El Principado aprueba la modificación del II Plan del Lobo y prepara el programa 2026-2027, que permitirá volver a autorizar extracciones de ejemplares tras la sentencia del Supremo

El Gobierno de Asturias mueve ficha para recuperar el control poblacional del lobo con cobertura legal reforzada. El Ejecutivo autonómico ha aprobado la modificación del II Plan de Gestión del Lobo, una revisión del decreto que adapta la normativa asturiana a los últimos cambios legales y a la doctrina fijada por el Tribunal Supremo.

El objetivo es claro: reanudar las extracciones de ejemplares con plenas garantías jurídicas y dar respuesta a una de las principales demandas del sector ganadero, especialmente en las zonas rurales donde la presencia del lobo y los ataques al ganado siguen siendo motivo de tensión.

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria iniciará próximamente la tramitación del programa de control correspondiente al período 2026-2027. Ese documento será el que permita volver a aplicar medidas concretas sobre la población de lobos en Asturias.

Un nuevo marco para evitar otro bloqueo judicial

La modificación aprobada por el Principado busca corregir las debilidades legales que habían dejado en suspenso parte de la gestión autonómica. En 2021, la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, el Lespre, limitó de forma notable la capacidad de actuación de las comunidades autónomas.

Esa situación cambió posteriormente con una modificación legal vinculada a la Ley 1/2025, que permitió recuperar margen de gestión para los territorios afectados. Asturias adapta ahora su propio plan a ese nuevo escenario normativo.

Pero el decreto también responde a otro elemento clave: la sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2026, que declaró la nulidad sobrevenida del artículo 7.5.a del II Plan del Lobo, relativo a los métodos de control de la población. A raíz de ese fallo, el programa que estaba en vigor quedó suspendido.

Con la revisión del decreto, el Principado pretende evitar nuevas grietas jurídicas y garantizar que las futuras actuaciones puedan ejecutarse sin quedar expuestas a anulaciones judiciales.

El Gobierno defiende su compromiso con la ganadería

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, presentó los cambios acompañado por el director general de Planificación Agraria, Marcos da Rocha. Marcos defendió que la medida demuestra el compromiso del Ejecutivo con el campo asturiano.

“Una vez más, demostramos con hechos, y no solo con palabras, nuestro compromiso rotundo con el sector ganadero”, señaló el consejero.

Marcos insistió en que la convivencia entre la actividad ganadera y la fauna salvaje exige herramientas efectivas de gestión. “Queremos hacer posible la coexistencia de la actividad en el medio rural con la fauna salvaje, y ello pasa forzosamente por el control de la población de lobos con plenas garantías jurídicas”, afirmó.

Un programa anterior suspendido tras abatirse 31 lobos

El programa de control que estaba en marcha antes de la sentencia del Supremo preveía la eliminación de 53 ejemplares. Durante su vigencia fueron abatidos 31 lobos, mientras que otros 13 aparecieron muertos por otras causas.

Según los datos del Principado, el grado de ejecución alcanzó el 83% antes de la suspensión. Ahora, con la modificación del decreto, Medio Rural podrá iniciar el procedimiento para elaborar un nuevo programa de control adaptado al marco legal actual.

El siguiente paso será la publicación del decreto en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. A partir de ese momento, la Consejería podrá comenzar la tramitación formal del nuevo programa 2026-2027.

La población crece hasta las 50 manadas

La decisión del Gobierno asturiano llega en un contexto de crecimiento de la población de lobos. Según los datos oficiales, Asturias alcanzó en 2025 las 50 manadas, de las cuales 46 son reproductoras.

El incremento es del 11% respecto al censo anterior, en el que se habían contabilizado 45 manadas. Además, el Principado está evaluando la posible existencia de otros cinco grupos, detectados a partir de distintos indicios. Esos grupos podrían ser nuevas manadas o formar parte de alguna ya conocida.

Para el Ejecutivo autonómico, estos datos refuerzan la necesidad de contar con un instrumento de gestión operativo, actualizado y jurídicamente sólido.

Una decisión con fuerte carga política y rural

La gestión del lobo vuelve así al centro del debate político y territorial en Asturias. Para el Gobierno autonómico, el control poblacional es una herramienta imprescindible para proteger la ganadería extensiva y mantener viva la actividad en el medio rural. Para los colectivos conservacionistas, en cambio, este tipo de medidas suelen despertar una fuerte oposición por su impacto sobre una especie protegida y de alto valor ecológico.

El Principado intenta ahora situarse en un punto de equilibrio: defender la coexistencia entre ganadería y fauna salvaje, pero recuperando la capacidad de intervenir cuando la presión del lobo sobre el ganado se considera excesiva.

La modificación del II Plan de Gestión del Lobo abre, por tanto, una nueva etapa. Asturias no solo quiere volver a controlar la población de lobos, sino hacerlo con un blindaje jurídico que impida que cada programa acabe en los tribunales. El conflicto seguirá vivo, porque el lobo nunca ha sido solo una cuestión ambiental: en Asturias es también una cuestión económica, rural, política y emocional.