El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto que regulará la prórroga de los presupuestos del Principado de 2017 para el próximo año, que entrará en vigor el 1 de enero de 2018.   De acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Autonomía, la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, y el Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario, la prórroga se produce de forma automática siempre que no haya presupuestos aprobados el 1 de enero. En concreto, se prorrogan los créditos iniciales de las cuentas de 2017, salvo aquellos que tienen como destino servicios o programas con una vigencia limitada a dicho año.   Como paso previo a que el presupuesto prorrogado esté operativo, la Consejería de Hacienda y Sector Público analizará los ingresos previstos para 2018 en función de las previsiones que se deriven de la liquidación del presupuesto de ingresos del ejercicio prorrogado, de los recursos procedentes del sistema de financiación autonómica y de la previsión de fondos finalistas. Si de esta estimación resultase una previsión de ingresos inferior a los créditos prorrogados, se procederá a la retención correspondiente.   Los créditos prorrogados habrán de cumplir con los objetivos de déficit, deuda pública y regla de gasto aprobados por el acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de julio de 2017, que son los siguientes:   -   Objetivo de estabilidad presupuestaria: -0,4 % PIB. -   Objetivo de deuda pública: 18,6% PIB -   Regla de gasto (% variación interanual): 2,4   Si el volumen de créditos prorrogados es insuficiente para dar cobertura a los compromisos de gasto se tramitarían, como primer paso, las modificaciones presupuestarias necesarias para complementar estos créditos.  

Ayudas para las personas desfavorecidas

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy un gasto de 65.490.978 euros destinados a garantizar la protección social a los colectivos más desfavorecidos a lo largo del próximo año, con independencia de la prórroga presupuestaria. Las medidas acordadas son las siguientes:   ·         Salario social básico   -   Se ha aprobado una ampliación de crédito por un importe de 9.550.000 euros para atender el abono de esta prestación, que este mes de diciembre llegará a 22.422 familias y beneficiará a unas 45.500 personas. Con esta nueva partida, el gasto total para esta renta mínima, principal herramienta del Gobierno regional para apoyar a las personas con mayores dificultades económicas y luchar contra la exclusión social,  alcanzará este año los 119,1 millones. -   Se ha autorizado, como anticipado de gasto, una partida de 21,5 millones para garantizar el pago de esta prestación durante enero y febrero de 2018.   ·        

Dependencia   -   Aprobado un gasto de 5,6 millones para garantizar el abono de las prestaciones económicas incluidas en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SIAAD) correspondientes a enero y febrero de 2018. Estas ayudas, de las que se benefician actualmente 11.000 personas en situación de dependencia, están destinadas a cofinanciar servicios privados como centros de día, de atención residencial, ayuda a domicilio o asistentes personales, o a sufragar los gastos de aquellas personas que permanecen en su domicilio atendidas por un cuidador no profesional. La inversión total en estas prestaciones durante este año asciende a 31,1 millones. -  

Autorizado un gasto de 13,3 millones para financiar a las entidades locales la prestación de los servicios de ayuda a domicilio y tele-asistencia a personas dependientes durante el próximo año.

La prórroga de las cuentas regionales impide autorizar todo el crédito previsto en el proyecto presupuestario, que ascendía a 15,4 millones y con el que se pretendía atender a más de 5.500 personas. Por ahora, se habilita la partida prorrogada y, una vez agotada, el Ejecutivo aportará los recursos necesarios para garantizar estos servicios. Según los cálculos de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, este año concluirá con 4.900 personas asistidas.   ·        

Plazas residenciales para mayores

  -   Se ha autorizado la renovación de nueve convenios que el organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA) mantiene con otras tantas entidades locales para prestar servicios de alojamiento y residencia a personas mayores, principalmente en concejos de zonas rurales. Este acuerdo, que implica una inversión de 7.551.452 euros, permitirá sostener en los próximos cuatro años el concierto de 123 plazas residenciales en instalaciones municipales. Los convenios afectan a los siguientes municipios: o        Ayuntamiento de Amieva: 11 plazas y un gasto de 675.333 euros. o        Ayuntamiento de Boal: 13 plazas y un gasto de 798.120  euros. o        Ayuntamiento de Cabrales: 11 plazas y un gasto de     675.333 euros. o        Ayuntamiento de Cabranes: 12 plazas y un gasto de      736.727 euros. o        Ayuntamiento de Candamo: 24 plazas y un gasto de      1.473.454 euros. o        Ayuntamiento de Riosa: 10 plazas y un gasto de 613.939 euros. o        Ayuntamiento de Santa Eulalia de Oscos: 10 plazas y un gasto de  613.939 euros. o        Ayuntamiento de Taramundi: 20 plazas y un gasto de      1.227.878 euros. o        Ayuntamiento de Villanueva de Oscos:  12 plazas y un gasto de  736.727 euros.  

Apoyos para la discapacidad

  -   Se ha autorizado la firma de cinco convenios de colaboración con los ayuntamientos de Mieres, Langreo, Gijón, Valdés y Cangas del Narcea, a los que se destinarán 1.522.548 euros para el sostenimiento de los Centros de Apoyo a la Integración (CAI) municipales. Los acuerdos, de carácter anual, consolidan el funcionamiento de estos equipamientos, que atienden a unas 200 personas con diversidad funcional. La aportación del Gobierno de Asturias se determina en función del número de plazas y el grado de dependencia de los usuarios y para 2018 se distribuye del siguiente modo: o        CAI de Cardeo (Mieres): 53 plazas y 409.488 euros. o        CAI de Canero (Valdés): 21 plazas y 166.044 euros. o        CAI de Gijón: 16 plazas y 93.840 euros. o        CAI de Pando (Langreo): 75 plazas y 591.216 euros. o        CAI de Penlés (Cangas del Narcea): 31 plazas y 261.960 euros. Los CAI son recursos especializados de atención y formación para las personas adultas con discapacidad, que promueven su independencia y desarrollo personal, al tiempo que favorecen su integración sociolaboral. La atención se lleva a cabo a través de planes personalizados de apoyo.   -   También se ha aprobado un gasto plurianual de 424.744 euros para contratar, por 24 meses, el servicio de atención residencial para personas con discapacidad en un piso tutelado de Gijón. El contrato incluirá varios criterios de adjudicación, por lo que además del precio se valorarán aspectos relacionados con la calidad.  

Ayudas para acogimiento de menores

  -   El Ejecutivo ha autorizado la concesión de subvenciones directas a familias que acogen a menores tutelados por la Administración autonómica con los que no tienen vínculos familiares. La partida, que suma 13.329 euros, llegará a una decena de familias para sufragar los gastos de manutención de los menores. Estos fondos complementan a los 138.000 euros aprobados en marzo para el mismo fin. El Principado ha modificado este año el procedimiento de acceso a las subvenciones, que hasta ahora se realizaba mediante concurrencia competitiva, con el fin de agilizar la gestión y potenciar el acogimiento familiar. También han aumentado las cuantías de las ayudas.   Los acogimientos se realizan tanto en familia ajena, cuando los menores son atendidos por personas con las que no tienen parentesco, como en familia extensa, si los acogedores tienen vínculo familiar con los niños. A finales de 2016 estaban acogidos en Asturias 620 pequeños: 539 por familiares y 81 por personas ajenas. La cuantía global para apoyar los acogimientos se sitúa este ejercicio en 1,3 millones.  

3,4 millones para políticas de empleo  

El Ejecutivo ha aprobado una batería de medidas por 3.427.627 euros para incentivar la contratación y la formación de los colectivos sociales más desfavorecidos; entre otros, las personas con discapacidad y los desempleados. -   Por una parte, se han autorizado 850.000 euros para la convocatoria de ayudas a la contratación indefinida en empresas de más de 200 personas desempleadas con discapacidad. En concreto, se subvencionarán los contratos formalizados entre el 1 de junio de 2017 y el 31 de mayo de 2019. El Gobierno pretende fomentar la inserción laboral de este colectivo en el mercado de trabajo ordinario mediante la concesión de ayudas a las compañías para su contratación indefinida. A esta medida se suman otras como la financiación de los costes salariales de los trabajadores de centros especiales de empleo. -   También se ha aprobado un gasto anticipado de 691.227 euros para apoyar acciones de formación para el empleo con compromiso de contratación que se desarrollen en 2018 y se dirijan, principalmente, a desempleados. Esta medida da continuidad a una iniciativa que se puso en marcha con la convocatoria 2016-2017, que finalizó en septiembre y que ha tenido buena acogida por parte de las empresas. De hecho, ha permitido formar a 167 parados, de los que más del 75% han sido contratados. Además, la Consejería de Empleo aprobó el 9 de noviembre una nueva convocatoria por importe de 521.931 euros para dar cobertura al periodo de este año no amparado por la anterior y actualmente se están resolviendo las solicitudes presentadas. El compromiso de contratación por parte de las empresas ha de ser, como mínimo, del 40% de los participantes en la acción formativa, por un periodo mínimo de 6 meses, y a jornada completa. -   Por último, se ha acordado destinar 1.886.400 euros a becas y ayudas a alumnos desempleados que participan en cursos formativos. Algunas de las ayudas son las siguientes: o        Beca por discapacidad en grado igual o superior al 33% en una cuantía de 9 euros por día de asistencia al curso. o        Ayuda a la conciliación, del 75% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) diario por asistencia. o        Ayuda de transporte público urbano. o        Ayuda de manutención de 10 euros por día lectivo asistido. o        Ayuda por alojamiento y manutención, de hasta 50 euros por día natural. o        Las mujeres víctimas de violencia de género tendrán derecho a percibir una beca por asistencia de 10 euros por día lectivo hasta que finalice el curso.

  Creación de la comisión mixta de justicia gratuita

El Consejo de Gobierno ha aprobado la firma de un convenio de colaboración con los colegios de abogados y procuradores de Oviedo y  Gijón para la puesta en marcha de una comisión mixta en materia de justicia gratuita. Este órgano de asesoramiento y coordinación surge con el propósito de adecuar este servicio al nuevo contexto social, económico y jurídico actual.   El objetivo principal de la comisión será el análisis y la propuesta de acciones para la mejora del servicio del turno de oficio, entre las que destaca el desarrollo reglamentario de la asistencia jurídica gratuita en el Principado, una normativa aprobada en noviembre de 2007 y pendiente de actualización. La Consejería de Presidencia ha remitido ya un primer borrador a los colegios profesionales en el que se recoge la posibilidad de impulsar compensaciones a los abogados por el asesoramiento y la asistencia inmediata en casos de violencia sobre la mujer, así como la ampliación de los supuestos retributivos para los procuradores.   La puesta en marcha de este órgano es uno de los compromisos de legislatura en materia de asistencia jurídica gratuita, un servicio prioritario al que en los últimos once años se han destinado recursos por importe de 54,2 millones, lo que convierto Asturias en la cuarta comunidad autónoma en inversión por habitante.

  Convenios del Ente de Servicios Tributarios con dos ayuntamientos

El Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de un convenio entre el Ente Público de Servicios Tributarios y el Ayuntamiento de Avilés, en virtud del cual el organismo autonómico asumirá la gestión de las multas de tráfico municipales. Entre otros aspectos, se encargará de la notificación de actos y la asistencia al interesado, la liquidación en período voluntario y la recaudación.   El convenio entrará en vigor el 1 de enero de 2018 y se mantendrá inicialmente durante cuatro años, aunque podría prorrogarse durante cuatro más. En cuanto a las condiciones económicas, el Ayuntamiento deberá abonar un 20% de la recaudación, tanto en el periodo voluntario como en vía ejecutiva. En este último caso, el Ente también recibirá el importe de los recargos que se apliquen. Por su parte, el organismo autonómico deberá liquidar y entregar a la Administración local el importe de los ingresos en el plazo de un mes, una vez finalizado cada trimestre natural.   El Ejecutivo también ha aprobado la firma de un convenio entre el Ente de Servicios Tributarios y el Ayuntamiento de Villaviciosa para la gestión y recaudación del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocido popularmente como plusvalía. 

FOTO: ARMANDO ÁLVAREZ