Liberbank no modifica su 'brutal' plan de ajuste, según fuentes sindicales

Liberbank no modifica su brutal plan de ajuste, según fuentes sindicales

En la víspera de nochebuena tuvo lugar en Madrid  la cuarta reunión del periodo legal de consultas del ERE planteado por la dirección de Liberbank, al haber sido anulado el anterior, firmado junto con CCOO y UGT, por una sentencia del Audiencia Nacional en respuesta a una demanda presentada por la Corriente Sindical de Izquierda (CSI) y el Sindicato de Trabajadores del Crédito (STC-CIC).

 
El domingo, a última hora, los medios de comunicación publicaban una noticia según la cual, la dirección de Liberbank iba a presentar hoy una oferta en la que “flexibilizaba” la oferta que efectuó inicialmente que consistía, básicamente en reeditar el acuerdo alcanzado con CCOO y UGT, anulado por la Audiencia Nacional, dándole un barniz de legalidad durante el proceso negociador que dificultase un nuevo recurso ante la Audiencia Nacional.
 
La dirección de Liberbank negó, en la reunión de hoy, tener nada que ver con dicha noticia y, obviamente, no presentó ninguna oferta nueva, reiterándose en sus planteamientos y continuando en su postura de negarse a hacer entrega de la documentación y la contabilidad exigida desde la primera reunión por todos los sindicatos.
 
Por la tarde, los representantes de los trabajadores están examinando en la sede de Liberbank en Madrid el Therm Sheet (acuerdo remitido por la dirección de Liberbank a las autoridades europeas), sin que se les facilite copia por ser, según la dirección, altamente confidencial (sic).
 
El día 26 tendrá lugar la quinta y última reunión del perido legal de consultas del ERE.
 
Para la Corriente Sindical de Izquierda, la dirección de Liberbank (que adeuda 67 millones de euros a los trabajadores a raíz de la sentencia de la Audiencia Nacional que anuló el anterior ERE) sólo pretende, utilizando documentación insuficiente y contabilidades elaboradas  a medida para este propósito, llevar a cabo el brutal plan de ajuste mediante el cual, todos los años, más de 120 millones de euros serían sustraídos de los salarios de los trabajadores para financiar el banco privado de Manuel Menéndez y sus socios financieros y políticos.
 
Dicho plan, lejos de garantizar la viabilidad de Liberbank y de los puestos de trabajo, pone en grave riesgo una y otros, debido al deterioro del servicio a los clientes que conlleva, como se ha podido comprobar durante los seis meses en que estuvo en vigor desde junio de 2013 hasta su anulación.

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