconoció entonces que había decidido hacer «de la necesidad virtud».

De prometer traer a Puigdemont ante la Justicia a defender la amnistía

El cambio político es difícilmente discutible.

Lo que sí admite diferentes interpretaciones es su significado.

Para el Gobierno, la amnistía forma parte de una política que ha permitido reducir extraordinariamente la tensión en Cataluña y devolver a las instituciones un conflicto que durante años estuvo instalado también en los tribunales.

Sánchez volvió a defender este martes esa posición: considera que el procés constituía fundamentalmente un problema político que debía ser resuelto desde la política y sostiene que las posteriores decisiones del Constitucional y de la Justicia europea han respaldado la legalidad de la amnistía.

Sus críticos observan algo muy diferente: que una medida que Sánchez rechazaba antes de las elecciones terminó siendo aceptada precisamente cuando los votos de Puigdemont resultaron imprescindibles para su investidura.

Los dos hechos forman parte de la misma historia.

¿Se ha convertido el Constitucional en un tribunal político?

Es probablemente la pregunta más delicada.

Y conviene diferenciar entre afirmaciones y hechos.

El Tribunal Constitucional no es un órgano judicial ordinario. Su composición tiene desde el nacimiento de la democracia una inevitable conexión con las instituciones políticas: sus doce magistrados son propuestos por el Congreso, el Senado, el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial.

Pero una vez nombrados, la Constitución establece su independencia.

El problema actual es otro.

Es la percepción de politización.

España se ha acostumbrado a hablar de los magistrados del Constitucional como integrantes de un «bloque progresista» o de un «bloque conservador».

Y en algunas de las decisiones políticamente más trascendentales, esos bloques terminan votando de una manera perfectamente reconocible.

La resolución sobre la malversación del procés vuelve a dejar una división de siete frente a cinco.

Cuando los ciudadanos empiezan a creer que pueden conocer el resultado de una sentencia antes de leerla simplemente contando qué magistrados pertenecen a cada sensibilidad ideológica, aparece un problema gravísimo para cualquier institución judicial.

Eso no demuestra que el Constitucional reciba órdenes del Gobierno

Conviene establecer también esta frontera.

Que los magistrados tengan sensibilidades jurídicas diferentes, que hayan sido propuestos por instituciones políticas o que determinadas resoluciones coincidan con los intereses de un Gobierno no demuestra que reciban instrucciones del Ejecutivo.

El propio Constitucional adopta numerosas decisiones por unanimidad o mediante mayorías que no reproducen automáticamente los llamados bloques ideológicos.

Reducirlo todo a la existencia de magistrados «del PSOE» o «del PP» sería convertir una discusión jurídica extraordinariamente compleja en una caricatura.

Pero sería igualmente ingenuo negar el deterioro que produce la apariencia de división partidista de las instituciones.

La independencia judicial no solo necesita existir.

También necesita ser percibida por los ciudadanos.

Puigdemont vuelve a una España completamente diferente

El simbolismo del posible regreso es enorme.

Puigdemont abandonó España en octubre de 2017 tras el fracaso de la declaración unilateral de independencia.

Durante años vivió en Bélgica mientras el Supremo intentaba conseguir su entrega y mantenía activa la orden para detenerlo si regresaba.

Nueve años después, esa orden ha sido levantada.

Y no porque Puigdemont haya comparecido ante el Supremo y haya sido absuelto.

Tampoco porque los tribunales hayan determinado que los hechos de 2017 fueran legales.

La razón es diferente: una ley posterior ha decidido extinguir determinadas responsabilidades penales derivadas del procés.

Esta diferencia es fundamental.

La amnistía no transforma en legales los acontecimientos de 2017 ni declara inocentes a quienes fueron condenados. Lo que hace es eliminar las consecuencias penales incluidas dentro de su ámbito de aplicación.

Un círculo que se cierra nueve años después

La imagen política es inevitable.

En 2017, Puigdemont salió de España perseguido por la Justicia.

En 2019, Sánchez hablaba de traerlo para que respondiera ante ella.

En 2022 rechazaba la amnistía.

En julio de 2023 volvió a negarla durante la campaña electoral.

El resultado de aquellas elecciones hizo imprescindibles los votos de Junts.

Meses después llegó el acuerdo de investidura.

Después, la Ley de Amnistía.

Luego, la negativa del Supremo a aplicarla a la malversación.

Ahora, el Constitucional ordena corregir esa interpretación y el Supremo retira la orden de detención.

Son hechos.

Y juntos dibujan una de las transformaciones políticas y jurídicas más extraordinarias producidas en España desde la Transición.

El problema que queda después de Puigdemont

La cuestión de fondo puede terminar siendo incluso más importante que el destino personal del expresidente catalán.

España seguirá teniendo Tribunal Supremo cuando Puigdemont haya regresado.

Seguirá teniendo Tribunal Constitucional.

Y necesitará que millones de ciudadanos con posiciones políticas completamente enfrentadas confíen en ambos.

Por eso el mayor riesgo no consiste en que una sentencia agrade a unos y enfurezca a otros. Eso sucede constantemente en cualquier democracia.

El verdadero problema comienza cuando una parte relevante de la sociedad llega a convencerse de que las decisiones de los órganos constitucionales pueden anticiparse conociendo quién propuso a sus magistrados.

La sentencia que abre la puerta al regreso de Puigdemont no demuestra por sí sola que el Tribunal Constitucional se haya convertido en un tribunal político.

Pero la división interna del tribunal, la enorme carga política de la decisión, el choque con el Supremo y la historia que ha llevado hasta ella vuelven a colocar sobre la mesa una cuestión que España lleva demasiado tiempo aplazando:

cómo impedir que la lucha entre partidos termine contaminando la confianza de los ciudadanos en las instituciones que deberían estar por encima de esa lucha.