La nueva Ley abre escenarios de terror para los españoles y las españolas, al dar vía libre a su detención, interogatorio y 'cacheo' corporal en calles, plazas y centros comerciales por particulares.
Madrid.-Antonio Trevín, portavoz de Interior del Grupo Parlamentario Socialista, ha criticado hoy, ante el Pleno de la Cámara, que la Ley de Seguridad Privada abre la posibilidad de obligar a los organizadores de eventos a contratar seguridad privada. “Desde una concentración cicloturista a una manifestación antigubernamental, pasando por los partidos de fútbol modesto o las maratones populares”, ha asegurado. “Las infracciones serán muy graves, con multas de 30.000 a 600.000 euros. Quien pierde es la ciudadanía, que podrá ser detenida, identificada y cacheada por la seguridad privada”.
Según el portavoz socialista, la ley instaura el principio de que “quien quiera seguridad, que se la pague” en la aprobación definitiva del proyecto de ley de seguridad privada a su vuelta del Senado. Expresión utilizada, ha dicho, por el ex delegado del Gobierno del PP de Madrid, Francisco Javier Ansuátegui. “Lo dijo y demostró ser hombre de creencias firmes. Acabó de Gerente de la Fundación EULEN, una de las grandes compañías de la seguridad. Todas las importantes del sector hoy estarán encantadas de comprobar, cómo una vez más, este Gobierno ha cumplido lo que les prometió, aumentar considerablemente sus oportunidades de negocio”.
Trevín ha añadido que la Ley coloca a los ciudadanos ante nuevos desafíos, toda vez que en vías o en espacios públicos o de uso común, según el texto que remite el Senado, “vigilantes de la seguridad privada podrán detenernos, identificarnos y cachearnos”. En su opinión, “deberemos acostumbrarnos a la presencia de empresas de seguridad privada en nuestro día a día. Y sin embargo esta norma carece de mecanismos legales de medios efectivos y transparentes para controlar sus posibles incumplimientos o violaciones de los derechos ciudadanos de forma efectiva”. Además, ha considerado necesario reforzar el control de estas empresas en defensa de los ciudadanos, “pero esta ley no lo hace”.
El diputado socialista ha indicado que la ley deroga el principio que mandataba a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como custodios exclusivos de la protección en los espacios públicos. “Entró en la Cámara abriendo la actuación privada a calles comerciales peatonales, como Preciados. Llega hoy ampliándola a ‘espacios de uso común’ que puedan delimitarse, es decir a grandes espacios como Preciados, Callao, Gran Vía y Fuencarral”.
“La reforma laboral del actual Gobierno ha incidido muy negativamente en los trabajadores de este sector”, ha explicado. “Los convenios colectivos han pasado a mejor vida para ser sustituidos por los pactos trabajador y empresario. Este hecho aceleró el intrusismo laboral y con esta ley se convertirá en moneda corriente”.
El portavoz de Interior ha asegurado que no todos los españoles van a tener el mismo nivel de seguridad, ya que el proyecto degrada su concepción como derecho para convertirla en una oportunidad más de negocio, por lo que la equidad vuelve a sacrificarse. El proyecto de ley, al recoger la ampliación de la seguridad privada, indica que “la norma se establece al objeto de contar con la necesaria habilitación legal para ponerla en práctica en función del mayor o menor coste que puedan suponer los efectivos dedicados a la seguridad”, cuando “el rigor del gasto no debería, significar el desmantelamiento de los servicios públicos. Es posible compaginar la austeridad con asegurar su calidad. Algunas falsedades no deberían salir gratis”, ha sostenido.
Por otro lado, se ha referido a que esta ley es “fruto” de un trabajado pacto entre el Grupo Popular y el de Convergencia i Unió. “Para el negocio, siempre se ponen de acuerdo. Pero, de lo que realmente importa ahora, entre Cataluña y España, de eso no son capaces, tan siquiera de hablar. Necesitábamos una nueva Ley de Seguridad Privada, pero no era esta”.
Finalmente, ha afirmado que el Grupo Socialista rechaza esta ley porque “los ciudadanos pierden derechos democráticos y sociales, se precarizan las condiciones laborales de los trabajadores y unas pocas empresas se enriquecerán”.
