Miles de personas marcharon este domingo hacia La Escandalera reclamando una huelga general, pero la convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre obliga ahora a sindicatos y movimientos de vivienda a redefinir tiempos y objetivos: «gobierne quien gobierne» sigue siendo una de las claves de la protesta

La multitudinaria manifestación por la vivienda celebrada este domingo en Oviedo terminó reclamando una huelga general. Menos de 24 horas después, Pedro Sánchez ha convocado elecciones generales. Y esa decisión cambia de golpe el escenario en el que deberá desarrollarse la siguiente fase de las movilizaciones.

Entre 8.000 personas, según la estimación policial recogida por EFE, y unas 20.000 según los organizadores recorrieron el centro de Oviedo pese a la intensa lluvia en una movilización convocada por el Sindicato de Inquilinas y el Sindicatu de Vivienda d'Asturies.

La protesta partió de la estación de Renfe y terminó en La Escandalera, donde continúa la acampada iniciada tras el fracaso parlamentario de los decretos de vivienda.

El lema elegido ya dejaba claro que los convocantes pretendían ir más allá de una protesta puntual: «Hacia la huelga general: contra el rentismo y los gobiernos que lo protegen».

Durante el recorrido hubo además una consigna que adquiere este lunes un significado especial:

«Gobierne quien gobierne».

Porque desde esta mañana ya sabemos que dentro de menos de dos meses España puede tener otro Gobierno.

La pregunta que aparece ahora: ¿una huelga general contra quién?

Hasta ayer la respuesta parecía relativamente sencilla.

Las movilizaciones presionaban al Gobierno, al Congreso y a los partidos que habían provocado la caída de los dos decretos de vivienda, pero también a comunidades autónomas, ayuntamientos, grandes propietarios, fondos de inversión y al conjunto de un modelo inmobiliario que los convocantes consideran responsable de la actual crisis.

Ahora Sánchez ha roto el tablero.

El presidente ha convocado elecciones para el 29 de noviembre y pretende convertir precisamente la vivienda en uno de los grandes argumentos de su campaña.

Eso coloca a los movimientos sociales y a los sindicatos ante una situación inédita: organizar una eventual huelga general en medio de unas elecciones que han sido convocadas, precisamente, después de la mayor crisis política provocada por la vivienda en esta legislatura.

Sánchez sigue gobernando hasta el 29-N

Hay una precisión importante.

La convocatoria electoral y la disolución de las Cortes no convierten inmediatamente al Ejecutivo en un Gobierno en funciones.

La Constitución establece que el Gobierno cesa después de celebrarse las elecciones generales y continúa posteriormente en funciones hasta que tome posesión el siguiente Ejecutivo.

Por tanto, si la huelga se convocase antes del 29 de noviembre, Pedro Sánchez seguiría siendo presidente con plenas funciones y su Gobierno continuaría siendo uno de los destinatarios políticos de las reivindicaciones.

Pero la huelga tendría inevitablemente consecuencias electorales.

El PSOE intentará presentarse ante los votantes como el partido que quiso aprobar las medidas de emergencia sobre vivienda y fue bloqueado por PP, Vox y Junts.

Los colectivos de vivienda, por su parte, llevan días dejando claro que consideran insuficiente la actuación realizada hasta ahora por el propio Gobierno.

Una huelga en plena campaña colocaría ambas posiciones frente a frente.

La protesta no se dirige únicamente a Sánchez

Ese matiz resulta esencial para entender lo que ocurrió el domingo en Oviedo.

El movimiento no plantea simplemente una protesta contra un Ejecutivo concreto.

Sus reivindicaciones son mucho más amplias: rebajar los alquileres, conseguir contratos estables, frenar los desahucios, ampliar el parque público y actuar contra los fondos y grandes propietarios.

Esas medidas dependen además de administraciones diferentes.

El Estado tiene competencias decisivas en legislación de arrendamientos, fiscalidad y regulación económica.

Pero las comunidades autónomas gestionan buena parte de las políticas públicas de vivienda y los ayuntamientos intervienen en suelo, urbanismo, licencias y promociones municipales.

En Asturias, por tanto, la protesta interpela también directamente al Gobierno de Adrián Barbón.

Y eso explica una situación políticamente llamativa: representantes del PSOE asturiano participaron en una manifestación que reclamaba profundizar en políticas que también dependen del Ejecutivo socialista del Principado.

Los sindicatos todavía no han convocado la huelga

Hay otro punto que conviene dejar extraordinariamente claro.

No existe todavía una convocatoria formal de huelga general por parte de CCOO y UGT.

Los dos grandes sindicatos han mantenido contactos con los movimientos de vivienda y están estudiando diferentes fórmulas de movilización, que pueden ir desde paros parciales hasta una jornada de lucha de alcance estatal.

UGT plantea construir una plataforma reivindicativa más amplia que incluya vivienda y otras cuestiones sociales.

CCOO considera necesaria una movilización con dimensión laboral porque existe una conexión directa entre salarios y el coste de acceder a una vivienda.

CGT sí ha decidido impulsar una huelga general de 24 horas y pretende negociar su fecha con sindicatos de inquilinos y otros movimientos sociales. Es decir: el grito de «huelga general» está ya en las calles, pero su traducción sindical todavía se está construyendo.

Las elecciones pueden acelerar la protesta… o complicarla

La convocatoria del 29-N puede producir dos efectos exactamente opuestos.

El primero es acelerar la movilización.

Los colectivos pueden considerar que las elecciones ofrecen una oportunidad extraordinaria para obligar a todos los partidos a pronunciarse sobre alquileres, desahucios, fondos de inversión y vivienda pública.

Una huelga o una gran jornada de movilización antes de las urnas situaría la vivienda en el centro de una campaña en la que ningún partido podría esquivar el asunto.

Pero existe el efecto contrario.

Cuanto más cerca esté una movilización de las elecciones, más difícil será evitar que cada partido intente apropiársela o utilizarla contra sus adversarios.

El PSOE puede argumentar que una victoria progresista es necesaria para recuperar las medidas que el Congreso rechazó.

PP y Vox pueden presentar una huelga como una protesta contra ocho años de gobiernos de Sánchez.

Y las organizaciones de vivienda pueden intentar desmarcarse de ambos bloques y repetir precisamente el mensaje que resonó este domingo por las calles de Oviedo:

«Gobierne quien gobierne».

Los decretos todavía pueden volver

El escenario puede cambiar incluso antes.

La Moncloa trabaja ya con la posibilidad de volver a aprobar los decretos sobre vivienda para que sean sometidos a la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que mantiene determinadas funciones parlamentarias cuando las Cámaras están disueltas.

La composición de ese órgano hace posible que al menos parte de las medidas rechazadas el viernes puedan tener una nueva oportunidad.

Si el Gobierno consigue aprobar alguna de ellas, el movimiento tendrá que decidir si considera satisfecha una parte de sus reclamaciones o mantiene la presión porque considera que las medidas siguen siendo insuficientes.

Es decir: ni siquiera el objeto de la protesta está completamente cerrado esta mañana.

Oviedo mantiene la acampada

Mientras Madrid entra en campaña electoral, La Escandalera continúa siendo el centro de la movilización asturiana.

Los participantes en la acampada decidieron en asamblea mantener la protesta después de la manifestación del domingo.

Ese campamento se convierte ahora en algo diferente de lo que era hace apenas 24 horas.

Ya no está instalado ante un Congreso intentando decidir si acepta o rechaza unas medidas.

Está instalado mientras España comienza una campaña electoral.

Y sus asambleas deberán decidir qué estrategia seguir ante un panorama que cambia prácticamente cada día.

De la calle a las urnas sin abandonar la calle

La convocatoria de Sánchez no ha resuelto el conflicto de la vivienda.

Lo ha trasladado a otro escenario.

El presidente quiere que los ciudadanos decidan en las urnas si le proporcionan una mayoría parlamentaria suficiente para impulsar las políticas que asegura que el Congreso actual le ha impedido desarrollar.

Los movimientos de vivienda responden con una lógica distinta: sus reivindicaciones no dependen de quién gane las elecciones y la presión debe continuar gane quien gane.

Entre ambas estrategias aparece ahora la posible huelga general.

Si llega a convocarse antes del 29-N, será inevitablemente uno de los acontecimientos políticos de la campaña.

Si se aplaza hasta después de las elecciones, su destinatario dependerá del resultado de las urnas y de quién pueda formar Gobierno.

Y si los decretos vuelven a aprobarse en las próximas semanas, sindicatos y movimientos deberán decidir si mantienen intacta su hoja de ruta.

Por eso, después de las decenas de miles de personas que han salido a las calles de España y de la enorme movilización vivida en Oviedo, la pregunta ya no es únicamente si habrá una huelga general por la vivienda.

La pregunta desde esta mañana es cuándo, con qué reivindicaciones y ante qué Gobierno.