El presidente presumió de economía, lucha contra la corrupción e integridad pública y defendió a su esposa y a su hermano, pero no mencionó las medidas de gracia. Tampoco figuraban en la referencia oficial del Consejo de Ministros. Justicia las comunicó al caer la tarde

El Gobierno eligió este martes una llamativa puesta en escena para conceder cinco indultos. Por la mañana, Pedro Sánchez compareció largamente en el Palacio de la Moncloa para ofrecer su balance del curso político. Habló de crecimiento económico, empleo, incendios, vivienda, regeneración democrática y lucha contra la corrupción. También dedicó buena parte de sus respuestas a defender a su esposa, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez, ante las causas judiciales que les afectan.

El presidente llegó a presentar como uno de los grandes logros del Consejo de Ministros la aprobación del proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, una norma destinada —según el propio Ejecutivo— a endurecer la persecución de la corrupción, recuperar el dinero público desviado y elevar las penas y los periodos de inhabilitación.

De lo que Sánchez no dijo una sola palabra fue de los cinco indultos que ese mismo Consejo de Ministros había aprobado.

No se trataba de asuntos menores ni de medidas de gracia concedidas a condenados anónimos. Entre los beneficiarios se encontraban la expresidenta del Parlamento catalán Laura Borràs, condenada por prevaricación y falsedad documental; el exalcalde socialista de Linares Juan Fernández Gutiérrez; y Natalio Grueso Rodríguez, antiguo director general de la Fundación Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer de Avilés.

Ni una palabra en la referencia oficial

La omisión no se limitó a la comparecencia presidencial. La extensa referencia oficial del Consejo de Ministros publicada por La Moncloa detallaba decenas de leyes, decretos, contratos, subvenciones, nombramientos y acuerdos administrativos. Sin embargo, no contenía la palabra «indulto» ni mencionaba a Natalio Grueso o Laura Borràs.

Los indultos comenzaron a conocerse después de las ocho de la tarde, cuando el Ministerio de Justicia distribuyó un comunicado. Las primeras informaciones fueron apareciendo entre las 20.00 y las 21.00 horas, cuando la larga comparecencia presidencial y los principales anuncios del Consejo de Ministros ya habían ocupado buena parte del espacio informativo.

El Boletín Oficial del Estado ha confirmado este miércoles los cinco reales decretos. El Ejecutivo indulta a Natalio Grueso, Laura Borràs, Juan Fernández Gutiérrez, Carolina Villarraga Blandón y Rosa María Poveda Encabo.

La medida es legal y forma parte de las facultades constitucionales del Gobierno. Pero la forma de comunicarla, fuera de la comparecencia presidencial, ausente de la referencia oficial y mediante una nota difundida al anochecer, alimenta inevitablemente la impresión de que el Ejecutivo prefería que los indultos pasaran con el menor ruido posible.

Grueso queda libre de toda la prisión pendiente

El caso de Natalio Grueso es especialmente relevante en Asturias. La Audiencia Provincial lo condenó en 2020 a un total de ocho años de prisión: cinco años por un delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso con falsedad documental y otros tres por un delito continuado societario. También le impuso ocho años de inhabilitación para contratar con las administraciones públicas y una multa. Los hechos se produjeron durante su etapa al frente de la Fundación Niemeyer, entre 2006 y 2012.

El indulto extingue todas las penas de prisión que le quedaban por cumplir. Se mantienen, en cambio, la inhabilitación, la multa y los restantes pronunciamientos de la sentencia. La medida queda condicionada a que Grueso no cometa ningún delito doloso durante los próximos ocho años.

Es, por tanto, un indulto formalmente parcial, pero total en su efecto más importante: Natalio Grueso no tendrá que continuar en prisión.

La decisión resulta todavía más controvertida porque el gestor cultural permaneció durante más de dos años fugado de la Justicia después de que el Tribunal Supremo confirmara su condena. Fue detenido en diciembre de 2025 en la localidad portuguesa de Olhão, en cumplimiento de una orden europea de detención, y posteriormente entregado a España.

Fiscalía y Audiencia se habían opuesto

El Gobierno ha adoptado la medida pese a los informes desfavorables emitidos durante la tramitación del expediente.

La Fiscalía de Asturias se opuso al indulto al considerar que no existían razones de «justicia, equidad o utilidad pública» que lo justificaran. También señaló que Grueso no había permanecido a disposición del tribunal para cumplir la condena y destacó la gravedad de unos delitos relacionados directamente con la corrupción y el manejo de dinero público.

La propia Audiencia Provincial de Asturias informó desfavorablemente en marzo de este año. El tribunal sostuvo que el condenado incumplía los requisitos previstos en la legislación del indulto y recordó que había permanecido fugado después de confirmarse la sentencia.

Frente a esos informes, el Ejecutivo sostiene que concurren razones humanitarias relacionadas con el delicado estado de salud de Grueso. La petición había sido promovida y respaldada por decenas de artistas y profesionales del mundo cultural y audiovisual, entre ellos personalidades como Joan Manuel Serrat y Woody Allen.

El estado de salud puede justificar legítimamente una medida humanitaria. Pero el Gobierno no ha facilitado públicamente información concreta que permita conocer por qué esas circunstancias deben prevalecer sobre la oposición expresa de la Fiscalía y del tribunal que lo condenó.

Cinco medidas de gracia en el último Consejo antes del verano

Junto a Grueso, el Ejecutivo ha reducido de cuatro años y medio a dos años la pena de prisión impuesta a Laura Borràs, manteniendo su multa y sus trece años de inhabilitación. En este caso, el Gobierno se ampara en la propuesta realizada por el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que había considerado excesiva la duración de la pena de cárcel. La Fiscalía, sin embargo, se había opuesto al indulto por la falta de arrepentimiento de la condenada.

También se ha rebajado de tres a dos años la pena de prisión del exalcalde socialista de Linares Juan Fernández Gutiérrez y se han conmutado por penas de dos años las condenas de otras dos personas sentenciadas por delitos contra la salud pública.

La coincidencia resulta políticamente explosiva: el mismo Consejo de Ministros que presentó una ley para endurecer la respuesta frente a la corrupción decidió eliminar o rebajar las penas de prisión de varias personas condenadas por delitos vinculados al uso irregular de fondos o instituciones públicas.

No existe una contradicción jurídica: una cosa es aprobar leyes generales y otra ejercer la potestad excepcional del indulto. Pero sí hay una contradicción política y comunicativa difícil de ignorar.

Sánchez tuvo tiempo para ensalzar la integridad de su Gobierno, comparar su actuación con la corrupción del Partido Popular, defender a sus familiares y reprochar a otros partidos su comportamiento ante los tribunales. Sin embargo, no consideró oportuno informar a los ciudadanos de que acababa de perdonar la cárcel pendiente a un condenado por malversación y falsedad que había permanecido más de dos años fugado.

El problema no es únicamente el contenido de los indultos. Es también el método: una decisión políticamente incómoda, apartada de la comparecencia presidencial, borrada de la referencia oficial del Consejo y comunicada cuando el día informativo tocaba a su fin.

Los indultos terminaron apareciendo en el BOE, como legalmente correspondía. Pero, hasta entonces, el Gobierno hizo todo lo posible para que avanzaran de puntillas.