La cuantificación actual de los incumplimientos del Gobierno Central sube a 9.375,7 millones de euros, según el Gobierno catalán
Homs espera que con este informe, que será enviado al Gobierno del estado, “los que se llenan la boca con el estado de derecho y el marco constitucional cumplen con las leyes y con las sentencias del Tribunal Constitucional”
El Gobierno solicitará en el Senado la convocatoria de la comisión General de las Comunidades Autónomas para denunciar “la invasión competencial” de la *LOMCE
El Gobierno da el visto bueno a los nuevos criterios de distribución de fondos europeos en qué Cataluña recibirá 2.121,8 millones el periodo 2014-2020


Barcelona. P.G.-El Gobierno catalán ha analizado detenidamente el informe “La deslealtad del Estado respecto de Cataluña. Balance de Situación”, un documento detallado pero no exhaustivo que recoge a guisa de inventario los principales incumplimientos del Estado respecto de Cataluña, la vulneración de competencias de la Generalitat, y dónde también se cuantifica el volumen de deudas pendientes del Estado que afectan de manera muy acusada la situación financiera de la Generalitat. Se constata que los efectos de esta actitud del Estado tienen una dimensión legal, política y económica, pero también tienen una dimensión humana puesto que afectan de manera muy transversal a todos los ciudadanos. Así, la conclusión principal del informe, tal y cómo ha explicado el consejero de la Presidencia, es que “la deslealtad institucional del Estado genera desigualdades sociales en Cataluña”.

El consejero ha apuntado que en un momento en que en Cataluña está inmersa en un debate vivo y pacífico “es bueno que se conozca un informe como este”. Sin un documento así, ha apuntado, “no se entenderían muchas decisiones ordinarias que el Gobierno tiene que tomar cada día”. Como la transparencia es “un valor esencial para garantizar un debate seré”, el Gobierno enviará este informe en el Gobierno central y como respuesta, y espera que “aquellos que se llenan la boca con el estado de derecho y el marco constitucional, cumplen las leyes y las sentencias del Tribunal Constitucional”

El documento, “que es un análisis sobre el marco jurídico actual y la actual distribución competencial”, se inicia con una definición del principio de lealtad institucional: “la determinación del impacto positivo o negativo que las disposiciones generales aprobadas por la Sido tengan sobre las Comunidades Autónomas, tanto en materia de ingresos, como en materia de nuevas obligaciones de gasto”. Esta definición queda recogida al Estatuto de Autonomía de Cataluña y a la *Lofca, pero también el Tribunal Constitucional ha dictado sobre la cuestión: “La lealtad se expresa como obligación de respetar mutuamente las respectivas competencias (...) que impone, tanto en el Estado como las CA, la obligación de ejercer sus competencias respectivas respetando las que corresponden en la otra poder público”.

El informe del Gobierno pone de manifiesto con muchos ejemplos concretos que “la *cronificació de una actuación desleal por parte del Estado, comporta una vulneración directa del principio constitucional de igualdad de todos los ciudadanos”. Es decir, “la deslealtad institucional practicada por el Estado español tiene como principal consecuencia directa para la ciudadanía el incremento de desigualdades y discriminación entre los ciudadanos por razón del territorio donde viven”. De este modo, si el Estado no aporta los recursos que le corresponden, por ejemplo, por infraestructuras, becas o dependencia son los ciudadanos de Cataluña los que están en inferiores condiciones respeto los del resto del Estado. En definitiva, “detrás estos incumplimientos hay el sufrimiento de un país entero que tiene que pagar por todo”, ha sentenciado el consejero.

En la dimensión más económica, se incumple, de manera sistemática, el llamado principio de *ordinalitat: mientras que en Cataluña la capacidad tributaria de sus conciudadanos está claramente por encima de la media estatal, los recursos públicos per cápita disponibles son claramente inferiores a los de la media. En la liquidación de 2011, Cataluña ha sido la tercera comunidad en aportación de recursos y la decena en recursos recibidos.

En este balance de situación, el informe cuantifica en 9.375,7 M€ el volumen de deudas pendientes del Estado con Cataluña. En esta cifra se incluyen 5.748M€ de inversión en infraestructuras; 672,6 M€ de reducción de ingresos finalistas provenientes del Estado; 1.715,2M€ de medidas estatales que suponen incremento de gasto; y 1.239,9 M€, de medidas estatales que suponen un *decrement de ingresos.

Al informe se destaca también decisiones orientadas a *menystenir la lengua (negativa al catalán a organismos estatales ni internacionales), la educación (*LOMCE), la cultura (caída de la inversión de un 46%, Papeles de Salamanca), el estatus político de Cataluña (Sentencia del TC contra el Estatuto , rechazo al pacto fiscal y en la declaración de soberanía), y los valores democráticos (banalización del fascismo y el nazismo).

El Gobierno traerá el debate sobre la *LOMCE al Senado
El Gobierno también ha acordado hoy solicitar en el Senado la convocatoria de la Comisión General de las Comunidades Autónomas para denunciar la invasión de competencias de *LOMCE, aprobada la pasada semana por el Congreso de Diputados. El portavoz del Gobierno ha reconocido que este “*mecansime *expecipcional” tiene que permitir la posibilidad de hacer un “debate seré” de como la *Lomce invade las competencias de la Generalitat en materia educativa, se opone de forma frontal al régimen lingüístico vigente en Cataluña y modifica el mecanismo de financiación de las comunidades autónomas. El propósito es que sea la consejera de Enseñanza, Irene *Rigau, quién participe en nombre del Gobierno.

Cataluña recibirá 2.121,8 millones en fondos europeos
El Gobierno ha dado hoy el visto bueno a los nuevos criterios de la Comisión Europea en relación a la distribución de Fondos Europeos que priorizan, en una coyuntura de crisis y recesión, “las regiones que son claramente *tractores de la economía”. Por primera vez desde la integración de España al mercado común, la Comisión ha decidido apostar por las regiones que puedan contribuir a reactivar el crecimiento, como Cataluña, y bajar ligeramente la intensidad de la política subsidiaria de los últimos periodos en que intensificaba todavía más la ayuda a las regiones menos desarrolladas. El consejero ha constado la “diferencia de visión” entre el que deciden las autoridades europeas del que hacen las españolas, que “continúan planteando las cosas sin el criterio económico de que vale la pena invertir en territorios con capacidad para sacarnos de la crisis”