Juanma Moreno ya tiene investidura y legislatura. Pero no gratis. El precio político del acuerdo con Vox es la entrada de la formación de Santiago Abascal en el Gobierno andaluz por primera vez y la incorporación al programa de la Junta de buena parte del vocabulario ideológico que Moreno había tratado de mantener fuera de su perfil de moderación.

El Parlamento de Andalucía invistió este jueves a Juanma Moreno como presidente de la Junta en segunda votación, con 68 votos a favor, los del PP y Vox, y 41 en contra, después de que ambas formaciones cerraran a última hora el llamado “Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía”. La primera votación había fracasado porque el PP, con 53 escaños, se quedó a dos de la mayoría absoluta, situada en 55. Vox, con 15 diputados, se convirtió así en llave imprescindible.

El documento firmado por Juanma Moreno y Manuel Gavira consta de 150 medidas y se articula en torno a quince bloques: fiscalidad, inmigración, energía, industria y empleo, familia, cultura y turismo, vivienda, movilidad, educación, justicia, sanidad, sector primario, medio ambiente, gasto superfluo, leyes ideológicas, cláusula final y distribución de responsabilidades.

La base numérica del pacto es clara. El propio acuerdo recoge que el PP ganó las elecciones andaluzas del 17 de mayo de 2026 con 1.744.728 votos, el 41,6% y 53 diputados, mientras que Vox alcanzó 580.293 votos, el 13,8% y 15 escaños. Juntos suman 68 de los 109 diputados del Parlamento andaluz, una mayoría del 62,4% de la Cámara.

La principal cesión institucional del PP es la entrada de Vox en el Ejecutivo. Manuel Gavira será vicepresidente y asumirá una consejería que agrupa Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local. Además, Vox obtiene la Vicepresidencia Primera de la Mesa del Parlamento andaluz y un senador por designación autonómica.

El acuerdo no supone una simple abstención ni un apoyo externo. Es un pacto de legislatura con disciplina parlamentaria. La cláusula final compromete a PP y Vox a actuar con lealtad institucional, mantener la unidad de voto en el Parlamento y votar juntos en presupuestos, proposiciones de ley, convalidación de decretos leyes y comisiones de investigación que puedan afectar a la estabilidad del Gobierno.

El punto más delicado: la “prioridad nacional”

La clave política del pacto está en la incorporación de la llamada “prioridad nacional”, una de las principales exigencias de Vox. El acuerdo la introduce en el acceso a ayudas, subvenciones y prestaciones públicas, vinculándola al arraigo, al empadronamiento, a la cotización y a la contribución al sistema. También se aplica al acceso a vivienda protegida y alquiler social.

En la práctica, el PP acepta un marco discursivo de Vox que diferencia entre quienes acrediten una relación estable con Andalucía y España y quienes no. El pacto contempla la exclusión de personas en situación irregular de prestaciones y servicios sociales estructurales, salvo casos de urgencia vital.

Moreno ha tratado de rebajar el alcance político de este concepto equiparándolo al “arraigo” que, según él, ya existe en determinadas ayudas públicas. Pero el efecto político es evidente: el presidente andaluz, que durante años ha construido una imagen de gestor moderado y autónomo respecto a la dirección nacional del PP, acepta ahora un lenguaje que Vox ha convertido en seña de identidad en sus pactos autonómicos.

Inmigración: el bloque más ideológico

El acuerdo endurece el discurso migratorio de la Junta. Incluye el rechazo al reparto de menores migrantes no acompañados, la petición de reforzar políticas de retorno, la auditoría del gasto público vinculado a población extranjera y la prohibición del burka y el nicab en espacios públicos autonómicos. RTVE también recoge que el pacto insta al Gobierno central a adaptar la legislación al nuevo reglamento europeo de retornos y endurece la posición frente a la política migratoria del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El giro es relevante porque Andalucía no tiene las competencias troncales en extranjería, que corresponden al Estado. Eso significa que parte del acuerdo tiene más valor político y simbólico que capacidad ejecutiva inmediata. Pero ahí está precisamente la importancia: Vox no solo entra en el Gobierno; logra que la Junta adopte su marco de debate.

Fiscalidad: 325 millones al año en rebajas

El bloque fiscal es la parte más claramente asumible para el PP. El acuerdo incluye una bajada progresiva del tramo autonómico del IRPF para rentas inferiores a 60.000 euros, con una reducción acumulada de un punto al final de la legislatura. Fuentes del PP-A citadas por Europa Press cifran el impacto de las rebajas fiscales en 325 millones de euros al año, es decir, 1.300 millones durante la legislatura.

También se pactan deducciones por nacimiento o adopción: 500 euros por el primer hijo, 1.000 por el segundo y 1.500 por el tercero y sucesivos, además de mejoras para familias numerosas, gastos educativos y personas con discapacidad.

Aquí el PP conserva su relato económico: menos impuestos, apoyo a familias y estímulo a la actividad. La diferencia es que ahora ese bloque fiscal queda empaquetado dentro de un acuerdo más amplio donde Vox ha colocado medidas de identidad, inmigración, memoria y agenda climática.

Sanidad, vivienda y educación: medidas de gestión con carga política

En sanidad, el pacto promete una auditoría y un plan de choque para reducir listas de espera, reforzar la Atención Primaria, mejorar cribados oncológicos y avanzar en colaboración público-privada con criterios de transparencia. RTVE recoge también el compromiso de incrementar el presupuesto sanitario en proporción al crecimiento global del presupuesto autonómico.

En vivienda, el acuerdo habla de aumentar la oferta, impulsar vivienda protegida y aplicar con firmeza el desahucio exprés. También se prevé excluir del acceso a vivienda pública a condenados por allanamiento o usurpación en los últimos cinco años.

En educación, aparecen medidas como la concertación progresiva del Bachillerato, el fin del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en Andalucía y la inclusión de la historia del terrorismo en los planes de estudio.

Memoria, sindicatos y Agenda 2030: Vox marca territorio

El acuerdo incorpora una nueva Ley de Concordia que sustituirá la normativa vigente en materia de memoria histórica. El documento fija como plazo registrar la iniciativa antes de que acabe 2026.

También se prevé revisar entidades públicas, subvenciones y lo que el texto denomina “leyes ideológicas”, con el compromiso de derogar o modificar disposiciones, organismos, subvenciones o ayudas consideradas superfluas o ineficientes.

Además, el pacto incluye rechazo a políticas vinculadas al Pacto Verde, la Agenda 2030 y determinadas exigencias medioambientales europeas, así como recortes o revisión de ayudas a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas sin utilidad pública acreditada.

La lectura política: Moreno gana poder, pero pierde pureza centrista

El acuerdo resuelve el problema inmediato de Moreno: evita una repetición electoral, garantiza la investidura y le permite arrancar la legislatura con una mayoría amplia. Pero cambia la naturaleza política de su Gobierno. Ya no es el Moreno de la mayoría absoluta ni el presidente que podía presumir de gobernar sin depender de Vox.

El PP consigue limitar la entrada de Vox a una sola consejería, aunque con rango de vicepresidencia. También conserva áreas sensibles como Agricultura, Cultura y Asuntos Sociales, que Vox aspiraba a controlar. Pero Vox obtiene algo más estratégico: presencia en el Consejo de Gobierno, visibilidad institucional, capacidad de condicionar los presupuestos y la incorporación de su agenda en inmigración, memoria, vivienda, educación y medio ambiente.

La oposición ha cargado contra el pacto no solo por su contenido, sino por su forma. PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía criticaron que el acuerdo se presentara apenas minutos antes de la votación de investidura, sin un debate parlamentario específico sobre sus términos. RTVE recoge que María Jesús Montero lo calificó de “doblemente vergonzante” por haberse negociado con “oscuridad”, mientras que Adelante Andalucía habló de “atropello democrático”.

Moreno logra una mayoría poderosa, pero entra en una legislatura políticamente más incómoda. Vox no ha conseguido gobernar Andalucía desde la posición dominante que pretendía, pero sí ha logrado romper el cordón simbólico de San Telmo y colocar sus conceptos centrales en el programa de la Junta.

La fotografía final es nítida: el PP mantiene la Presidencia y el grueso del poder; Vox entra en el Gobierno y marca el marco ideológico. Moreno gana estabilidad parlamentaria, pero pierde una parte de la marca de moderación que le había permitido diferenciarse del resto del PP. Y Andalucía se convierte, de nuevo, en laboratorio político nacional. Esta vez, no por el cambio de 2018, sino por la normalización plena de una coalición PP-Vox en la comunidad más poblada de España.