El presidente pide “una mayoría progresista mucho más amplia” después de perder los dos decretos de vivienda y constatar la ruptura de su mayoría parlamentaria. Sánchez intenta transformar el bloqueo del Congreso en un choque entre dos modelos de país y coloca a PP, Vox, Junts y las “élites” en el otro lado de la campaña
Pedro Sánchez ha decidido que sean las urnas las que resuelvan el bloqueo político que el Congreso hizo explícito el pasado viernes. El presidente del Gobierno ha anunciado este lunes la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre, nueve meses antes del final previsto de la legislatura, después de un fin de semana de consultas con ministros y dirigentes socialistas y apenas 72 horas después de sufrir una de sus derrotas parlamentarias más significativas.
La decisión no llega, sin embargo, únicamente por una votación perdida. El fracaso de los dos decretos sobre vivienda ha actuado como detonante de una crisis que llevaba meses acumulándose: una mayoría de investidura cada vez más difícil de recomponer, la ruptura creciente con Junts, unos Presupuestos prorrogados, los casos judiciales y de corrupción que han golpeado al PSOE y al entorno político y familiar del presidente y, más recientemente, la crisis de Ceuta. El Ejecutivo podía seguir gobernando legalmente, pero cada vez tenía mayores dificultades para convertir sus decisiones en leyes.
Sánchez ha optado finalmente por no administrar esa agonía parlamentaria durante otros meses. Y ha hecho algo característico de su trayectoria política: convertir una situación defensiva en una decisión de enorme riesgo que le permita recuperar la iniciativa.
Del fracaso parlamentario a las urnas en apenas tres días
El momento decisivo se produjo el viernes.
El Congreso rechazó los dos reales decretos con los que el Gobierno pretendía reaccionar ante la creciente crisis de la vivienda y la movilización social desatada tras el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años.
El primero cayó por 172 votos a favor y 178 en contra, con PP, Vox, Junts y UPN rechazándolo. Incluía protección frente a determinados desahucios de personas vulnerables, prórrogas de alquileres, medidas contra la utilización especulativa de vivienda y restricciones dirigidas a determinados grandes inversores.
El segundo, que establecía entre otras medidas la renovación automática de determinados contratos de alquiler, obtuvo 166 votos favorables y 184 contrarios. A PP, Vox, Junts y UPN se sumaron esta vez PNV y Coalición Canaria.
Pero políticamente el voto decisivo fue el de Junts.
La formación de Carles Puigdemont había sido imprescindible para la investidura de Sánchez en 2023 y durante buena parte de la legislatura había funcionado como uno de los últimos votos disponibles para construir las complejas mayorías del Gobierno. Su negativa a apoyar los decretos, pese a las negociaciones previas y a que el Ejecutivo aseguraba haber incorporado buena parte de sus planteamientos, terminó por convencer a numerosos dirigentes socialistas de que aquella mayoría ya no era reconstruible en términos políticos.
Sánchez dejó una pista extraordinariamente clara desde la propia tribuna del Congreso. Advirtió a quienes rechazaban las normas de que “la historia les juzgará antes de lo que creen”. Tres días después ha explicado qué significaba aquel “antes”.
Un discurso institucional que ya era un discurso electoral
La declaración pronunciada a las nueve de la mañana desde La Moncloa ha tenido bastante menos de despedida que de primer mitin de campaña.
Sánchez ha comenzado reivindicando los resultados económicos y sociales de sus gobiernos desde 2018, el crecimiento del empleo, la ampliación de prestaciones sociales, la transición energética y la utilización de los fondos europeos.
Después ha construido el adversario.
Ha denunciado un Congreso “muy bronco”, ha acusado a la oposición de practicar el bloqueo y ha introducido uno de los conceptos que previsiblemente acompañarán al PSOE durante toda la campaña: las “élites económicas y sociales muy poderosas que no se presentan a las elecciones pero que quieren seguir controlando nuestro país”.
La frase más importante de toda la comparecencia probablemente no ha sido, de hecho, la que anunciaba la fecha electoral.
Ha sido esta:
“Necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente”.
Y, sobre todo, su explicación posterior: Sánchez pide que las urnas proporcionen “una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites” y continuar con las reformas sociales.
Ahí está condensada prácticamente toda su estrategia.
Sánchez quiere que estas elecciones se voten en clave de vivienda
El presidente intenta cambiar la pregunta electoral.
La oposición lleva meses tratando de convertir las próximas generales en un juicio sobre la continuidad de Sánchez, los casos de corrupción que han afectado al PSOE, las investigaciones judiciales, la política migratoria, Ceuta, la amnistía o la dependencia del independentismo.
Sánchez pretende que la pregunta sea otra: qué modelo social debe gobernar España y quién paga el coste de la vivienda, los servicios públicos y la desigualdad.
No es casual que la convocatoria llegue precisamente ahora.
Durante el fin de semana, decenas de miles de personas salieron a las calles en unas 50 ciudades españolas para reclamar soluciones a la crisis habitacional. En Madrid, la movilización reunió a decenas de miles de personas, mientras continuaba la acampada de la Puerta del Sol y algunos colectivos reclamaban incluso una huelga general.
La vivienda ha conseguido algo que otros asuntos no habían logrado en los últimos meses: movilizar de nuevo a sectores sociales situados fundamentalmente en la izquierda y entre los jóvenes.
La incógnita es si esa movilización social puede transformarse en movilización electoral. No necesariamente son lo mismo. Las propias organizaciones de vivienda han dirigido buena parte de sus críticas contra el conjunto de la política institucional y también contra el Gobierno por considerar insuficiente su actuación durante estos años.
Ese es uno de los riesgos de la operación.
Junts pasa de socio incómodo a formar parte del adversario
También hay un cambio político importante en el lenguaje utilizado por Sánchez.
Durante tres años, el Gobierno necesitó diferenciar entre PP y Vox, por un lado, y sus complejos socios parlamentarios, por otro. Junts podía votar contra el Ejecutivo, pero seguía siendo una pieza susceptible de incorporarse a determinadas mayorías.
Ese tiempo parece terminado.
El discurso de este lunes permite al PSOE colocar políticamente el rechazo de Junts a las medidas de vivienda junto al de PP y Vox y presentar aquella votación como el ejemplo de una alianza parlamentaria que impide desarrollar políticas progresistas.
Cuando Sánchez habla de “doblegar a las élites”, el mensaje tiene además una lectura específica hacia Junts: el PSOE intentará convertir su voto contra los decretos en prueba de que la formación independentista eligió, en esta ocasión, los intereses de propietarios y grandes inversores frente a los de los inquilinos.
Se trata de una ruptura relevante respecto a la arquitectura sobre la que se construyó la investidura de 2023.
La otra gran jugada: concentrar el voto de la izquierda
Hay además un segundo cálculo.
La izquierda situada a la izquierda del PSOE llega a las elecciones en plena reconstrucción.
Sumar prepara una nueva candidatura bajo la fórmula de Frente Amplio, junto a IU, Comuns y Más Madrid, cuya presentación estaba prevista para el 17 de octubre. La convocatoria obliga ahora a resolver candidaturas, liderazgo y listas en cuestión de días.
El PSOE puede intentar aprovechar esa fragmentación para recuperar una parte del voto progresista mediante el conocido mecanismo del voto útil: presentar a Sánchez como la principal barrera electoral frente a un eventual Ejecutivo sustentado por PP y Vox.
El propio presidente lo ha dejado extraordinariamente claro en su comparecencia. Ha planteado las elecciones como una elección entre que España se incorpore a una “ola ultraderechista” o continúe siendo, según sus palabras, un “baluarte de apertura, justicia social y responsabilidad medioambiental”.
No es todavía una campaña. Pero el marco de la campaña ya está escrito.
Las encuestas explican también el riesgo que asume
Sánchez no convoca desde una posición cómoda en los sondeos.
El último barómetro publicado antes del anuncio situaba al PP en el 31,6%, al PSOE en el 27,4% y a Vox en el 18,4%.
PP y Vox sumaban conjuntamente alrededor del 50% del voto, mientras PSOE, Sumar y Podemos se situaban conjuntamente en el 35,7%.
Son fotografías demoscópicas, no resultados electorales, y además fueron tomadas antes del enorme impacto político de los últimos días. Pero explican por qué el adelanto constituye una apuesta de considerable riesgo: Sánchez no acude a las urnas porque los sondeos le garanticen una posición favorable.
Acude porque su alternativa era continuar durante meses con un Parlamento en el que cada iniciativa fundamental podía terminar derrotada y con la posibilidad de que el desgaste político siguiera aumentando.
El 29 de noviembre tampoco es una fecha cualquiera
Sánchez ha elegido la primera fecha prácticamente posible.
Tras informar al rey Felipe VI, un Consejo de Ministros extraordinario aprobará este lunes el decreto de disolución. La convocatoria se publicará previsiblemente este martes, 6 de octubre, en el BOE y, desde ese momento, la legislación electoral establece un plazo de 54 días hasta la votación.
Eso conduce directamente al domingo 29 de noviembre.
Las candidaturas deberán presentarse entre el 21 y el 26 de octubre, las listas definitivas se publicarán el 2 de noviembre y la campaña electoral oficial se desarrollará entre el 13 y el 27 de noviembre. El sábado 28 será jornada de reflexión.
Es decir, Sánchez no ha dejado espacio para una larga precampaña.
Ha pulsado el botón y ha iniciado una carrera de menos de dos meses.
De la resistencia a la ofensiva
La paradoja es evidente.
Hace apenas unos meses Sánchez reiteraba que agotaría la legislatura y defendía que no podía convocar elecciones por mero interés partidista. Este lunes ha llegado a la conclusión de que ya no dispone de la mayoría parlamentaria necesaria para desarrollar su proyecto.
En lugar de admitir simplemente que el Congreso le ha bloqueado, ha construido un relato diferente: si el Parlamento actual impide avanzar, pide a los ciudadanos otro Parlamento.
Y lo hace tratando de transformar la elección en una confrontación social mucho más amplia.
Propietarios e inquilinos. Fondos de inversión y derecho a la vivienda. Servicios públicos y privatizaciones. Élites y mayoría social. PSOE frente a PP y Vox.
Es una simplificación deliberada de una realidad política mucho más compleja, porque ni todos los votantes de la derecha comparten las mismas posiciones ni toda la izquierda respalda las políticas de vivienda del Gobierno. Pero constituye un marco electoral muy reconocible.
La respuesta inmediata del PP demuestra que el otro bloque también llevaba tiempo preparado. Minutos después del anuncio, el partido publicó un mensaje de apenas dos palabras: “POR FIN”.
España ha entrado así, sin transición, en campaña electoral.
Y la convocatoria tiene algo de cierre y algo de huida hacia delante, pero sobre todo de cambio de escenario: Sánchez ha decidido abandonar un Parlamento en el que había perdido capacidad de maniobra para jugarse en las urnas la posibilidad de construir uno nuevo.
El 29 de noviembre se sabrá si el conflicto de la vivienda que terminó por quebrar su mayoría parlamentaria consigue también alterar el equilibrio electoral del país. Lo que ya resulta evidente es que la campaña no empezará discutiendo únicamente sobre quién debe gobernar España, sino sobre qué explicación de estos tres años consigue imponerse ante los electores.
