El diputado de FORO defiende mañana en el Pleno del Congreso una moción en la que plantea que “se paralice cualquier subvención o transferencia” estatal al Centro en tanto no se sustancien responsabilidades
Madrid. El diputado de FORO en el Congreso, Enrique Álvarez Sostres, interviene mañana, martes, en el Pleno de la Cámara Baja, en defensa de una moción subsiguiente a su interpelación sobre la gestión de la Fundación Niemeyer. El proyecto del Centro Internacional, explicó Sostres, “desembocó en un escándalo a causa de una nefasta e irregular administración económica por parte de sus gestores, consentido y tapado por la permisibilidad de sus patronos socialistas”. En la moción, que se votará en la sesión del miércoles, se plantea que el Congreso inste al Gobierno de España a:
1. “Definir los rasgos generales de la política de control de las subvenciones y aportaciones a Entes y Fundaciones privadas en los que participe.
2. Efectuar el ejercicio de responsabilidad civil, a través del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, frente a los gestores de la Fundación Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer y, en su caso, frente a las personas físicas representantes de los patronos públicos en los años en que se generó la deuda, al ser responsables de la misma, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.902 del Código Civil, así como con las previsiones de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. Todo ello, con el fin de que no recaiga sobre los ciudadanos una nueva carga económica por las deudas contraídas.
3. Adoptar las medidas para que, en tanto no se sustancien las responsabilidades existentes en la administración y gestión de la Fundación Niemeyer, se paralice cualquier subvención o transferencia que provenga de los Presupuestos Generales del Estado, ya sea por vía directa o a través de los presupuestos de las Entidades que forman parte del Estado, como pudiera ser la Autoridad Portuaria de Avilés”.
En la exposición de motivos de la moción se dice lo siguiente:
“El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte desarrolla, en el ámbito de su actuación en fundaciones y mecenazgo, la gestión de las industrias culturales en colaboración con diferentes instituciones y entidades. Es función del Ministerio, lógicamente, vigilar el destino del gasto y la prevención de prácticas irregulares en el uso de los fondos públicos y las subvenciones que destina el Estado a aquellos entes culturales en los que participa.
La Fundación Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer de Avilés fue constituida en escritura pública el 29 de diciembre del 2006 con el objetivo, recogido en sus estatutos fundacionales, de convertir este centro cultural en uno de los principales motores dinamizadores de la vida cultural, social y económica del Principado de Asturias, contribuir a la promoción de la cultura, luchar contra la pobreza, el fortalecimiento de los derechos humanos, el reforzamiento de la cohesión social y la reducción de las desigualdades sociales.
Forman parte del Patronato de la Fundación el Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Avilés, la Autoridad Portuaria, el Ministerio de Educación y otros patronos privados minoritarios.
Este ilusionante proyecto se ha convertido, sin embargo, en un escándalo de gigantes proporciones, a causa de una nefasta e irregular administración económica por parte de sus gestores y de la permisibilidad de sus patrones, con incumplimientos formales graves en materia de subvenciones y de obligaciones de la Fundación, y con presunta malversación de caudales públicos.
Todo ello ha sido motivo de interposición de sendas denuncias ante los tribunales de Justicia por parte de la actual Consejería de Educación del Principado y por parte del partido político FORO, además de la creación de una comisión de investigación en el Parlamento autonómico.
Todos los datos que tanto el administrador concursal como la auditoría externa practican, reflejan la negligente actuación de los gestores responsables de la administración de la Fundación Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer, con un evidente despilfarro y falta de transparencia en la gestión de fondos públicos y subvenciones. El conjunto de irregularidades e incumplimientos han supuesto una deuda superior a los 3 millones de euros, y un número de 148 acreedores, pequeños empresarios y autónomos de distintos sectores.
En el entendimiento de que nos encontramos ante una oportunidad para, en medio del actual ambiente de descreimiento social en la ejemplaridad de los poderes del Estado, dar un paso positivo para cambiar esa imagen, exigiendo responsabilidades en la gestión de los dineros públicos a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, se presenta la siguiente moción”.
