CSIF y CC OO acusan a Educación de dejar sin garantías reales a los opositores eliminados tras la primera prueba, mientras la Consejería mantiene que las alegaciones deben presentarse al final de todo el proceso selectivo. La convocatoria, ampliada hasta 556 plazas, ha derivado en una ola de quejas por notas muy bajas, falta de desglose, plicas cuestionadas y dudas sobre la corrección.
Las oposiciones docentes de Asturias han estallado por donde más duele: por la nota. La publicación de las calificaciones de la primera prueba del cuerpo de Maestros ha desatado una cascada de reclamaciones, quejas y testimonios de aspirantes que aseguran no entender ni el volumen de suspensos ni la imposibilidad práctica de revisar su examen antes de quedar fuera de la carrera por una plaza.
El conflicto afecta a un proceso de enorme impacto laboral y personal. La Consejería de Educación amplió en abril la oferta del cuerpo de Maestros hasta 556 plazas, 232 más que las inicialmente previstas, con examen convocado para el 20 de junio. La ratio provisional difundida por CC OO situaba en 5.728 las personas admitidas en el turno libre del cuerpo de Maestros, con especialidades de fuerte demanda como Educación Infantil, con 1.629 admitidos; Primaria, con 1.490; Pedagogía Terapéutica, con 839, e Inglés, con 574.
El problema no es solo que muchos hayan suspendido. El problema, denuncian sindicatos y opositores, es que muchos ni siquiera han alcanzado el mínimo exigido en alguna de las dos partes de la primera prueba para que se les pueda sumar la nota. Dicho de forma clara: no es una mala calificación; es una puerta cerrada.
La trampa del 1,25: cuando la nota ni siquiera llega a computar
La primera prueba tiene dos partes: la parte A, de carácter práctico, y la parte B, consistente en el desarrollo de un tema. Cada una se califica de 0 a 5 puntos. La convocatoria establece que la calificación total solo se calcula si el aspirante alcanza al menos 1,25 puntos en cada una de esas dos partes. Además, para superar la prueba y pasar a la segunda, hay que obtener una nota final igual o superior a 5.
Ese detalle técnico es ahora el centro de la tormenta. Para muchos opositores, quedarse por debajo de 1,25 en una de las partes supone la expulsión directa del proceso, aunque en la otra hayan tenido una calificación suficiente o aunque crean que existe un error de corrección, transcripción o aplicación de criterios.
CSIF lo resume con dureza: no se trata de una “simple nota baja”, sino de una calificación con “efecto eliminatorio directo”. El sindicato sostiene que la Consejería deja a los opositores “sin derecho real de reclamación” tras la primera prueba, porque cuando puedan alegar, el proceso ya habrá avanzado.
La reclamación llega tarde, según los sindicatos
La Consejería de Educación ha publicado en Educastur el procedimiento de alegaciones, pero el calendario oficial remite a la base 8.3 de la convocatoria: las alegaciones se presentan una vez finalizadas las dos pruebas de la fase de oposición. El plazo será de dos días desde la publicación de las calificaciones finales obtenidas en esa fase.
Ahí está el choque. Para Educación, el sistema sigue las bases aprobadas. Para CSIF y CC OO, ese modelo es insuficiente porque obliga a reclamar cuando el aspirante eliminado ya no ha podido realizar la segunda prueba. Si al final se estimara una reclamación, habría que retrotraer actuaciones, reabrir parte del procedimiento y reconstruir una oposición que ya habría seguido su curso.
CC OO habla directamente de “oscurantismo” y reclama un proceso “transparente”. El sindicato exige que se publique el desglose íntegro de las calificaciones y que se habilite una revisión efectiva antes de que continúe la fase siguiente. Según la organización, cientos de aspirantes han quedado excluidos sin poder conocer de forma suficiente cómo ha sido evaluado su examen.
Tribunales con muy pocos aprobados
Los testimonios recogidos entre aspirantes apuntan a tribunales con cifras de aprobados muy bajas. En algunos grupos, según denuncian los afectados, la media de personas que superan la primera prueba ronda apenas el 20% del total, con casos extremos de tres aprobados en un tribunal de unos sesenta aspirantes.
En la especialidad de Inglés, algunos opositores sostienen que más de la mitad de quienes se presentaron en determinados tribunales han suspendido. En Pedagogía Terapéutica, otros afectados hablan de grupos con apenas una decena de aprobados, pese a que se trata de aspirantes que, en muchos casos, ya trabajan como interinos y acumulan años de experiencia en las aulas.
El dato agrava la sensación de desconcierto. No hablamos de una oposición minoritaria ni anecdótica, sino de un proceso que afecta a miles de personas y a especialidades clave para el sistema educativo asturiano. En la ratio provisional del turno libre, Pedagogía Terapéutica contaba con 93 plazas y 839 admitidos; Audición y Lenguaje, con 93 plazas y 539 admitidos; Primaria, con 137 plazas y 1.490 admitidos; e Infantil, con 79 plazas y 1.629 admitidos.
Ortografía: la novedad que también pesa
A la dureza del corte se suma una novedad que ha pesado en la corrección: la penalización por faltas de ortografía. La convocatoria establece que en cualquier prueba escrita se restarán 0,2 puntos por cada falta, con un máximo de 1 punto en pruebas calificadas de 0 a 5 y de 2 puntos en las calificadas de 0 a 10. Además, el uso incorrecto o la ausencia de tildes también cuenta como falta.
La norma estaba publicada y no es una sorpresa formal. Pero, en un escenario donde el umbral mínimo de 1,25 en cada parte decide si la nota se suma o no, cualquier penalización puede resultar decisiva. Una o varias faltas pueden no solo bajar una nota: pueden dejarla por debajo del listón que permite seguir compitiendo.
SUATEA ya recogía en su guía informativa para opositores esta novedad y recordaba que la primera prueba suma tema y parte práctica, pero solo si se alcanza ese mínimo de 1,25 en cada una. También advertía de la penalización ortográfica y de que, en las especialidades de idiomas, las pruebas deben desarrollarse en el idioma correspondiente.
Inglés: otra queja sobre el idioma de la prueba
Una de las denuncias que ha circulado entre aspirantes de Lengua Extranjera: Inglés apunta a que los temas figuraban en español. La convocatoria, sin embargo, establece que en las especialidades de idiomas todas las pruebas deben desarrollarse en el idioma correspondiente y que la programación y la unidad didáctica deben elaborarse en ese idioma.
Este punto puede ser especialmente sensible. Si la queja se confirma documentalmente, no estaríamos ante una mera discrepancia sobre una nota, sino ante una posible discusión sobre el cumplimiento de las propias bases. Por ahora, los sindicatos centran el foco en la falta de revisión previa y en la necesidad de transparencia, pero la especialidad de Inglés añade un flanco más a una oposición ya suficientemente incendiada.
Las plicas y el anonimato, otro foco de malestar
El sistema de plicas está diseñado para preservar el anonimato de los aspirantes durante la corrección. La guía oficial del procedimiento explica que los ejercicios escritos son valorados salvaguardando la identidad de los candidatos: cada aspirante introduce sus datos en un sobre pequeño, que queda cerrado y vinculado al examen mediante pegatinas con número de plica.
Por eso ha generado tanta inquietud la denuncia de aspirantes que aseguran que, en un tribunal, los sobres que custodiaban la identidad se quedaron abiertos o sin precintar correctamente. La Consejería no ha confirmado públicamente una incidencia de ese alcance, pero los afectados sostienen que, de ser así, se habría comprometido una de las garantías esenciales del proceso: que el tribunal corrija sin conocer la identidad del opositor.
En una oposición donde una décima puede separar la continuidad de la exclusión, la confianza en el anonimato no es un detalle administrativo. Es una línea roja.
El debate de fondo: ¿selección exigente o sistema disfuncional?
La Consejería puede defender que las bases estaban publicadas, que los criterios fueron conocidos antes de las pruebas y que el procedimiento de alegaciones existe. De hecho, Educastur publicó el 5 de junio los criterios de valoración y los planes de acceso de cada especialidad, además de recordar el llamamiento único y las instrucciones de desarrollo del proceso.
Pero los sindicatos sostienen que una oposición puede estar formalmente regulada y, aun así, ser poco garantista. Ese es el fondo del debate: no si hay normas, sino si esas normas permiten corregir a tiempo un posible error antes de que el daño sea irreversible.
CSIF reclama desde hace años una modificación del modelo estatal de acceso a la función pública docente, con pruebas menos eliminatorias y más garantías para los aspirantes. El Real Decreto 276/2007 regula el marco general de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes, y establece una fase de oposición con dos pruebas en los procedimientos de ingreso.
El malestar asturiano no es un caso aislado. En Murcia, las oposiciones de Maestros celebradas también el 20 de junio han abierto otro debate tras registrar un 62,7% de aspirantes que no superaron la primera prueba, según datos difundidos por la Cadena SER. Allí también se han repetido críticas sindicales sobre la transparencia y el modelo de acceso.
Una oposición que decide vidas
Detrás de cada reclamación hay algo más que una nota. Hay meses —a veces años— de preparación, academias, permisos, conciliación familiar, renuncias y expectativas. Muchos aspirantes son interinos que ya están en las aulas, que conocen los centros, que han trabajado con alumnado real y que ahora ven cómo una calificación mínima en una parte del examen puede dejarlos fuera sin una revisión previa efectiva.
Esa es la razón por la que el conflicto ha adquirido tanta carga emocional. No se discute solo una prueba. Se discute la credibilidad del sistema que decide quién entra en la escuela pública asturiana.
Lo que piden los sindicatos
CSIF ha puesto a disposición de los aspirantes modelos de alegaciones y solicitudes urgentes de revisión, acceso al expediente y medidas provisionales. El sindicato anima a reclamar cuando haya falta de desglose suficiente, imposibilidad de comprobar criterios, ausencia de acceso a instrumentos de corrección, errores materiales, errores aritméticos o cualquier incidencia verificable.
CC OO, por su parte, exige la publicación completa de las calificaciones, el desglose de las notas y una revisión real antes de la segunda prueba. Su tesis es sencilla: si la primera prueba elimina, la revisión también debe llegar antes de que esa eliminación sea irreversible.
Educación se aferra al procedimiento
La Consejería, por ahora, mantiene el criterio oficial: las alegaciones se formulan al final de la fase de oposición y se presentan presencialmente ante el tribunal en su sede, dentro del plazo fijado. Educastur advierte, además, de que no se atenderán alegaciones que no se presenten en tiempo y forma.
La pregunta es si ese criterio resistirá la presión de los sindicatos, de los aspirantes y de una posible acumulación de reclamaciones. Porque si los tribunales mantienen las calificaciones y no se habilita una revisión previa, muchos opositores solo podrán acudir a recursos posteriores, ya con el proceso prácticamente encarrilado.
Un proceso bajo sospecha social
La oposición docente asturiana ha pasado de ser una oportunidad laboral masiva a convertirse en una prueba bajo sospecha social. La Administración defiende el marco legal. Los sindicatos denuncian falta de garantías. Los opositores hablan de indefensión, arbitrariedad y resultados difíciles de explicar.
El desenlace dependerá ahora de tres factores: cuántas reclamaciones se formalicen, qué respuesta den los tribunales y si Educación acepta introducir alguna vía extraordinaria de revisión antes de que el proceso avance de forma definitiva.
Mientras tanto, miles de aspirantes viven pendientes de una nota, de una plica, de una décima y de una pregunta que resume toda la tormenta: si una prueba elimina, ¿por qué la revisión llega cuando ya no queda nada que salvar?
