Muchos responsables políticos, económicos y sociales, no solo Montoro ministro de Hacienda, dieron un suspiro de alivio cuando terminó, felizmente, la reunión del Consejo de Política Fiscal en la que los responsables de Hacienda de las comunidades sometieron sus planes de ajuste para acomodarse a las previsiones de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Dudas y temores había de que tal sesión terminase con un grave conflicto de competencias y que ya calentados no hubiese advertencias de recurrir al controvertido artículo 155 de la Constitución que señala: “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere con las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan o actuase de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación de la mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”.
Esta disposición constitucional no se ha aplicado nunca, afortunadamente, aunque allá por el 2007 ,Alfonso Guerra recurrió a ella para llamar la atención al lendakari Ibarretxe por sus planes soberanistas. La doctrina señala que su utilización debe reservarse para casos muy graves.
La verdad es que las reacciones, a veces desafiantes, de Cataluña y Andalucía hacían presagiar una tormenta institucional y al parecer sí hubo algún rifirrafe con pretensiones andaluzas que se solventaron por la mediación catalana. Ver para creer.
Hay que celebrar el buen resultado final y comprender el triste papel de Asturias ,producto de la confusión reinante. De todas formas para el resultado global los ajustes o no, de Asturias importaban poco.
El acuerdo supone el compromiso de aplicar el mayor recorte de la historia en el gasto autonómico, cuantificado en 13071 millones de euros y una subida de impuestos de 5278 millones de euros, lo cual significa poder cumplir el objetivo del 1,5 % que exige Hacienda para este año. La mayor incidencia recae en sanidad, educación y sueldos de funcionarios. Se echa de menos que la tijera no haya funcionado en capítulos superfluos
tales como televisiones autonómicas que cuestan más de 2000 millones de euros y cientos de empresas públicas deficitarias. Es muy probable que haya una segunda “limpia” por que en definitiva el ajuste autonómico es necesario para que el gasto estatal pase del 8,9 al 5,3% del PIB que es el compromiso del Gobierno ante Bruselas.
El pasado jueves fue un día muy importante en esta crisis financiera y de credibilidad. Al buen fin contribuyeron las reiteradas amenazas de intervención y las descalificaciones de los títulos de algunas comunidades, hasta el lìmite de bonos basura. Bienvenido sea el acuerdo de reequilibrio del gasto autonómico, casi un “pacto de Estado”, sobre todo si se cumple y se hacen propósitos de no repetir el despilfarro que nunca debió producirse.
