La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa que siguió al último Consejo de Ministros, manifestó qué:” en cumplimiento del mandato constitucional cumpliremos y haremos cumplir la Constitución y las leyes”. Esta es la insuficiente respuesta que parece merecer al Gobierno la pretendida declaración de soberanía que seguramente aprobará próximamente el Parlamento catalán .
Artur Más da señales de sentirse cada vez más envalentonado, gracias a la bula de impunidad que viene disfrutando y proporcionándole toda clase de rentas. Un ejemplo: mientras ocasiona el mayor conflicto institucional de los últimos tiempos, el Gobierno acaba de concederle una ayuda extraordinaria de 8.300 millones de euros. Casi un tercio del Fondo de Liquidez Autonómica que el Estado destina para resolver las desviaciones presupuestarias de todas las CCAA, de cara al cumplimiento del objetivo del déficit y que ya Cataluña ha anunciado que lo superará. Al mismo tiempo ha creado su particular Agencia Tributaria dentro del esquema de avanzar a tener “estructuras de Estado”.
Artur Más trabaja de prisa en su “transición nacional”. Rechaza las sentencias del TS y del TC sobre la inmersión lingüística y desprecia ostentosamente las reformas del Gobierno en educación y sanidad, con vergonzosos desplantes a los ministros Wert y Ana Mato. Su rebeldía y desacato al Estado, instituciones, leyes y sentencias, no tiene límites y llega a la grosería protocolaria, como sucedió en el viaje inaugural del AVE a Gerona. Otro reciente desafío institucional ha sido ordenar a sus “embajadas”, mantenidas a pesar de los recortes, que procedan a divulgar sus planes independentistas para facilitar la “ internacionalización del conflicto”. Tal actuación se parece mucho a un delito de traición nacional. Por si fuera poco desde TV3 y de los medios subvencionados se está alentando a la insumisión en todas las actividades de la sociedad civil. Algunas muestras son los manifiestos de artistas e intelectuales separatistas, la eliminación de nombres y banderas españolas, concentraciones ante oficinas y delegaciones del Estado. Todo un despliegue del “Catalonia not is Spain”, pero apurando tiempos e intensidad sobre todo a nivel de notoriedad. El plan se confirma si se valora la rapidez con la que ha actuado la Generalitat en la distribución, a medios internacionales, del borrador de la “declaración de soberanía”.
Frente a tanto dislate cada vez se comprende menos que desde la presidencia del Gobierno no se actúe de forma contundente y con el formato adecuado, no aprovechando una rueda de prensa o un momento coyuntural. Es cierto que la “declaración de soberanía” todavía no ha sido votada y aprobada por el Parlamento catalán, pero es también evidente que tanto Artur Más como sus socios, vienen dando suficientes muestras de su radical confrontación para haber merecido ya alguna medida correctora o disuasoria.
La guinda de la conducta chulesca puede alcanzar cotas inusuales con ocasión de las anunciadas visitas al Rey a Rajoy, pero también habrá llegado el momento de actuar de forma fulminante y decidida si, como es de esperar, Artur Más no rectifica. La Constitución proporciona los recursos legales suficientes y la mayoría de la opinión pública, al margen de posiciones partidistas, apoyaría las acciones pertinentes para acabar con los desafíos, mesianismos insolidarios y la usurpación de funciones que promueven CIU y ERC.
