El texto, que ha superado el trámite de consulta previa, se ha presentado a grupos parlamentarios, agentes sociales, entidades del tercer sector y a la Federación Asturiana de Concejos La Consejería de Servicios y Derechos Sociales sacará el próximo sábado a información pública el anteproyecto de ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales, que persigue ordenar e integrar las prestaciones destinadas a cubrir las necesidades básicas de las personas en situación de vulnerabilidad para que las distintas administraciones ofrezcan una respuesta más ágil y coordinada. Con esta medida, el Principado avanza en la tramitación del texto legal, que llegará a la Junta General en el próximo periodo de sesiones. Hasta ahora, ha sido sometido a consulta previa y se ha presentado a los agentes sociales en el ámbito de la concertación, a los grupos parlamentarios y a las entidades del tercer sector de acción social. Hoy también se ha dado a conocer a la comisión ejecutiva de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), en un encuentro al que han asistido la consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, y las directoras generales de Prestaciones y Recursos, Paula Álvarez, y de Servicios Sociales de Proximidad, Lina Menéndez.
La nueva normativa, que constituye uno los compromisos de legislatura del Gobierno asturiano, busca consolidar y mejorar el salario social básico como elemento nuclear de un sistema de garantía de derechos. Para ello, incluye medidas para agilizar la prestación, como el uso de la declaración responsable y la simplificación de trámites. Asimismo, introduce exenciones para los ingresos provenientes del trabajo y de determinadas pensiones, al tiempo que modifica la regulación de los programas personalizados de inserción social, entre otras medidas. Además, recoge complementos vitales con el propósito de atender de manera diferenciada las nuevas realidades y necesidades. En este sentido, plantea apoyos adicionales para familias con menores y jóvenes, personas con discapacidad y dependencia, o para el alquiler de vivienda, así como un complemento específico a las pensiones no contributivas para personas que vivan solas.
Medidas para potenciar el acogimiento familiar de menores
El texto eleva a derecho subjetivo la prestación destinada a cubrir necesidades básicas de los menores del sistema de protección acogidos por familias ajenas. Esta medida contribuirá a impulsar el acogimiento familiar sobre el residencial, puesto que las compensaciones económicas a las familias podrán abonarse directamente, con todas las garantías jurídicas.
En materia de vivienda, aspira a garantizar el derecho a un hogar digno y adecuado, extendiendo a toda la población la posibilidad de acceder a un piso de titularidad pública o a las ayudas públicas para ese fin. También simplifica el procedimiento de concesión de apoyos económicos, que pasa a ser directo, y adapta la regulación relacionada con las adjudicaciones por causa de emergencia social.
En el apartado de prestaciones, el anteproyecto reordena las ayudas de emergencia social que conceden las entidades locales, poniendo especial énfasis en la atención a la población infantil y en los apoyos para el acceso y mantenimiento en la vivienda y contra la pobreza energética. El objetivo es garantizar unas condiciones mínimas de igualdad en todo el territorio y mejorar la coordinación entre administraciones. En esta materia se articula un nuevo mecanismo de financiación y de intercambio de información, y la creación de una comisión interinstitucional. En el ámbito de la participación, se reserva un papel especial a las entidades sin ánimo de lucro, tanto en la colaboración en el desarrollo de proyectos concretos como en su inclusión en los órganos asesores del nuevo sistema de garantía de derechos y prestaciones vitales.
