La Guardia Civil mantiene desplegado un amplio dispositivo para localizar a los internos huidos del Centro de Responsabilidad Penal del Menor. El grave incidente llega menos de dos meses después de que el Principado asumiera directamente la gestión de unas instalaciones desbordadas por la conflictividad y la sobreocupación

Una nueva noche de violencia ha vuelto a encender todas las alarmas en el Centro de Responsabilidad Penal del Menor de Sograndio, en Oviedo. Cinco jóvenes internos habrían logrado escapar de las instalaciones durante un grave altercado en el que cinco vigilantes de seguridad resultaron heridos, según el primer balance conocido durante la madrugada de este martes.

La Guardia Civil activó inmediatamente un dispositivo de búsqueda para tratar de localizar a los fugados, mientras los trabajadores del centro consiguieron recuperar el control dentro del recinto. A primera hora de la mañana todavía no se había comunicado oficialmente cuántos de los jóvenes continuaban en paradero desconocido ni si alguno había sido ya localizado.

Los hechos se produjeron durante la noche del lunes 3 al martes 4 de agosto. Las circunstancias concretas de la fuga —cómo abandonaron el recinto, qué zonas consiguieron superar y si emplearon objetos para forzar puertas, ventanas o vallados— se encuentran todavía pendientes de confirmación oficial.

También falta conocer el alcance exacto de las lesiones sufridas por los cinco vigilantes, si necesitaron atención hospitalaria y qué trabajadores se encontraban de servicio cuando comenzó el incidente.

La Viceconsejería de Justicia y la Guardia Civil deberán aclarar ahora la secuencia completa de lo ocurrido.

Una situación controlada dentro del centro y una búsqueda abierta en el exterior

Tras los momentos de máxima tensión, la situación interior quedó controlada y los restantes internos fueron conducidos de nuevo a las zonas de seguridad. Paralelamente, agentes de la Guardia Civil comenzaron a rastrear los alrededores de Sograndio y las posibles vías de salida hacia Oviedo y otros puntos de la zona central de Asturias.

El operativo podría ampliarse a estaciones, carreteras y lugares frecuentados por los fugados, en función de la información que faciliten el propio centro y los juzgados responsables de sus medidas de internamiento.

Al tratarse de jóvenes sujetos a la legislación penal del menor —aunque algunos internos de Sograndio pueden haber alcanzado ya la mayoría de edad mientras cumplen sus medidas—, su identidad, imágenes y circunstancias personales están legalmente protegidas.

La información pública deberá limitarse, por tanto, al número de fugados, sus edades aproximadas y los datos operativos que las autoridades consideren necesarios, sin proporcionar elementos que permitan reconocerlos.

El incidente más grave desde la intervención del centro

Lo ocurrido esta madrugada adquiere una dimensión especialmente preocupante porque se produce cuando Sograndio se encuentra bajo gestión directa de la Viceconsejería de Justicia.

El Principado tomó el control cotidiano del centro el pasado 9 de junio, después de varios episodios violentos que dejaron numerosos trabajadores heridos. La Administración creó un grupo de dirección encabezado por la viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente, e integrado por responsables del servicio de Justicia del Menor, la dirección del centro, los coordinadores socioeducativos, el responsable de seguridad y el encargado de mantenimiento. 

La intervención se planteó inicialmente para un periodo mínimo de tres meses. Su objetivo era dirigir el funcionamiento diario, revisar los protocolos y reducir una conflictividad que el propio Gobierno asturiano reconocía como extraordinariamente elevada.

Dos meses después, la fuga de cinco internos y las lesiones de otros cinco trabajadores vuelven a situar en cuestión la eficacia de las medidas adoptadas.

Un centro preparado para 30 jóvenes que llegó a albergar más de 50

Cuando el Gobierno asumió la gestión, el consejero de Hacienda y Justicia, Guillermo Peláez, reconoció que Sograndio alojaba 54 internos, frente a los aproximadamente 30 que tenía habitualmente.

Esa sobreocupación había generado, en palabras del Ejecutivo, una “presión asistencial muy notable”. Además, algunos internos ya habían alcanzado la mayoría de edad, por lo que la Consejería anunció que solicitaría cambios de régimen para los casos considerados más conflictivos. 

La masificación no constituía únicamente un problema de espacio. Los trabajadores advertían de que dificultaba la separación de grupos, complicaba la respuesta ante los altercados y reducía las posibilidades de desarrollar una verdadera labor educativa y de reinserción.

El centro no funciona como una prisión convencional. Acoge a jóvenes que cumplen medidas judiciales y debe combinar la custodia con programas educativos, psicológicos, sanitarios y sociales. Cuando la mayor parte de los recursos se dedica a contener incidentes, esa tarea de reinserción queda seriamente comprometida.

Meses de advertencias sobre fugas y agresiones

La crisis de Sograndio no comenzó esta madrugada.

En febrero, trabajadores del equipamiento denunciaron que durante los dos meses anteriores se habían producido varios altercados, intentos de fuga y evasiones consumadas. También señalaron deficiencias en el edificio, falta de calefacción y agua caliente, desprendimientos, humedades y problemas constantes de coordinación.

La plantilla aseguraba entonces que el personal de vigilancia no siempre estaba completo debido a las bajas médicas y al desgaste provocado por los incidentes. Aunque el contrato de seguridad había aumentado el número teórico de vigilantes de 35 a 49 y se habían instalado más cámaras, los trabajadores sostenían que los refuerzos no se traducían siempre en una mayor presencia efectiva dentro del recinto. 

En marzo, la Asociación Profesional de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias reclamó un protocolo de actuación “claro y definido” y alertó de que los internos podían acceder durante los talleres a herramientas potencialmente peligrosas. También pidió medios de protección como cascos y escudos para intervenir ante episodios violentos. 

En mayo, decenas de empleados se concentraron ante la Consejería de Hacienda para denunciar el estado “deplorable” del edificio, la falta de personal y la ausencia de un proyecto educativo adaptado a cada joven. Los sindicatos afirmaron además que la adjudicataria de la seguridad no cubría todos los servicios incluidos en el contrato. 

Vigilantes heridos y trabajadores al límite

La situación empeoró en junio. Un altercado protagonizado por ocho internos dejó cuatro trabajadores heridos, tres de los cuales tuvieron que recibir atención en el Hospital Universitario Central de Asturias. Apenas unas horas después se produjo otro incidente que elevó aún más el balance de lesionados. 

Aquella sucesión de agresiones provocó que el Principado decidiera intervenir directamente el centro.

Los sindicatos CSIF y Usipa describieron entonces una situación “angustiosa” y amenazaron con convocar paros si no se adoptaban medidas urgentes. Denunciaban que los vigilantes debían intervenir continuamente para contener enfrentamientos y que la escasez de personal obligaba a asumir una carga de trabajo y un riesgo físico excesivos.

La fuga de esta madrugada se produce, por tanto, después de meses de advertencias y cuando la Administración ya había reconocido públicamente que el modelo necesitaba cambios profundos.

Un edificio que el propio Gobierno considera superado

El estado de las instalaciones constituye otro elemento central de la crisis.

El Gobierno de Asturias anunció el 5 de junio su intención de construir un nuevo edificio, preferentemente en la misma parcela donde se encuentra el actual, siempre que las condiciones urbanísticas lo permitan. El Ejecutivo admitió que reformar el inmueble existente obligaría a compatibilizar las obras con la presencia diaria de los internos, una circunstancia que complicaría enormemente la intervención. 

La decisión suponía reconocer que las reparaciones parciales ya no bastaban para garantizar un funcionamiento adecuado.

Sin embargo, la construcción de un nuevo centro requerirá proyecto, financiación, autorizaciones y varios años de obras. Hasta entonces, el Principado tendrá que gestionar la seguridad y la convivencia en unas instalaciones que la plantilla considera obsoletas.

Las preguntas que deben responderse ahora

La investigación deberá determinar cómo pudieron escapar cinco internos de un recinto que había reforzado sus cámaras y su plantilla de vigilancia.

Será necesario conocer si la fuga fue improvisada o planificada, cuánto tiempo transcurrió desde el comienzo del altercado hasta que se dio la alarma y qué barreras de seguridad fueron superadas.

También deberá aclararse:

• cuántos vigilantes y educadores prestaban servicio en ese momento;
• si todos los puestos previstos estaban cubiertos;
• qué medios de protección tenían los trabajadores;
• si existían avisos previos sobre los jóvenes implicados;
• y si los protocolos aprobados tras la intervención de junio se aplicaron correctamente.

La Viceconsejería de Justicia tendrá que explicar igualmente qué decisiones se adoptaron desde que asumió la dirección efectiva del centro y si las medidas implantadas habían corregido alguna de las deficiencias denunciadas por la plantilla.

Una nueva prueba para la gestión de Sograndio

La prioridad inmediata es localizar a los huidos y garantizar la recuperación de los trabajadores heridos. Después llegará el momento de establecer responsabilidades y comprobar qué falló.

Sograndio no afronta un episodio aislado. La fuga se suma a una sucesión de agresiones, intentos de evasión, bajas laborales, protestas sindicales y advertencias sobre la falta de medios.

El Gobierno ya había reconocido la sobreocupación, había intervenido la gestión y había anunciado la construcción de otro edificio. La nueva crisis obliga ahora a responder una pregunta mucho más urgente: cómo garantizar la seguridad de trabajadores e internos durante los años que todavía quedan hasta que el nuevo centro pueda convertirse en una realidad.