Asturias (E.P.).-El Gobierno del Principado de Asturias, de signo socialista, ha mostrado su disconformidad con la tramitación de la proposición de ley anticorrupción propuesta por Podemos. Según recuerda el Ejecutivo, Asturias está en un escenario de prórroga presupuestaria y la oficina anticorrupción que propone Podemos supondría un gasto adicional de 413.996,11 euros, más los gastos corrientes.

   El asunto fue tratado este martes en la reunión de la Mesa de la Cámara de la Junta General del Principado, que finalmente tuvo en cuenta el criterio desfavorable para tramitar la ley.

   En su estimación, el Gobierno explica que la oficina supondría un incremento de gasto, al suponer más retribuciones de personal. Los tres inspectores anticorrupción (altos cargos) supondría un coste de 206.530 euros sumando retribuciones y Seguridad Social. El secretario general de la oficina (también alto cargo) cobraría 68.843,60 euros anuales, mientras que el técnico percibiría 36.781 euros. Por último, las retribuciones de los cuatro administrativos de la oficina supondría 101.840,66 euros.

   "A este gasto habría que sumar los gastos corrientes correspondientes al funcionamiento de la unidad, costes que aun siendo ciertos no pueden ser cuantificados de modo apriorístico", ha explicado el Gobierno.

   "Resulta absolutamente inviable la previsión y dotación de los créditos pertinentes para la cobertura de los costes de personal y gastos corrientes que de la propuesta normativa se derivarían", añaden, en referencia al actual escenario de prórroga presupuestaria.

   Pero además el Ejecutivo autonómico considera que esa unidad anticorrupción que quiere poner Podemos por ley "no encuentra encaje en nuestro diseño institucional, desde el momento en que no está estatutariamente contemplada su existencia, ni puede asumir las funciones reservadas a otros órganos con ubicaciones ajenas al poder legislativo".

   Al Gobierno tampoco le gusta la proposición de Podemos porque, afirma, "proyecta como mecanismo de reacción y cristalización de la desconfianza en el servidor público" e incluso va más allá "introduciendo en texto legal el anonimato de la denuncia como pauta de garantía para el denunciante, posibilidad no del agrado de nuestros órganos jurisdiccionales"