El presidente asturiano rechaza la financiación insolidaria que proponen Cataluña y Madrid

El presidente asturiano rechaza la financiación insolidaria que proponen Cataluña y Madrid

Javier Fernández reclama un sistema de financiación que garantice un idéntico nivel de prestación de servicios públicos básicos en toda España

 

El jefe del Ejecutivo explica que “en España, al Estado le paga lo mismo fiscalmente el que gana lo mismo y con la misma fuente de renta, viva en Cataluña, en Asturias, en Madrid o en Extremadura”

 

 

Asturias.-El presidente del Principado, Javier Fernández, ha insistido hoy en que es un error vincular los recursos financieros de las comunidades autónomas a su capacidad tributaria. En una entrevista realizada esta mañana en Radio Nacional de España, el jefe del Ejecutivo  ha desligado las balanzas fiscales de la financiación autonómica: “Lo digo con absoluta claridad, no tienen ninguna relación con el sistema de financiación, son cosas bien diferentes”. Los gobiernos de Cataluña y Madrid reclaman, por el contrario, que las comunidades que más recaudan sean también las que más recursos reciban.

 

La publicación de las balanzas fiscales ha sido una demanda constante de los gobiernos nacionalistas catalanes a la que ahora se ha sumado el Ejecutivo de Madrid, en manos del Partido Popular. Fernández ha explicado que las balanzas son saldos fiscales entre todos los pagos, todas las inversiones y todas las transferencias que se hacen por el Estado a una comunidad, en relación con los ingresos fiscales que hacen los ciudadanos de esa comunidad. Es decir, “estamos hablando de transferencias como las de la Seguridad Social, que no tienen nada que ver con el sistema de financiación”, ha aclarado.

 

El jefe del Gobierno se ha mostrado crítico con los planteamientos esgrimidos históricamente desde Cataluña a través de CiU, que ahora coinciden con los que también defiende el gobierno de Madrid.  Ambos gobiernos –el de Cataluña y el de Madrid- aseguran que “como allí se generan más ingresos fiscales, pues tienen que tener una mejor financiación autonómica. Ahí lo que están diciendo es algo así como que las comunidades autónomas tienen una especie de soberanía fiscal básica. Pero no, los que están pagando son los ciudadanos, en este caso los madrileños, que si contribuyen más es sencillamente porque tienen más renta”. “Hay que dejar claro que al Estado, en España, paga lo mismo fiscalmente el que gana lo mismo y con la misma fuente de renta, viva en Cataluña, en Asturias, en Madrid o en Extremadura”, ha sentenciado.

 

El presidente ha considerado que el sistema de financiación “lo que hace, o lo que debe hacer, es garantizar un idéntico, un mismo nivel de prestación de servicios públicos básicos en el conjunto del territorio. Y eso tiene que ver con la población, pero sobre todo tiene que ver con la población protegida”.

 

Para explicar este razonamiento, Fernández ha señalado los costes diferenciales que existen entre un territorio y otro para prestar el mismo servicio. Por ejemplo, quienes más utilizan la sanidad “son las personas mayores. Entonces, si una comunidad tiene un porcentaje mayor de población envejecida va a tener también un coste adicional en la sanidad. Lo mismo ocurrirá con la educación que dependerá del número de jóvenes, de si estamos en un territorio compacto, muy urbano, o en otro muy disperso, muy rural, donde cuesta más prestar la unidad de servicio. O incluso, del coste de la vida, porque en ese caso  los prestadores del servicio, los profesionales, van a tener seguramente un salario mayor”.

 

Con este razonamiento, el presidente ha destacado que los servicios sanitarios y educativos –por citar dos ejemplos- no cuestan lo mismo en todas las comunidades. El envejecimiento demográfico, la orografía y la dispersión de las poblaciones son factores que los encarecen. Por lo tanto, el número de habitantes no debe ser el único baremo para calcular los costes de los servicios.

 

Lo que habrá que determinar, ha añadido, es “cuánto cuesta en cada territorio para que sea igual. Esto es como una especie de contabilidad analítica que permite saber cuánto cuesta prestar un servicio sanitario, educativo, de servicios social...”.

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