Mieres (E.P.)  IU de Mieres, que gobierna en el municipio, presentará en el próximo pleno municipal una moción en la que pedirá declarar la situación de los pacientes afectados por Hepatitis C como "emergencia sanitaria" y la actuación de la empresa Gilead de "anticompetitiva y monopolística".

   En la moción también pedirá realizar los trámites necesarios, "con la mayor rapidez posible, sin negociación previa con el titular de la patente", para la emisión de licencia obligatoria de Sofosbuvir, autorizando el abastecimiento del mercado interno de este producto mediante la fabricación de genéricos, fijando un precio que sea sostenible para las arcas públicas. El objetivo es que se garantice el tratamiento para todos los que lo necesitan según los criterios científicos y de los profesionales.

   Izquierda Unida de Mieres propondrá, además, retirar la decisión voluntaria del Gobierno de España de renuncia a la importación de genéricos producidos bajo licencia obligatoria en terceros países, a fin de poder importar medicamentos de estos en caso de que la producción de genéricos bajo licencia obligatoria realizada en nuestro territorio no sea suficiente para cubrir las necesidades de tratamiento.

   Además, pedirá instar a los organismos internacionales y a los países miembros de la Unión Europea a la modificación de la legislación de las patentes farmacéuticas. A juicio de la formación la legislación "debe prohibir que los costes derivados de operaciones bursátiles especulativas sean trasladados al precio de venta de los fármacos".

   La iniciativa pide que se prohíba que se puedan establecer patentes privadas sobre productos que sean desarrollados en buena medida "gracias a la labor de investigaciones financiadas por instituciones públicas, desarrolladas en instalaciones o centros públicos, con el concurso de profesionales de los sistemas nacionales de salud o de seguridad social". Y desarrollar una investigación farmacéutica independiente de la actual industria, al servicio únicamente del desarrollo científico y de la mejora de la salud de la población.

   Instarán, además, al Gobierno autonómico a sumarse a estas exigencias ante el Gobierno central y a "asumir su responsabilidad derivada de las competencias autonómicas en prestación de la asistencia sanitaria, garantizando de inmediato la proporción del tratamiento necesario a todos los afectados que lo necesiten según prescripción facultativa"