“La supuesta protección del lobo es una decisión unilateral del PSOE, que genera un elevado coste para todos los asturianos, además de daños colaterales como el desplazamiento de las poblaciones de jabalí hacia las zonas periurbanas, con los consiguientes peligros y accidentes”

La diputada de FORO y portavoz en materia de agroganadería, Carmen Fernández, manifestó esta mañana en rueda informativa que “el medio rural asturiano comienza otro año con el problema crónico del lobo, y es que el problema de los daños del lobo va cada vez a más por los constantes incumplimientos y engaños socialistas, especialmente acentuados durante las dos últimas legislaturas”.

En este sentido Carmen Fernández recordó que “durante la campaña de las elecciones autonómicas y locales Javier Fernández recorrió los 78 municipios asturianos en siete días prometiendo abonar los daños del lobo en un plazo de quince días, pero engañó a los afectados con la aprobación del Decreto 23/2015, de 25 de marzo, por el que se aprobó el II Plan de Gestión del Lobo en el Principado de Asturias, cuyo cumplimiento hasta la fecha ha brillado por su ausencia, mostrando la inutilidad absoluta de dicho documento”.

A juicio de la diputada de FORO, la situación irá a peor dado que “el pacto presupuestario PSOE-PP-C’s va a agudizar el problema del Medio Rural porque ni se contemplan mejoras en el control de la sanidad de la fauna silvestre ni se aumenta la inversión en la prevención de daños ocasionados por la fauna salvaje, no basta con pagar los daños. Estamos hablando de un problema de dinero pero también de voluntad política porque hay que destacar el incumplimiento de las medidas previstas en el propio Plan de Gestión entre las que destaca el Reglamento de Daños que constantemente reclama el sector y del que ya existe un borrador desde el año 2008 que los socialistas ocultan celosamente, o el constante repudio a la participación de los cazadores en la ejecución de las medidas de control poblacional, reflejada en dicho Plan y también en documentos técnicos como el Programa de Actuaciones de Control del Lobo 2015-2016”.

Carmen Fernández afirma con contundencia que “la opacidad y la alegalidad son una constante en la Consejería, con un coste millonario para los asturianos que además de poner en jaque a especies en verdadero peligro de extinción, como las razas autóctonas, amenaza seriamente a determinadas producciones y formas de pastoreo ancestrales. Y nos basamos en datos contenidos en el Programa de Actuaciones de Control del Lobo 2015-2016, que indica que de 2009 a 2014 se ha pasado de 22 a 39 grupos de lobos en Asturias, con un incremento del número de daños del 26,6% desde el año 2009, con un total de 3.881 animales damnificados en el año 2012, 4.096 en 2013 y 4.555 en 2014 y que costaron a todos los asturianos 1.008.675 € en concepto de daños directos ocasionados por el lobo, a los que hay que sumar ingentes costes de las medidas de seguimiento, prevención y control, todo ello mientras el gobierno continúa sin cumplir tan siquiera la normativa vigente en la materia que obliga, como mínimo, a publicar y mantener actualizado trimestralmente el baremo para abonar los daños ocasionados por la fauna silvestre, tal como dispone el artículo 87 del reglamento de caza del 1991, si bien hasta la fecha se utilizan baremos del año 2006 a 2008 como más recientes”.

“A estos costes –prosiguió Carmen Fernández- procede sumar los de las medidas de control poblacional a través de la Guardería del Medio Natural, a quienes en ningún proceso opositor se ha solicitado el permiso de armas, cuestión que pone en serias dudas la legalidad de que el uso de armas se encuentre entre sus funciones, así como otros daños indirectos como la incidencia sobre la densidad de caza y riqueza cinegética de los cotos, o sobre los cada vez más escasos rebaños de ganado menor que tanto perjudica a la producción quesera asturiana y cuya cuantificación resulta prácticamente imposible de determinar”.

La diputada enumeró en su comparecencia “los abundantes y contundentes datos que existen en cuanto a los daños a las razas autóctonas, como por ejemplo los 60 asturcones abatidos por el lobo a fecha 28 de noviembre de 2016, en los que, por otro lado, el gobierno del Principado de Asturias también invierte dinero en conservar, consumando así una flagrante contradicción y un derroche de fondos públicos en una época en que resultan francamente necesarios para atender a otras muchas cuestiones”, señaló.

Carmen Fernández denunció “el engaño permanente del gobierno de Javier Fernández intentando trasmitir la idea de que el lobo es una especie en peligro de extinción cuando en realidad no es así, ya que ni la situación real de la especie en Asturias ni ninguna norma nacional o internacional justifican un desequilibrio intencionado a favor de una especie y en perjuicio de muchas otras entre las que se incluye el propio ser humano; por un lado, porque el paso de 22 a 39 grupos de lobos en la región entre los años 2009 a 2014 indica una clara mejoría y por otro lado, porque ni el Convenio de Berna, sobre la Conservación de la Vida Silvestre y el Medio Natural Europeo (1979), al cual España se adscribió en 1986, ni la Directiva Europea Hábitat (Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992,  consideran en peligro ni por tanto otorgan protección alguna al lobo en nuestra región”.

“En idéntico sentido –continuó la diputada de FORO- en 2005 se aprobó la Estrategia Española de Conservación y Gestión del Lobo (aprobada por la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza de 16 de Diciembre de 2004 y por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de 29 de enero de 2005), y la Ley de Caza 1/1970, de 4 de abril, y su Reglamento (Decreto 506/ 1971) y el Real Decreto 1095/89 (modificado parcialmente por Sentencia del Tribunal Constitucional 102/1995 de 26 de junio) que desarrolla la Ley 4/1989 de Conservación de los Espacios Naturales y la Flora y Fauna Silvestre y declara las especies que pueden ser objeto de caza y pesca, incluye al lobo en el Anexo II, el de especies cuya caza deberá ser decidida por cada Comunidad Autónoma. Así las cosas, la supuesta protección del lobo es una decisión unilateral del gobierno asturiano, que genera un elevado coste para todos los asturianos, además de daños colaterales como el desplazamiento de las poblaciones de jabalí hacia las zonas periurbanas, con los consiguientes peligros y accidentes”.

“Desde FORO vamos a exigir que se cumpla el Plan del Lobo y que se ponga en marcha el portal de transparencia para conocer exactamente qué daños se han producido y, por tanto, poder determinar cuántos lobos se pueden eliminar cada año”, concluyó.

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