Asturias impulsará su Ley de Transparencia pese al retraso del Gobierno central en su proyecto estatal

Asturias impulsará su Ley de Transparencia pese al retraso del Gobierno central en su proyecto estatal

 

Guillermo Martínez afirma que Principado “no esperará por la ley estatal” para dar luz verde a la iniciativa

El objetivo es lograr un marco normativo que recoja las aspiraciones de todos los grupos parlamentarios e instituciones públicas

 

El Ejecutivo asturiano puso en marcha la estrategia de gobierno abierto y administración electrónica con el objetivo de mejorar la calidad democrática y la defensa de los valores éticos de las instituciones autonómicas

 

Oviedo.-El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, ha anunciado hoy en el pleno de la Junta General del Principado, que el Gobierno de Asturias impulsará la Ley de Transparencia pese a que el Ejecutivo central mantenga el retraso en la tramitación y aprobación de la normativa estatal en esta materia. “Asturias no esperará por la ley estatal” para trasladar al Parlamento el proyecto legislativo de Transparencia, una iniciativa impulsada por el Ejecutivo presidido por Javier Fernández con el objetivo de mejorar la calidad democrática, la defensa de los valores éticos de las instituciones autonómicas, incrementar la participación de los asturianos y asturianas en la vida pública e intensificar el control sobre sus representantes.

 

Guillermo Martínez señaló que la pretensión del Gobierno de Asturias con la Ley de Transparencia es que se alcance el máximo acuerdo parlamentario y ciudadano. Por ello, el Ejecutivo asturiano ha abierto dos vías de interlocución: un canal digital para la participación directo de los ciudadanos con sus sugerencias y aportaciones y, por otra parte, con diferentes instituciones autonómicas, como la Sindicatura de Cuentas, el Consejo Consultivo o la Federación Asturiana de Concejos. La contribución de las instituciones públicas es esencial para la puesta en marcha de la estrategia a favor de la transparencia pública, más aquellas que desempeñan un protagonismo clave en la mejora de la calidad de la gestión pública y en el control de los recursos de las diferentes administraciones asturianas.

 

El objetivo del Gobierno asturiano es que la búsqueda de este amplio respaldo político y ciudadano se extienda también al ámbito nacional. El consejero de Presidencia, sin embargo, lamentó el retraso en la tramitación del proyecto legislativo estatal de transparencia y que si este se dilata en el tiempo, el Gobierno de Asturias tomará una decisión para cumplir con sus compromisos.

 

El Gobierno de Javier Fernández inició oficialmente en enero de este año, seis meses después de su constitución, la Estrategia de gobierno abierto y administración electrónica, con su examen por el Consejo de Gobierno el 22 de enero y su presentación en la Junta General, a petición propia, por parte del consejero de Presidencia. Pese a no existir obligación legal alguna, el Ejecutivo asturiano apostó previamente por impulsar medidas propias de transparencia institucional con la publicación el 17 de septiembre de 2012, en la página web del Principado de Asturias, las declaraciones patrimoniales del Presidente y de los miembros de su gobierno.

 

El 20 de marzo pasado, se puso en marcha el Portal de Transparencia, donde todos los ciudadanos pueden consultar 69 capítulos de un total de 8º que exige el Índice de Transparencia de las comunidades autónomas (Incau), a la que se han ido incorporando otro conjunto de documentos y datos oficiales, incluso información no exigida en los indicadores de transparencia como por ejemplo las nóminas del presidente y de los consejeros.

 

Durante las últimas semanas se han realizado varios debates y conferencias para definir cómo debe ser la estrategia asturiana de transparencia pública y desde el 18 de abril de 2013 se abrió a la participación pública, con la puesta en marcha del correo digital leydetransparencia@transparencias.org, donde se recoge una batería de preguntas agrupadas en diez ejes para facilitar la interlocución y generar la participación y el debate ciudadano.

 

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