Oviedo (E.P.) .-El abogado Ricardo Álvarez-Buylla, letrado de la defensa del empresario, Fernando Ángel Brun, acusado de fraude de subvenciones por vender la parcela A-19 del polígono industrial de Olloniego, ha negado la existencia de un delito penal contra su defendido.

   El asunto denunciado por el Grupo Municipal Socialista de Oviedo se trata de un proceso penal abierto tras la denuncia por fraude de subvenciones que presentaron a principios de 2011 tras detectar irregularidades en la venta de la parcela, que estaba ligada a la presentación de un proyecto generador de empleo ya que el polígono industrial de Olloniego se financió con Fondos Mineros.

   Álvarez-Buylla, en declaraciones a Europa Press, argumenta en su escrito presentado el pasado mes de octubre en el Juzgado de Instrucción número 1 de Oviedo, que los hechos no son constitutivos de delito "debido a que siempre se cumplieron formal y materialmente los requisitos exigidos para la concesión de la subvención".

   El abogado de Brun sostiene que "de ninguna forma o manera resultó burlada la finalidad última a que respondía la misma, y ello dado a que no sólo no se modificó sustancialmente la finalidad de la subvención sino que la misma se cumplió en su totalidad".

   En este sentido, Álvarez-Buylla manifiesta que los denunciantes, los concejales del Grupo Municipal Socialista de Oviedo, Alfredo Carreño y Feliz Fernández, "deberían de haber hecho saber a los denunciados cual de los dos delitos se les imputa --a Fernando Ángel Brun y a otras dos empresarias--, es decir, cual es la calificación jurídica que de los mismos se hace por su parte".

   El letrado acusa a los denunciantes de "querer distorsionar la realidad al hacer creer que las subvenciones han sido concedidas por la Hacienda Estatal, cuando ello es totalmente incierto" y por ello, continua Álvarez-Buylla queda patente la "mala fe procesal" de los denunciantes.

   "Está muy claro que los empresarios cumplieron con la finalidad sustancial de la subvención y ello incluso sin haber alterado las condiciones establecidas. Y se advierte de que los denunciantes buscan de manera angustiosa, ellos sabrán porqué, réditos políticos en el Juzgado".

   Por todo ello, el abogado solicita al juzgado que acuerde el sobreseimiento libre y el archivo de las actuaciones ya que afirma que "en la citada parcela sí se desarrolla actividad industrial y sí se han creado puestos de trabajo", añade el letrado.

   Por su parte, los socialistas defienden que las empresas a las que se adjudicaron las parcelas no cumplieron como condición indispensable con la puesta en marcha de un proyecto para crear empleo y que fuera solvente, y recriminan al Ayuntamiento que no actuase contra este supuesto incumplimiento.

FOTO: EUROPA PRESS