El dato difundido por la ministra Elma Saiz revela un impacto inmediato sobre el mercado de trabajo asturiano. El Principado recibió 14.161 solicitudes y el SEPEPA ha atendido ya a unas 600 personas, aunque todavía no existe un desglose público por sectores, municipios, contratos o trabajadores únicos

La regularización extraordinaria de personas migrantes comienza a trasladarse al mercado laboral asturiano. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, situó este jueves en alrededor de 3.900 las altas en la Seguridad Social relacionadas con el procedimiento en Asturias, una cifra que refleja la rápida incorporación al sistema de trabajadores que hasta ahora podían encontrarse desempeñando actividades sin contrato, sin cotización o en una situación administrativa extremadamente precaria.

El dato resulta especialmente relevante porque permite observar por primera vez el efecto laboral de la medida más allá de la confrontación política. Ya no se trata únicamente de expedientes, permisos o solicitudes: miles de relaciones laborales están pasando a quedar registradas, sometidas a cotización y vinculadas a derechos como la asistencia por incapacidad, la protección frente al desempleo o la futura pensión.

Sin embargo, la cifra necesita una explicación que todavía no ha sido facilitada. Una alta en la Seguridad Social no equivale necesariamente a una persona distinta con un puesto de trabajo estable. La propia metodología oficial advierte de que un mismo trabajador puede aparecer varias veces cuando mantiene distintas relaciones laborales, cambia de empresa o desarrolla más de una actividad. Las estadísticas de altas contabilizan movimientos laborales, no siempre individuos únicos.

Por tanto, no puede afirmarse todavía que la regularización haya creado 3.900 empleos estables en Asturias. Sí puede sostenerse que ha generado miles de incorporaciones o movimientos dentro del sistema contributivo, un resultado que hasta hace unos meses no existía.

Más de 14.000 solicitudes en Asturias

El proceso extraordinario se cerró en el Principado con 14.161 solicitudes, muy por encima de las previsiones iniciales. En abril, las estimaciones apuntaban a unas 6.500 peticiones y alrededor de 4.350 posibles regularizaciones, pero la respuesta final duplicó ampliamente esos cálculos.

La cifra de 3.900 altas representa, en términos puramente orientativos, alrededor del 27,5% de las solicitudes presentadas en Asturias. Esa comparación debe manejarse con cautela porque enfrenta dos magnitudes diferentes: por un lado, expedientes administrativos; por otro, movimientos de alta laboral que pueden repetirse en una misma persona.

A comienzos de julio, Saiz había informado de que la mitad de los expedientes asturianos estaba ya en ejecución y de que el proceso había generado más de 2.000 incorporaciones a la Seguridad Social. El nuevo balance elevaría ese impacto en cerca de 1.900 altas adicionales en menos de un mes.

La evolución indica que la regularización continúa produciendo efectos incluso después del cierre del plazo de solicitudes, ya que los expedientes admitidos siguen resolviéndose y permiten acceder legalmente al mercado de trabajo.

Permiso provisional para trabajar desde la admisión

Una de las claves del procedimiento es que los solicitantes no tienen que esperar necesariamente a la resolución definitiva para empezar a trabajar.

El real decreto aprobado en abril estableció que, una vez admitida a trámite la solicitud, la persona queda autorizada provisionalmente para residir y trabajar tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, en cualquier territorio y sector de actividad. La autorización se mantiene hasta que se dicte la resolución correspondiente.

Este mecanismo explica la rapidez con la que el procedimiento ha comenzado a reflejarse en la Seguridad Social. Una persona que ya trabajaba de manera informal puede ser contratada legalmente por su empleador; otra puede acceder por primera vez a una oferta; y quien desarrolla una actividad propia puede incorporarse al régimen correspondiente.

La consecuencia inmediata es el afloramiento de una parte de la economía sumergida. El trabajador obtiene derechos y protección, mientras que la empresa queda obligada a cotizar, respetar el convenio aplicable y declarar la relación laboral.

Pero tampoco todo es automáticamente positivo. La regularización administrativa no garantiza por sí sola un empleo digno, estable o bien remunerado. El verdadero resultado dependerá de la duración de los contratos, las jornadas realizadas, los salarios, las bases de cotización y el grado de concentración en empleos precarios.

El SEPEPA ha comenzado a preparar la inserción laboral

Junto a las altas en la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo del Principado habría registrado a unas 600 personas vinculadas al procedimiento extraordinario, según la información difundida durante la visita ministerial.

La inscripción como demandante de empleo permite acceder a ofertas, orientación profesional, programas de formación e itinerarios de inserción. También puede ayudar a detectar qué experiencia laboral poseen los solicitantes, qué títulos necesitan homologar y qué competencias deben reforzar antes de incorporarse a determinados puestos.

No obstante, tampoco se ha publicado todavía una ficha técnica que aclare si esas 600 inscripciones corresponden exclusivamente a nuevos demandantes, si incluyen personas ocupadas que buscan mejorar de empleo o si forman parte de programas específicos vinculados a la regularización.

El desglose es fundamental para conocer si el proceso está sirviendo únicamente para legalizar trabajos que ya existían o si está facilitando nuevas contrataciones.

Hostelería, construcción, comercio y cuidados, en primera línea

Asturias cerró junio con 33.372 trabajadores extranjeros afiliados, 6.196 más que un año antes. La construcción, la hostelería y el empleo doméstico se encuentran entre las actividades con mayor presencia de población extranjera, aunque también crecen el trabajo autónomo y determinados perfiles tecnológicos.

Todo apunta a que una parte relevante de las nuevas altas de la regularización se concentra en sectores con dificultades para cubrir vacantes. Sin embargo, todavía no existe un desglose asturiano que permita afirmarlo con precisión.

En el conjunto de España, las actividades con mayor número de incorporaciones derivadas del proceso fueron la hostelería, con 38.776; el comercio, con 20.195; las actividades administrativas, con 19.327, y la construcción, con 18.310. El 83,4% de las nuevas altas se integró en el Régimen General y el 77,3% figuraba bajo alguna modalidad de contratación indefinida.

Estos porcentajes son nacionales y no pueden trasladarse automáticamente a Asturias. El Principado cuenta con una estructura productiva diferente, una elevada estacionalidad turística y necesidades específicas en sectores como los cuidados, la hostelería, la construcción, la industria auxiliar, el transporte y determinados servicios rurales.

La fotografía real solo podrá conocerse cuando Inclusión o el Gobierno asturiano publiquen el reparto por actividades económicas.

Un proceso mucho mayor de lo previsto

La regularización recibió 1.174.978 solicitudes en toda España, de las que 609.737 ya habían sido tramitadas al terminar junio. En esa fecha, el Ministerio atribuía al procedimiento 159.097 afiliaciones a la Seguridad Social.

El volumen superó ampliamente las previsiones iniciales del Gobierno, que esperaba un proceso de alrededor de medio millón de posibles beneficiarios. Esa diferencia ha obligado a ampliar los recursos administrativos y a solicitar la colaboración de las oficinas de Extranjería para acelerar la resolución de expedientes.

El perfil general de los solicitantes presenta una marcada orientación laboral: el 87% se encuentra en edad de trabajar y cerca de seis de cada diez tienen menos de 34 años. Dos de cada tres proceden de América Central o del Sur, mientras que Colombia, Marruecos, Venezuela y Perú encabezan las nacionalidades con mayor número de peticiones.

En Asturias, las comunidades colombiana y venezolana están protagonizando buena parte del crecimiento reciente de la afiliación extranjera. Esto puede facilitar la integración por la existencia de redes familiares, sociales y lingüísticas, pero también obliga a reforzar la orientación laboral, la homologación de estudios y el acceso a empleos acordes con la cualificación real de cada persona.

Lo que todavía no sabemos

El balance de 3.900 altas es importante, pero insuficiente para evaluar el éxito del proceso.

Falta conocer cuántas personas distintas se encuentran detrás de esos movimientos; cuántos contratos continúan vigentes; qué duración tienen; qué salarios y bases de cotización se están aplicando; y cuántas altas corresponden a trabajos que ya existían de manera informal.

También resulta necesario saber dónde se está produciendo el empleo. No es lo mismo que las contrataciones se concentren en Oviedo, Gijón y Avilés que comprobar que también están llegando a las Cuencas, el occidente, el oriente o los concejos amenazados por la despoblación.

El reparto por sexo y edad permitiría detectar posibles bolsas de precariedad. El desglose por ocupaciones mostraría si las mujeres están quedando concentradas en el servicio doméstico y los cuidados, y si los hombres se incorporan principalmente a la construcción, la hostelería o el trabajo físico.

También debe aclararse cuántos solicitantes cuentan con titulaciones profesionales o universitarias que todavía no pueden utilizar en España. Regularizar a un médico, un técnico, un electricista o una enfermera para que continúe trabajando muy por debajo de su cualificación resuelve el problema administrativo, pero desperdicia una parte importante de su capacidad profesional.

Del empleo oculto a la cotización

El efecto económico más inmediato de la regularización consiste en convertir relaciones laborales invisibles en empleo declarado.

Cada alta implica cotizaciones empresariales y del trabajador, además de una mayor trazabilidad fiscal. También reduce la vulnerabilidad frente a abusos, salarios inferiores al convenio, jornadas interminables o despidos sin ninguna protección.

Para las empresas, la medida amplía la posibilidad de contratar legalmente a personas que ya se encontraban en Asturias y que, en muchos casos, poseían experiencia, formación o conocimiento del puesto, pero carecían de autorización administrativa.

El proceso no trae trabajadores nuevos desde el extranjero: regulariza principalmente a personas que ya residían en España antes del 1 de enero de 2026 y que debían acreditar una estancia mínima, ausencia de antecedentes penales y vínculos laborales, familiares o de vulnerabilidad.

Esta diferencia es importante. La presión sobre determinados servicios públicos ya existía porque los solicitantes vivían previamente en el territorio. Lo que cambia ahora es su capacidad para trabajar legalmente, cotizar y relacionarse con la Administración sin permanecer ocultos.

La cifra necesita apellidos

Las 3.900 altas permiten afirmar que la regularización ya está modificando el mercado laboral asturiano. Es una cifra considerable y muestra que miles de situaciones están saliendo de la clandestinidad administrativa.

Pero el dato, por sí solo, no permite proclamar un éxito completo ni concluir que se han creado 3.900 nuevos empleos estables.

La siguiente obligación del Ministerio y del Principado es publicar una tabla detallada: trabajadores únicos, altas generadas, contratos vigentes, duración, jornada, sector, municipio, régimen, edad, sexo y base media de cotización.

Solo entonces podrá determinarse si Asturias está ante una simple sucesión de movimientos administrativos o ante una incorporación laboral sólida capaz de cubrir vacantes, reducir la economía sumergida, aumentar los ingresos públicos y ofrecer una vida más segura a miles de personas que ya formaban parte de la sociedad asturiana.

La regularización ha abierto la puerta del mercado legal. Ahora falta comprobar qué clase de empleo hay detrás de ella.