La mujer de 87 años que fue desahuciada en Madrid tras vivir más de siete décadas en su vivienda falleció ayer en el hospital, cuando ya existía un acuerdo para que pudiera regresar. Su historia desencadenó una movilización nacional que también llenó las calles de Oviedo y reabrió el debate sobre los desahucios, los alquileres y la vivienda pública en el Principado. Los casos de Gijón y La Corredoria demuestran que Asturias tampoco es ajena a esta realidad.

Hay algo especialmente doloroso en la historia de Maricarmen Abascal. Después de 71 años viviendo en la misma casa, después de toda una vida acumulando recuerdos entre aquellas paredes, después de resistir durante años los intentos de desahucio, consiguió que se negociara una solución para regresar a su hogar.

Pero no llegó a tiempo.

Maricarmen murió ayer, miércoles 7 de octubre, a los 87 años, en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Llevaba ingresada desde el 23 de septiembre, cuando fue desalojada de la vivienda en la que había pasado prácticamente toda su vida.

No pudo regresar. Tampoco pudo cumplir uno de sus deseos más íntimos: terminar sus días en aquella casa en la que habían fallecido sus padres y donde seguían viviendo, de alguna manera, todos sus recuerdos.

Su muerte cierra una historia personal, pero deja abierto uno de los debates sociales más importantes de la España actual: ¿hasta qué punto puede considerarse garantizado el derecho a la vivienda cuando una persona de 87 años puede perder el hogar en el que ha vivido durante siete décadas?

Y esa pregunta también se está haciendo en Asturias.

De una camilla en Madrid a miles de personas manifestándose en Oviedo

El 23 de septiembre, las imágenes de Maricarmen saliendo en camilla de su vivienda del barrio madrileño de Retiro recorrieron España.

La orden judicial se ejecutó pese a la presencia de numerosos vecinos y activistas que intentaban impedir el desalojo. La mujer, que vivía bajo un régimen de alquiler antiguo y llevaba años enfrentándose al procedimiento, terminó trasladada al hospital.

Lo que parecía el último capítulo de un conflicto inmobiliario particular se convirtió en el comienzo de una movilización nacional.

La Puerta del Sol de Madrid se llenó de manifestantes. Surgieron acampadas, concentraciones y llamamientos a una huelga general. El nombre de Maricarmen pasó a representar a miles de personas que viven pendientes de una subida de alquiler, una resolución judicial o una notificación que puede obligarlas a abandonar su casa.

La protesta también llegó a Asturias. Y lo hizo con una fuerza difícil de ignorar.

La noche del viernes 2 de octubre, la plaza de La Escandalera, en Oviedo, se llenó de tiendas de campaña y de personas movilizadas en defensa del derecho a la vivienda.

Dos días después, el domingo 4, miles de asturianos desafiaron la lluvia para manifestarse por el centro de la capital. La Policía y los organizadores ofrecieron estimaciones distintas, situadas entre unos 8.000 y 20.000 asistentes.

No se trataba solamente de mostrar solidaridad con una mujer de Madrid. En las calles de Oviedo se expresaba también una preocupación profundamente asturiana: el miedo a que los salarios no alcancen para pagar una vivienda, la dificultad de los jóvenes para independizarse y la incertidumbre de quienes viven de alquiler.

Maricarmen tenía 87 años. Muchos de los manifestantes asturianos apenas habían cumplido los veinte o los treinta.

Dos generaciones distintas, unidas por una misma preocupación: poder conservar o conseguir un hogar.

Gijón: once familias que estuvieron a punto de perder sus casas

La conexión entre la historia de Maricarmen y Asturias tiene un ejemplo especialmente revelador en Gijón.

Mientras España seguía conmovida por las imágenes del desahucio de Madrid, once familias del edificio del número 3 de la calle Río Piloña afrontaban su propio conflicto por la vivienda.

Sobre ellas pesaba la amenaza de desalojo. El primero de los lanzamientos estaba previsto para el 5 de octubre.

Sin embargo, aquí el desenlace fue diferente.

Tras las negociaciones con la Sareb y la intervención del Principado, las familias consiguieron formalizar nuevos contratos de alquiler por siete años.

Las rentas se establecieron entre aproximadamente 100 y 600 euros mensuales, con una condición determinante: ninguna familia tendría que destinar más del 30% de sus ingresos al alquiler.

Además, se acordó la condonación de las deudas reclamadas y la paralización de los desahucios.

El caso de Río Piloña demuestra que existen mecanismos de negociación capaces de evitar la pérdida de una vivienda, aunque cada situación presenta circunstancias jurídicas y económicas diferentes.

En Madrid, Maricarmen consiguió que se alcanzara un acuerdo para su regreso, pero murió antes de poder materializarlo.

En Gijón, once familias lograron una solución antes de que se ejecutaran los desalojos.

Dos historias con resultados distintos que plantean una cuestión fundamental: ¿cuántos conflictos habitacionales podrían resolverse antes de llegar al extremo de una expulsión?

La Corredoria: cuando mejorar económicamente puede poner en riesgo tu vivienda

El problema asturiano no se limita a quienes no pueden pagar un alquiler.

En La Corredoria, en Oviedo, siete familias han denunciado una situación que pone de manifiesto otra de las contradicciones del sistema de vivienda pública.

Según los afectados, la empresa pública Vipasa les ha trasladado, o está pendiente de trasladarles, comunicaciones relacionadas con la superación de los límites de ingresos exigidos para permanecer en los pisos que ocupan.

Su problema resulta paradójico.

Han mejorado su situación económica, pero sostienen que no lo suficiente para afrontar con seguridad los precios del mercado inmobiliario privado.

Así, un incremento salarial, la incorporación de un segundo sueldo al hogar o una mejora laboral pueden convertirse en factores que comprometan su continuidad en una vivienda protegida.

No se trata de equiparar jurídicamente estas situaciones con la de Maricarmen, sino de reconocer que detrás de los procedimientos administrativos y de los contratos hay personas que necesitan estabilidad residencial.

Porque perder una casa no siempre empieza con un impago. A veces comienza con una carta, un cambio en los requisitos o la imposibilidad de asumir los precios del mercado.

Una muerte que ha sacudido la política española

La repercusión del caso ha ido mucho más allá de las movilizaciones ciudadanas.

La indignación provocada por el desahucio impulsó al Gobierno central a aprobar dos decretos de vivienda que abordaban, entre otras cuestiones, la protección de familias vulnerables y la intervención pública ante determinadas situaciones de desalojo.

Ambas iniciativas fueron rechazadas en el Congreso de los Diputados, en una votación que puso de manifiesto las profundas diferencias entre los grupos parlamentarios sobre cómo afrontar la crisis habitacional.

Poco después, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre.

La crisis de vivienda se ha convertido así en uno de los asuntos centrales del debate político nacional, mientras las organizaciones convocantes preparan una huelga general por la vivienda para el próximo 11 de noviembre.

Pero hay una cuestión que permanece por encima de las diferencias partidistas: Maricarmen no llegó a beneficiarse de la solución que se había conseguido para ella.

Su familia, su abogada y el Sindicato de Inquilinas han lamentado que el acuerdo alcanzado con la propiedad llegara demasiado tarde. La organización considera que su caso representa un antes y un después en la movilización por el derecho a la vivienda.

El último deseo de Maricarmen tenía también algo que ver con el Cantábrico

Hay un detalle de su historia que conecta de una manera especialmente emotiva con el norte de España.

Maricarmen tenía dos deseos para el final de su vida.

El primero era morir en su propia casa, rodeada de los recuerdos de sus padres y de las personas que había querido.

El segundo era descansar en el mar Cantábrico.

No consta que esa voluntad estuviera vinculada específicamente con Asturias, pero resulta inevitable pensar en nuestras costas al conocer ese último deseo.

La mujer que se había convertido involuntariamente en uno de los grandes símbolos de la lucha por la vivienda en España quería despedirse de la vida junto al mar del norte.

No consiguió cumplir su primer deseo. El segundo queda ahora en manos de sus seres queridos.

Asturias ante el espejo de Maricarmen

La muerte de Maricarmen invita a mirar la situación de la vivienda en Asturias desde una perspectiva que va más allá de las estadísticas.

Porque las cifras de construcción, los planes de vivienda protegida, los precios del alquiler o los expedientes administrativos cuentan una parte de la historia. La otra está en los hogares.

Está en las familias gijonesas que estuvieron a punto de ser desahuciadas y lograron un acuerdo.

Está en los vecinos de La Corredoria que temen perder sus viviendas públicas.

Está en los jóvenes asturianos que trabajan, pero no encuentran un alquiler que puedan asumir sin comprometer buena parte de sus ingresos.

Y está también en las personas mayores que necesitan la tranquilidad de saber que podrán seguir viviendo en el lugar donde han construido su vida.

Las administraciones tienen ante sí un reto complejo: ampliar la oferta de vivienda, garantizar la seguridad jurídica, atender a las familias vulnerables y encontrar soluciones que permitan conciliar los derechos de propietarios e inquilinos.

No todos los conflictos tienen la misma causa ni pueden resolverse de idéntica manera. Pero los últimos acontecimientos han demostrado que el problema de la vivienda ha dejado de ser una preocupación exclusivamente económica para convertirse en una cuestión social de primer orden.

Antes de morir, Maricarmen envió un mensaje desde el hospital a quienes se manifestaban por ella y por otras personas en situaciones parecidas. Les pidió que siguieran defendiendo sus derechos.

«Luchad, seguid luchando por lo que es vuestro».

Maricarmen Abascal murió el 7 de octubre de 2026, dos semanas después de abandonar su casa en una camilla.

No llegó a regresar al hogar donde había vivido 71 años.

Pero su historia ya había recorrido España, había llenado plazas y había conseguido que miles de personas, también en Asturias, salieran a la calle para reclamar soluciones.

Ella no pudo volver a casa. La pregunta que queda es cuántas personas podrán conservar la suya.