• TPA ha pervertido su finalidad como televisión publica: aquí el presupuesto de los asturianos se reparte entre unos pocos actores”
• La diputada ha insistido en la legalidad de la retención del crédito en base en la disposición adicional séptima de la Ley del Principado de Asturias 12/2010 de 28 de diciembre

Oviedo.- La diputada de la Junta General del Principado de Asturias, Cristina Coto, ha insistido esta tarde en la Comisión de Control del Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias en la legalidad de la retención del crédito a la RTPA. “Es un acuerdo que se adopta por razones de equilibrio presupuestario para superar un déficit, a 30 de junio de 2011, de 325 millones de euros, el 1,37 % sobre el PIB regional, y siempre con el objetivo de cumplir el gran compromiso del Gobierno: el mantenimiento de los servicios públicos esenciales”, señaló Coto.

“Es un acuerdo absolutamente legal, con base en la disposición adicional séptima de la Ley del Principado de Asturias 12/2010 de 28 de diciembre de Presupuestos Generales para 2011, que en cuanto al régimen de las transferencias nominativas consignadas en la propia Ley a favor del Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias, condiciona su libramiento a los acuerdos de restricción del gasto público del Consejo de Gobierno”, añadió.

En su intervención, la diputada también ha señalado el gasto que ha supuesto la RTPA, que alcanza los “174.586.945 millones de euros desde 2004”, una cifra que considera excesiva para su “baja implantación”. Coto quiso recordar que en el año 2009 “el capítulo “Gastos de personal, Aprovisionamiento, Amortización y otros Gastos de Explotación” sumaba 29.282.265 euros, y para 2011 el incremento alcanzaba hasta los 36.611.400; es decir, del año 2009 al año 2011, nos poníamos en 7’5 millones de euros mas, un 25’46%”.

Coto también subrayó los “635. 035 euros anuales” que “cobran 10 personas, los 10 directivos, a los que hay que añadir los bonus que cobran algunos de ellos”. También recordó que el consejo de Comunicación cuesta “40.000 euros al año”, y señaló que “en 2010 se reunieron 10 veces”, y también apuntó que “esto no es nada en comparación con lo que nos cuesta el consejo de Administración, con 15 representantes de PSOE-PP-IU: 222.000 euros en dietas el año pasado, en 16 reuniones”. Cristina Coto se pregunta sobre la función de ambos consejos “sobre todo ante las más de 20 irregularidades denunciadas por la Sindicatura de Cuentas”.

Cristina Coto también recordó no solo “el bajo empleo” del ente, sino que “hay que sumar el paro de cientos de personas que trabajaban en cadenas locales, productoras y agencias de publicidad”. “Si en 2007 la industria audiovisual asturiana daba empleo a 1008 personas, con un 76% de contratos indefinidos, tras adjudicar las licencias de TDT solo 3 emisoras quedaron emitiendo testimonialmente; un destrozo en empleo mayoritariamente joven que se hizo sin ningún miramiento”, recordó.

En este punto, Coto matizó que “Los defensores de la TPA se basaron en que potenciaría el sector audiovisual asturiano y que crearía empleo”, pero “no fue así: al contrario”.  Sobre la perdida de contratos indefinidos, Coto puso como ejemplo la empresa Zebra que, “financiándose íntegramente con dinero de los asturianos, de 69 trabajadores en plantilla, uno es indefinido”. Además, también recordó que “las plataformas audiovisuales asturianas han ido desapareciendo, al igual que cualquier iniciativa privada, al ver que los recursos públicos llegaban tan solo a determinados privilegiados, lo cual también generó una red clientelar”. En su intervención la diputada ha recordado los “casos conocidos en los Juzgados, que están fallando a favor de estos trabajadores, por un problema de cesión ilegal de trabajadores”.

Cristina Coto también ha hablado sobre la transparencia del ente, y ha apuntado que la “RTPA se ha caracterizado por la ausencia de convocatorias públicas en los procesos de contratación”. “Ni un solo contrato de producción de contenidos de la cadena ha salido a licitación pública; estamos pagando grabaciones en exteriores a precios superiores al de mercado, y así llegamos, por ejemplo, a los 8.369.629 euros cobrados por Zebra el último año”, añadió. Sobre esta empresa, Coto insistió que es “un paradigma” del funcionamiento de la TPA y que tiene "un absoluto trato de privilegio ya denunciado por la Sindicatura de Cuentas en 2006”.

La diputada también se refirió a lo que considera una “intervención del mundo de la comunicación”, y los ejemplificó con Mediapro, “una empresa vinculada a TPA desde el principio, con participación en Asturmedia, de la que es socia junto con La Nueva España”. “Esta es la empresa que hace que los asturianos paguemos 5 millones de euros, por lo que La Sexta ofrece gratis: la Liga y la Formula 1”, añadió, recordando también que “cuando La Nueva España entra en TPA sustituye su posición beligerante hacia una televisión autonómica por el silencio”. “Tras Mediapro, de Jaume Roures, han desembarcado en Asturias otras empresas vinculadas al PSOE, y como los presupuestos ya no alcanzaban, se buscaron otras formulas de financiación encubierta”, como “los convenios de colaboración”, añadió.

Cristina Coto también manifestó el nepotismo de la Cadena y señaló que “la Consejería de Cultura, que es la que mas convenios de colaboración firmó con la TPA, al margen de los Generales, adjudicaba a Idola Media, una empresa que antes de que naciera TPA, nada tenía que ver con producción audiovisual. Esta empresa es de un señor que es hermano del marido de la que era la consejera de cultura de Areces”.

Es por estas razones por las que Cristina Coto cree que la “TPA ha pervertido su finalidad como televisión publica: aquí el presupuesto de los asturianos se reparte entre unos pocos actores”.

Por otra parte, Cristina Coto, también destacó el cambio de postura del PP con respecto a la TPA, que calificó como la “fe del converso”, ya que pasó de las opiniones mostradas por sus portavoces Cuétara y Cañal, que se referían a ella como “oasis de despilfarro” y “TeleTini”, a una opinión más favorable “al entrar en el consejo de Administración y empezar a cobrar las dietas”