La Fiscalía y la familia de Andrea Llamas Grana, motorista de 31 años fallecida en la autopista entre Gijón, Avilés y Oviedo, reclaman cuatro años de prisión y seis años sin carné para un conductor al que la acusación particular atribuye un historial previo de muerte al volante

Andrea Llamas Grana salió aquella tarde en moto y no volvió a casa. Tenía 31 años, vivía en Coruño, en Llanera, con su marido, su hijo de tres años y sus dos hijastros, y regresaba de una ruta con su grupo motero cuando la autopista “Y” se convirtió en el escenario de una tragedia que ahora llega a juicio.

El próximo martes, la sección penal del Tribunal de Instancia de Oviedo juzgará al conductor acusado de provocar el accidente que acabó con su vida el 31 de mayo de 2024. La Fiscalía y la acusación particular, ejercida por la familia de Andrea bajo la dirección letrada de María Escanciano y Naira González, solicitan para él cuatro años de prisión y seis años de retirada del permiso de conducir.

No es una petición cualquiera. Cuatro años es el máximo previsto para el homicidio por imprudencia grave. Y, en este caso, la familia reclama precisamente eso: la pena más alta. No solo por la muerte de Andrea, sino porque sostiene que el acusado ya había sido condenado anteriormente por otro homicidio imprudente en accidente de tráfico.

La posición de la familia

La familia de Andrea insiste en que el acusado no debería haber seguido conduciendo tras su anterior condena. Considera que la respuesta penal en aquel momento fue insuficiente y que esa circunstancia ha tenido consecuencias irreparables.

Para ellos, la muerte de Andrea no es solo el resultado de un accidente, sino el desenlace de una cadena de decisiones y de una actuación previa que, a su juicio, no evitó que el conductor volviera a ponerse al volante.

Una Kawasaki, un Peugeot 307 y un impacto mortal en el kilómetro 25,3

El siniestro se produjo sobre las diez de la noche. Andrea circulaba en sentido Oviedo a bordo de su Kawasaki. Había participado en una ruta motera y, en ese momento, ya se había separado de sus compañeros.

Al llegar al kilómetro 25,3 de la autopista “Y”, dentro del término municipal de Oviedo, fue golpeada por un Peugeot 307 conducido por el acusado. Según la acusación, el impacto se habría producido presumiblemente por un despiste del conductor del turismo.

La colisión proyectó a la motorista contra la calzada. Andrea sufrió heridas gravísimas y falleció posteriormente. El conductor y los demás ocupantes del coche resultaron ilesos.

Los agentes de la Guardia Civil de Tráfico comprobaron después que el acusado estaba afectado por el consumo de bebidas alcohólicas, un elemento determinante en la acusación y en la gravedad penal que se atribuye a los hechos.

Alcohol al volante: cuando un segundo mata

La presencia de alcohol cambia por completo la lectura de un accidente. No convierte automáticamente cada siniestro en delito, pero sí sitúa la conducta bajo una lupa mucho más severa cuando hay una muerte, una imprudencia grave y una relación directa con la conducción.

El alcohol reduce reflejos, altera la percepción, aumenta la falsa seguridad y deteriora la capacidad de reacción. En carretera, eso puede significar invadir un carril, calcular mal una distancia, no ver una motocicleta o reaccionar tarde. En un turismo, el golpe puede quedar en chapa. En una moto, el impacto lo recibe directamente el cuerpo.

Andrea iba en una motocicleta. No tenía carrocería ni margen de protección. La fragilidad del motorista frente a un coche es una de las realidades más duras de la siniestralidad vial.

La acusación pide 480.000 euros

La acusación particular reclama indemnizaciones que rondan los 480.000 euros. La cantidad incluye el daño causado a la familia y la pérdida de calidad de vida derivada de la muerte de Andrea.

Más allá de la cuantía económica, el procedimiento refleja el impacto que tuvo el fallecimiento en su entorno más cercano. Andrea vivía con su familia en una vivienda alquilada con derecho a compra y trabajaba en una gasolinera. Tras su muerte, su marido no pudo mantener la vivienda y la familia tuvo que trasladarse a un piso, perdiendo lo ya invertido.

La pérdida no fue solo personal, sino también material y estructural para el núcleo familiar.

El antecedente que endurece el caso

Uno de los elementos clave del juicio es el supuesto antecedente penal del acusado. Según la acusación particular, el conductor ya fue condenado hace unos cinco años por hechos similares en los que murió un hombre.

En aquel procedimiento, siempre según esta versión, se habría conformado con una pena rebajada que le permitió no ingresar en prisión, además de abonar indemnizaciones económicas.

Este punto será determinante en el juicio, ya que la acusación sostiene que una respuesta penal más severa en aquel momento podría haber evitado que el acusado volviera a conducir.

El acusado, de profesión repartidor de bebidas, se enfrenta ahora a una petición de cuatro años de prisión y seis años sin carné.

La pena máxima para una muerte imprudente

El caso se encuadra, según las acusaciones, en un presunto homicidio por imprudencia grave cometido con vehículo a motor. El Código Penal castiga este delito con penas de uno a cuatro años de prisión. Además, cuando la muerte se causa conduciendo un vehículo a motor o un ciclomotor, puede imponerse la privación del derecho a conducir durante un periodo de uno a seis años.

Por eso la petición de Fiscalía y acusación particular se sitúa en el máximo previsto: cuatro años de cárcel y seis años de retirada del permiso.

El tribunal deberá valorar la mecánica del siniestro, el grado de imprudencia, el consumo de alcohol, la conducta del acusado y los informes periciales, así como la relación entre la maniobra del vehículo y el fallecimiento de Andrea.

La “Y”, una autopista cotidiana convertida en lugar de duelo

La autopista “Y” es una de las principales vías de Asturias. Une Oviedo, Gijón y Avilés y soporta un elevado volumen de tráfico diario.

Para la familia de Andrea, el kilómetro 25,3 ha dejado de ser un punto de paso para convertirse en el lugar donde se produjo la tragedia.

La joven falleció en una vía habitual, en un trayecto de regreso tras una actividad cotidiana, lo que refuerza el impacto del suceso.

Los moteros y el recuerdo de Andrea

El fallecimiento de Andrea conmocionó a su entorno y al colectivo motero asturiano. En su despedida, numerosos motoristas acompañaron a la familia en un velatorio marcado por la emoción.

Con el juicio a las puertas, el caso vuelve a poner el foco en la respuesta judicial ante accidentes mortales en los que concurren factores como el consumo de alcohol y posibles antecedentes.

Una familia frente al juicio

El martes, en Oviedo, se juzgará la responsabilidad penal del conductor acusado de provocar el accidente. El proceso deberá determinar si existió imprudencia grave y cuál es la pena correspondiente.

Andrea Llamas Grana tenía 31 años y una vida familiar y laboral estable. Su fallecimiento dejó un vacío profundo en su entorno.

La familia afronta el juicio con la expectativa de que se depuren responsabilidades y se adopte una decisión acorde a la gravedad de los hechos.