Por si interés, ofrecemos íntegro el texto de la comparecencia del secretario general de la Federación Asturiana de Empresarios, Alberto González, en el Parlamento de Asturias.

Un año más comienzo agradeciendo la invitación realizada a FADE para comparecer en esta Comisión de Hacienda y Sector Público y poder opinar sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias y de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Tributarias de Acompañamiento de los mismos
para 2012, presentado en esta Junta General por el Gobierno regional asturiano. Quiero destacar antes de nada que este año, por primera vez, las comparecencias del grupo denominado “expertos e interesados”, en el que se enmarca nuestra organización, se realizan antes de que los diferentes departamentos del Gobierno
detallen sus previsiones presupuestarias en esta Cámara. Aunque en la reglamentación vigente no se prevé nada al respecto, parece lógico que los autores del proyecto de presupuestos expongan los pormenores del mismo antes que otros realicemos una valoración. El artículo 67 del Reglamento de esta Junta relaciona las
distintas comparecencias por un orden lógico institucional tanto en las peticiones como en las exposiciones, que podría haberse respetado.

Parece lógico también que sea el Gobierno regional el que presente el proyecto presupuestario y posteriormente los agentes sociales muestren su posicionamiento y valoración. Esta circunstancia no hace más que dificultar la realización de un examen más profundo y exhaustivo del citado proyecto, de las actuaciones que en él se recogen y su adecuación a la situación económica asturiana.

Comienzo afirmando que, en nuestra opinión, debemos felicitarnos todos los asturianos por el hecho de que, a pesar de la complejidad derivada del entorno político, económico y social que preside el momento actual, se haya presentado este proyecto presupuestario. Desde FADE habíamos dicho claramente que considerábamos necesario y positivo el que Asturias dispusiera de un presupuesto para el año 2012. Y lo es porque a través de esta planificación presupuestaria se pueden hacer muchas cosas, o no, para enfrentar la delicada situación que
atravesamos. Finalmente se ha presentado y esto, insisto, merece una valoración positiva para el Gobierno que lo ha hecho.

Sin embargo, se ha retrasado el trámite del proyecto, y esto no es inocuo. Consideramos que, dadas las circunstancias, debería haber sido presentado con suficiente anterioridad para su debate en esta Cámara como para evitar la situación de prórroga presupuestaria en la que nos encontramos inmersos. Esta circunstancia no es favorable para la economía asturiana, y menos aún en el contexto económico actual, que requiere de esfuerzos y actuaciones inmediatas que conduzcan a la dinamización de nuestra maltrecha economía.

Después de estas consideraciones iniciales, y como valoración general, pensamos que el Proyecto presentado para 2012 no responde a las necesidades del momento económico que está atravesando Asturias. Y no lo es porque no persigue objetivos considerados básicos para caminar hacia la recuperación económica, esto es, impulsar la actividad y crear empleo. Tampoco lo es porque, en nuestra opinión, posee un marcado carácter social, no restringe los gastos corrientes y relega las inversiones a un segundo plano. No nos parece que este sea un presupuesto diseñado para salir de la crisis, sino más bien para persistir en ella.

Somos conscientes de las limitaciones económicas que ha traído consigo la difícil situación que atravesamos. Pero los recursos, ahora aún más escasos aún, deberían dirigirse principalmente a promover, impulsar y potenciar inversiones productivas dinamizadoras de la economía y no a mantener o incrementar los gastos
de funcionamiento de una Administración autonómica que ha “engordado” bastante en ejercicios pasados. Por el contrario, habría que haber planteado una considerable rebaja de “grasa”, si se me permite la expresión.

Y es que, como ya se ha señalado en múltiples ocasiones, si no hay actividad económica no se generarán los recursos necesarios que permitan financiar, entre otras cosas, la actual maquinaria administrativa, los servicios públicos de los que disfrutamos y las necesarias y ansiadas políticas del Estado de bienestar.

ESTADOS NUMÉRICOS
Atendiendo a las grandes cifras, el proyecto presupuestario consolidado del Principado Asturias para 2012 asciende a 4.348,3 millones de euros, un 0,28% menos de lo presupuestado inicialmente en 2011. Si se considera exclusivamente la Administración del Principado, esta cifra alcanza los 4.208,7 millones, un 1,82%
más que lo proyectado un año antes.

En primer lugar, cuestionamos la sostenibilidad de estas cifras. Y lo hacemos porque son el resultado de una previsión de ingresos que consideramos poco realista.

Teniendo en cuenta las cantidades iniciales consignadas en los presupuestos del año 2011, y que durante ese ejercicio el actual Gobierno aprobó una serie de retenciones argumentando razones de equilibrio presupuestario, el planteamiento que hacemos cobra vigor. El propio consejero de Hacienda y Sector público del Gobierno del Principado de Asturias señaló el 24 de noviembre pasado que los presupuestos iniciales para 2011 presentaban una insuficiencia de crédito de 358,9 millones de euros y una sobreestimación de gastos de 260,4 millones de euros. En un año en que las perspectivas y las proyecciones macroeconómicas son incluso menos halagüeñas que para el precedente, cabría esperar que los recursos contenidos en el proyecto presupuestario sufriesen una reducción más acusada. En cambio crecen, sin que en nuestra opinión exista base argumental real suficiente
para justificarlo.

Algunas previsiones de ingresos y los supuestos sobre los que se asientan resultan, a nuestro modo de ver, poco consistentes. Este es el caso, por ejemplo, de los ingresos vinculados al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que se estiman en 145 millones de euros.

Teniendo en cuenta que este impuesto está muy ligado a la situación económica y que en palabras del propio informe económico-financiero se indica que “la economía asturiana, de forma similar a la nacional, afronta un ejercicio de práctico estancamiento y con un moderado riesgo de recaída” es poco probable que se ejecute esa cuantía. Además, y como antecedente cierto, la previsión de cierre de 2011 proporcionada por el Consejero de Hacienda y Sector Público estima una recaudación de 130 millones de euros, 15 millones menos de lo presupuestado en este proyecto.

Por su parte, el Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales mantiene la cifra inicial del presupuesto 2011, 9 millones de euros, pese a que la recaudación efectiva en los últimos años ha sido inferior.

Los recursos procedentes del Sistema de Financiación Autonómica recogidos en este proyecto presupuestario tal vez sean excesivamente optimistas, ya que con posterioridad a la fecha de elaboración de este presupuesto el nuevo Gobierno de España ha anunciado un ajuste a la baja que, a falta de concretar, se aproxima a los
40.000 millones de euros. Es altamente probable que una parte del mismo, a través del natural flujo que se produce desde las arcas del estado hacia las de las comunidades autonomas, nos afecte directamente a Asturias.

Por otra parte, hay que contemplar las partidas destinadas al ajuste de desfases de gasto en ejercicios anteriores. En este se presupuestan casi 76 millones de euros superiores a los previstos y comunicados por la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuesto el 28 de julio de 2011. Esto se debe, suponemos, a que el Gobierno regional da por cierto, a pesar de no estar aprobado, que las devoluciones de las liquidaciones negativas de 2008 y 2009 se podrán realizar en 10 años y no en 5 como, según la información de la que disponemos, está establecido actualmente.

También en lo que se refiere a los Fondos Mineros es posible que estos no se hagan efectivos, tras el anuncio del Gobierno Central de su supresión en el paquete de medidas hechas públicas el pasado 30 de diciembre.

FADE considera que es de suma importancia que la estimación de los recursos se adecue lo más fielmente posible a la realidad económica. De lo contrario se estaría
poniendo en riesgo la estabilidad financiera presente y futura de la comunidad
autónoma, así como el cumplimiento de los objetivos de déficit. Y esto sería muy
grave.

En lo que se refiere al endeudamiento, el Gobierno del Principado de Asturias ha
optado por realizar el máximo permitido para 2012, según los acuerdos alcanzados
en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, esto es, el 1,3% del PIB (en
términos absolutos un total de 488 millones de euros). De ellos, 178 se destinarán a
amortizaciones y el resto, 310 millones, configurarían la deuda nueva. De este
modo, al cierre del ejercicio 2012 la deuda acumulada prevista en la Administración
General del Principado de Asturias sería de 2.139 millones, un 8,6% del PIB. Eso
considerando que las previsiones de ingreso realizadas se materialicen tal cual,
porque de lo contrario este déficit se vería incrementado en algún punto adicional.

Desde el año 2010 se ha intensificado el ritmo de crecimiento del endeudamiento
público, lo que supone tener que destinar más recursos al pago de la carga
financiera en el ejercicio presente y en los venideros, a la vez que se incrementa la
exposición de la economía a los vaivenes de los mercados financieros. Teniendo en
cuenta esto, los créditos necesarios para hacer frente a la carga financiera en 2012
alcanzarán los 316 millones de euros, un 48,6% más que los presupuestados el año
anterior; y de ellos, 137,7 millones corresponderán al pago de intereses.

A la vista de estos datos desde FADE elevamos otro año más una petición muy
concreta: que se realice un uso responsable y contenido del endeudamiento.
No hay que abusar de este recurso, ya que estamos hipotecando las cuentas
públicas futuras. Sólo deberíamos acudir a él para financiar actuaciones que
impulsen el crecimiento a medio y a largo plazo, siempre que se tomen
simultáneamente medidas de austeridad en el gasto corriente.

Al analizar el presupuesto por el lado de los gastos se observa que el corriente
supone el 78,1% del presupuesto consolidado total, mientras que los créditos
dirigidos a la inversión sólo suponen el 16,7%. En el primero de los casos ese peso
se incrementa en 2,7 puntos porcentuales con respecto al año 2011 y en el segundo
se reduce en 4,1. Esta estructura del gasto, cada vez más dirigida a la financiación
de los gastos de funcionamiento de la Administración autonómica, reduce las
posibilidades de llevar a cabo políticas de inversión, tan necesarias en un momento
de crisis económica como el actual.

Y es que con este importante retroceso, el proyecto presupuestario ha dado un
papel secundario y poco relevante a la inversión. Y lo hace precisamente cuando
debería ocurrir todo lo contrario, ya que cada euro aplicado a inversión productiva
tiene un efecto directo y multiplicador sobre la creación de actividad económica. Los
créditos totales consolidados dirigidos a financiar operaciones de capital se sitúan en
726,5 millones de euros, un 19,8% menos que los presupuestados en 2011. Si a
estos les añadimos, tal y como realiza el Gobierno en su análisis, las inversiones
inducidas a través del capítulo VIII, que se elevan a 35 millones de euros, la
inversión total alcanza 761,5 millones de euros, un 19,3% menos que en 2011.
Si se analiza la inversión en obra pública, ésta asciende a 277,27 millones de euros,
un 47% menos y una reducción de 7 puntos sobre el total del capítulo de inversiones
del ejercicio pasado. Además, de esa cantidad 219,48 millones corresponden a
anualidades ya comprometidas con anterioridad y únicamente 57,79 millones de
euros corresponden a inversión nueva.

Por parte de FADE, esta decisión del Gobierno se considera desacertada, ya
que esta partida es esencial para la generación de actividad y riqueza en la región y
con ello, de puestos de trabajo.

Asimismo, podemos decir que estamos ante un presupuesto que, a nuestro modo de
ver, no apuesta lo suficiente por la promoción económica, por el fortalecimiento
del tejido empresarial asturiano y por la mejora de la competitividad.
Se destinan 491,9 millones de euros para el fomento de actividades de carácter
económico y productivo en el proyecto presupuestario para 2012, un 17,5% menos
que un año antes y un 11,3% del presupuesto total consolidado. Dentro de éstos los
créditos dirigidos a la Producción de Bienes Públicos de carácter económico
disminuyen un 21,5%. Entre ellos, destaca la caída del 22,9% de la partida de
Infraestructuras básicas de transporte, el recorte del 76,4% de la dotación para los
programas de Obras, servicios y cooperación local, la disminución del 24,8% de los
créditos para Infraestructura y explotación portuaria, la reducción del 10% en
Carreteras y del 8,6% en Transportes. Además la dotación vinculada a las
Comunicaciones se reduce un 30,2%, la dirigida a la Investigación científica, técnica
y aplicada cae un 24,6%, y la correspondiente a las Infraestructura agrarias
disminuye un 1,8%.

Estos descensos también se extienden a las políticas de regulación económica de
los sectores productivos, que en conjunto suponen 201,3 millones de euros, un 11%
menos que los proyectados en 2011. Dentro de ellas, las actuaciones en materia de
minería se recortan un 42,2%, la coordinación y promoción del turismo lo hace un
22,7% y dentro de la industria el Apoyo financiero y participación en empresas
públicas se reduce un 21,7%. Aunque fuera de este grupo, también resulta
especialmente reseñable, por lo negativa de su evolución el programa de Promoción
del Comercio Interior, Ferias y Artesanía, que pierde un 20,5% de su presupuesto.
Del mismo modo, experimenta un recorte de gran relevancia la dotación
presupuestaria del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias
(IDEPA), que para el ejercicio 2012 cuenta con sólo 29,4 millones de euros, un 35%
menos que en el ejercicio anterior. Por su parte, el presupuesto de otras empresas
que también intervienen directamente en el desarrollo económico de la región como
son la Sociedad de Promoción Exterior del Principado de Asturias y la
Sociedad Regional de Turismo igualmente ven reducidos sus recursos en un 3,2%
y un 40,7%, respectivamente.

De forma adicional cabe señalar que el tejido empresarial asturiano se está
enfrentando a muchas dificultades, entre ellas los problemas de acceso al crédito.
En este sentido, el proyecto presupuestario para 2012 mantiene las cuantías
dirigidas a la concesión de avales a empresas para la financiación de proyectos de
inversión, mejora de su estructura financiera, desarrollo de la actividad empresarial,
para prestar segundos avales y para otros fines. En cambio, se eliminan 38 millones
de euros contemplados en el proyecto presupuestario para 2011 dirigidos a
conceder avales para apoyar al sector de la vivienda, en concreto para la
promoción de vivienda protegida, un sector gravemente afectado por la crisis actual,
aunque es cierto que la cifra de ayudas a la vivienda sube de los 29,7 millones de
2011 hasta los 35,6 millones. Respecto a estas últimas ayudas, entendemos que
debería redistribuirse la cantidad total apostando por aquellas líneas que repercuten
en la actividad económica y el empleo (compraventa de vivienda nueva,
rehabilitación o promoción para alquiler) y disminuyendo las que no lo hacen
(compraventa de vivienda usada y alquiler).

El Proyecto de Ley de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Tributarias
de Acompañamiento debe se objeto también de algunas consideraciones.
En relación a las medidas presupuestarias se modifica, en primer término, el Texto
Refundido de Régimen Económico y Presupuestario al objeto de volver a la situación
anterior a la reciente Ley 3/2011, de 16 de diciembre, eliminado la reserva de Ley
para la modificación, absorción, fusión o supresión de empresas públicas, así como
para retomar la competencia del Consejo de Gobierno en la adopción de acuerdos
de restricción de gasto público en las transferencias a los organismos y entes
públicos.

La práctica habitual es que el Ejecutivo esté facultado para reorganizar las
sociedades mercantiles, así como que tenga facultades de restricción de gasto de
las transferencias inicialmente autorizadas. No es menos cierto que cuando una Ley
regula esta facultad lo hace partiendo de la hipótesis de una situación de confianza
de la mayoría parlamentaria en la acción de gobierno, que ha de redundar en la
necesaria agilidad en su ejercicio. Si esa confianza o su ausencia están o no
justificadas es tarea propia del debate político. En todo caso, en un sistema
parlamentario es fundamental la coordinación de la acción legislativa y la ejecutiva,
que facilite la fluidez de la cadena de transmisión que ha de producirse entre ambas.
Así pues, mas importante que esta norma tenga un contenido u otro, es que exista
una convergencia entre la voluntad del ejecutivo y de la mayoría de la Cámara sobre
el fondo del asunto.
Con independencia de la solución final que se alcance, y de la adopción de aquellos
acuerdos de restricción que sean precisos para el ajuste del gasto público, debemos
reiterar la necesidad de que dichos acuerdos de restricción no deben de afectar al
cumplimiento de los compromisos válidamente suscritos por el sector público con el
sector privado, ni a la retribución de los servicios efectivamente prestados por el
sector privado.

Valoramos positivamente la reforma en materia de subvenciones con la introducción
normativa del Plan estratégico de subvenciones, así como el conjunto de la
regulación, respetuosa y coherente con la normativa estatal.
En cuanto a las medidas administrativas contenidas en el proyecto de Ley,
simplemente señalar que estamos de acuerdo con aquellas modificaciones que
supongan una mayor seguridad jurídica y transparencia tanto en la designación de
cargos nombrados por libre designación como los concursos para la provisión de
puestos de trabajo.
El último bloque del proyecto está destinado a una serie de medidas tributarias que
abarcan diversos aspectos dignos de ser comentados.
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- En el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sin perjuicio de
una mejora en las bases imponibles de los contribuyentes que se tienen en cuenta
para aplicar las deducciones, que ampliarán el número de beneficiarios, y un mejor
tratamiento del arrendamiento de vivienda, nos ha causado cierta sorpresa la
desaparición de las deducciones para fomentar el autoempleo y el inicio de actividad
de jóvenes emprendedores y mujeres. Cierto es que no eran deducciones muy
cuantiosas (69 y 172 euros, muy alejadas de los 1000 euros de Madrid para los
jóvenes emprendedores), pero constituían un incentivo a la actividad emprendedora
y a los autónomos con menos ingresos.
- Por otro lado, un año más, debemos destacar la subida efectuada en el canon de
saneamiento, con una elevación del 10 % en la cuota fija, y con incremento en la
variable que va del 10 % al 67 %, según los supuestos. Esta valoración hay que
encuadrarla en los fortísimos incrementos experimentados en años anteriores que,
por no remitirnos más allá, supusieron un aumento de la cuota industrial en un 26 %
el año pasado, continuación de las dos subidas encadenadas en el año 2008 del
16,5 % y el 10 %.

- Se regula y mejora la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar, que no
obstante es susceptible de alguna mejora técnica como que, para poder acogerse a
las escalas de tipo reducido, se compruebe el mantenimiento del empleo en relación
al personal en activo al inicio del año 2012.

No obstante, como hemos señalado en años anteriores, más que las normas
incluidas en el proyecto nuestras objeciones se refieren a la ausencia de
instrumentos fiscales que faciliten las actividades económicas y empresariales.
En los últimos años Asturias, ha visto como sus gobiernos han utilizado las
facultades normativas para crear impuestos sobre actividades empresariales (sobre
grandes establecimientos industriales, o sobre el desarrollo de determinadas
actividades que inciden en el medio ambiente), así como elevar los tipos de otros
que inciden directamente en las mismas (el denominado “céntimo sanitario”,
Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados),
haciendo un uso mas que moderado de las deducciones o excepciones.
Creemos necesario romper la tónica de que cada Gobierno en Asturias mantenga
los tributos del anterior, en el mejor de los casos, cuando no incorpore nuevos
tributos, eleve tipos o reduzca deducciones. En este caso así ha sido, sin reparar en
que estamos a la cabeza del conjunto de comunidades autónomas en lo que a tipos
de gravamen se refiere, por efecto de los recargos autonómicos en muchos
impuestos o simplemente de la opción adoptada por el Gobierno en otros.
Quizás no sea el momento de hacer saltos arriesgados en materia tributaria, pero se
hecha de menos alguna muestra significativa de que se confía en que empresas y
ciudadanos hacen un eficiente uso de sus recursos económicos dinamizando la
economía.