Consumo admite al Ministerio como parte interesada en el procedimiento abierto por el cobro íntegro de la AP-66 pese a las restricciones. La clave ahora está en saber qué argumentos aporta el Estado y hasta dónde puede condicionar el expediente

El conflicto por el peaje del Huerna acaba de dar un giro que trasciende ya la discusión sobre cuánto debe pagar un conductor por utilizar una autopista afectada durante meses por obras y restricciones.

La Dirección General de Consumo del Principado ha admitido la personación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en el expediente abierto contra Aucalsa, concesionaria de la AP-66, por mantener el cobro íntegro del peaje pese a las afecciones sufridas en la vía.

La entrada del Ministerio introduce ahora una nueva dimensión institucional en un procedimiento que hasta ahora enfrentaba básicamente al órgano autonómico de Consumo con la empresa concesionaria.

Y abre una pregunta que todavía no tiene respuesta pública completa:

¿Qué pretende defender exactamente Transportes dentro del expediente?

Un expediente por pagar lo mismo pese a recibir un servicio condicionado

El origen del procedimiento está en las restricciones que han afectado durante un largo periodo a la principal conexión viaria entre Asturias y la Meseta.

Las obras derivadas del gran desprendimiento registrado en noviembre de 2024 en Lena obligaron a modificar la circulación y utilizar soluciones provisionales en la AP-66. La recuperación de la normalidad se ha prolongado durante casi dos años y los trabajos para despejar definitivamente el tramo afectado estaban culminando estos días.

Durante ese tiempo, sin embargo, el importe del peaje continuó cobrándose íntegramente.

Ese es precisamente el núcleo del expediente de Consumo: determinar si una concesionaria puede mantener el precio habitual cuando las condiciones en las que se presta el servicio han sufrido alteraciones relevantes.

Transportes pidió entrar ya en agosto

La aparición del Ministerio en el procedimiento no se produjo de la noche a la mañana.

El pasado 19 de agosto, Transportes solicitó formalmente personarse como parte interesada en el expediente sancionador.

Entonces, el propio Gobierno asturiano reconoció su sorpresa y anunció que estudiaría la viabilidad jurídica de la petición antes de decidir si permitía la incorporación del Ministerio.

Un mes después, la respuesta ya está tomada:

Consumo admite la personación.

Eso significa que Transportes podrá participar administrativamente en un expediente que afecta directamente a una concesión estatal.

Lo que todavía no sabemos

Aquí está probablemente la parte más interesante del asunto.

Desde Consumo se interpreta que la intervención ministerial podría dirigirse a aportar argumentos favorables a Aucalsa. Su director general, Faustino Zapico, ha llegado a señalar que, si Transportes quiere proporcionar información para exculpar a la concesionaria, el Principado no impedirá que lo haga.

Pero esa es la interpretación de Consumo.

En la información pública disponible no aparece todavía una explicación detallada del Ministerio en la que se conozcan los argumentos concretos de su personación, qué documentación pretende incorporar o qué posición jurídica mantiene sobre la responsabilidad de Aucalsa.

Por tanto, todavía no puede afirmarse como hecho que Transportes haya entrado en el expediente para defender a la empresa.

Y esa distinción es importante.

La gran batalla puede ser jurídica

Más allá del enfrentamiento institucional, el expediente puede acabar girando alrededor de una cuestión menos llamativa, pero mucho más decisiva:

quién tiene realmente la competencia para exigir responsabilidades por la calidad del servicio de una autopista estatal sometida a concesión.

Transportes es la Administración concedente de la AP-66 y Aucalsa explota la infraestructura mediante una concesión estatal.

Consumo asturiano, por su parte, aborda el asunto desde los derechos de los usuarios que han pagado por utilizar el servicio.

La personación del Ministerio puede servir, por tanto, para discutir responsabilidades, competencias o incluso la interpretación de las condiciones contractuales de la concesión.

Hasta que se conozca el contenido de sus alegaciones, cualquier conclusión más allá de eso sería prematura.

Aucalsa también ha presentado sus argumentos

Mientras se resuelve este nuevo elemento, el procedimiento continúa.

Aucalsa presentó hace semanas sus alegaciones frente al expediente y Consumo está ultimando actualmente la respuesta.

Ese documento será especialmente relevante porque permitirá conocer si el Principado mantiene íntegramente su tesis inicial, modifica alguno de sus argumentos o avanza hacia una eventual sanción.

Y ahora deberá hacerlo con un nuevo actor sentado formalmente a la mesa.

El Huerna recupera la normalidad, pero el conflicto sigue

La paradoja es que este nuevo frente administrativo se abre precisamente cuando la autopista comienza a dejar atrás una de sus etapas más complicadas.

Los trabajos relacionados con el gran desprendimiento están llegando a su final y los transportistas han celebrado la recuperación progresiva de la normalidad en la conexión entre Asturias y León, aunque continúan existiendo afecciones vinculadas a otras obras, especialmente en el entorno del Negrón.

La carretera puede estar acercándose a la normalidad.

El conflicto por lo cobrado durante todo este tiempo, en cambio, acaba de entrar en una fase mucho más delicada.

Ahora la atención estará puesta en tres documentos: las alegaciones de Aucalsa, la respuesta de Consumo y, sobre todo, los argumentos con los que Transportes justifique su entrada en el procedimiento.

Porque ahí estará la respuesta a la pregunta que realmente importa: si el Estado entra simplemente por su condición de Administración concedente o si su actuación termina reforzando la posición jurídica de la concesionaria.