El Congreso ha aprobado 16 Resoluciones al Debate sobre el Estado de la Nación, de las que 14 han sido impulsadas por el Grupo Popular, una por el PNV, y otra acordada sobre la base de tres propuestas del PP, CiU, UPyD y el Grupo Mixto (UPN).

Las propuestas de resolución del Grupo Popular fueron aprobadas en los términos en los que se registraron, salvo las número 97 y la 103 modificadas por enmiendas transaccionales pactadas durante el debate con el Grupo Socialista y con CiU, respectivamente.

El Congreso aprobó también la propuesta de resolución número 46, del PNV, con la que pide al Ejecutivo que el texto del Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local refleje expresamente la singularidad foral del entramado institucional vasco.

En cuanto a la Resolución que engloba las propuestas número 27 de CiU, 73 de UPyD, 85 del Mixto y 92 del Grupo Popular, expresa la necesidad de un acuerdo de las fuerzas políticas, con el fin de adoptar cuantas medidas de regeneración democrática, fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción sean precisas para que los ciudadanos aumenten su confianza en las instituciones.

Esta resolución emplaza a elaborar un pacto ético entre los partidos respecto al tratamiento de los casos de corrupción y de los encausados.

Asimismo, pide la creación de una comisión independiente formada por personas de amplio reconocimiento y prestigio social que elabore un informe para su remisión al Parlamento sobre la regeneración de la democracia.

También emplaza al Gobierno a aprobar una serie de proyectos de ley para su remisión al Parlamento.

En primer lugar, pide una Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos Políticos con nuevas exigencias a los partidos, como los procedimientos mínimos de aprobación de cuentas, que, en todo caso, deberán ser aprobadas y remitidas al Tribunal de Cuentas en los primeros tres meses del año siguiente al ejercicio al que se refieran, la regulación del papel de los responsables económicos financieros de estas organizaciones, así como el tratamiento de las donaciones a los partidos políticos.

Asimismo, plantea la Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas para articular más instrumentos de control para  poder optimizar la capacidad de respuesta, en tiempo adecuado, del Tribunal de Cuentas, así como más medios para su desarrollo y fórmulas de colaboración por parte de la AEAT, el INSS y la Oficina de Conflictos de Intereses.

Otra reforma que reclama el Congreso es la de la Ley de Contratos del Sector Público para fortalecer el régimen de las prohibiciones de contratación con el sector público a todas las personas físicas y jurídicas condenadas por corrupción.

Asimismo, pide una Ley Reguladora del Ejercicio de las Funciones Políticas, que constituya un verdadero Estatuto del Cargo Público al servicio de la Administración General del Estado. Esta norma debería incluir, entre otras, las siguientes medidas: la regulación de la publicación de las declaraciones tributarias, de bienes y de actividades de los cargos públicos; la realización de auditorías de la situación patrimonial de los altos cargos al final del mandato; el establecimiento de escalas de retribución de los cargos públicos de la Administración General del Estado; la determinación y límites de los sistemas de protección social; la limitación de la compensación tras el cese, y el refuerzo de la Oficina de Conflicto de Intereses.

Además, la Cámara apuesta por la reforma del Código Penal para endurecer la sanción de la corrupción. En concreto, se analizará el tratamiento penal de los siguientes delitos existentes en la legislación penal y de nuevos comportamientos que pudieren ser incorporados: prevaricación, cohecho, apropiación indebida, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales, delitos urbanísticos, omisión o falsedad deliberada por parte de los partidos políticos de sus cuentas y patrimonio social, financiación ilegal y enriquecimiento injustificado de los cargos públicos electivos. Asimismo se determinará el aumento de los plazos de prescripción para esos delitos.

Por último, el Congreso pide la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, en su caso, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para clarificar la competencia de los Tribunales y agilizar los procedimientos para la persecución de los delitos de corrupción para que el tiempo de respuesta ante el delito no sea, en ningún caso, ni una forma de impunidad para el delincuente, ni una condena pública sin sentencia.

Por otro lado, los grupos han acordado, en el ámbito parlamentario, incorporar a la Ley  Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, ya en tramitación, la mejor fórmula para incorporar a los partidos políticos, las organizaciones sindicales y empresariales y aquellas entidades e instituciones que se financian esencialmente a través de dinero público; e incluir una cláusula de entrada en vigor inmediata para las obligaciones de transparencia a los partidos políticos.

La Cámara apuesta por el estudio, en las correspondientes comisiones parlamentarias, de medidas oportunas a adoptar para regular las organizaciones de intereses o "lobbies", con medidas que clarifiquen cuáles pueden ser sus actividades y cuáles deben ser sus límites; la forma de aplicación a Diputados y Senadores de las normas de transparencia incluidas en la futura Ley Reguladora del Ejercicio de las Funciones Políticas, estableciendo un procedimiento concreto de publicidad de las declaraciones tributarias, de actividades y bienes.

Finalmente, pide las reformas necesarias para modernizar las campañas electorales (sondeos, tratamiento por los medios, debates e incluso duración); nuevas medidas a adoptar contra el transfuguismo político; posibles reformas de la Ley Orgánica reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular para facilitar su impulso y tramitación; posibles reformas de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para mejorar el procedimiento de votación de los ciudadanos españoles residentes en el exterior; y la puesta en marcha  inmediata de la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales.