El ministro y los presidentes de las comunidades autónomas han aprobado una declaración institucional en defensa del sector naval español en la que solicitan la reconsideración de la propuesta avanzada por el comisario de la Competencia

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, se ha reunido hoy con los presidentes de las comunidades autónomas de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, País Vasco, Iñigo Urkullu, Asturias, Javier Fernández, y con el presidente de PYMAR, Álvaro Platero, para tratar sobre la situación del sector naval español.

El ministro y los presidentes de las comunidades autónomas han aprobado una declaración institucional en defensa del sector naval español en la que solicitan la reconsideración de la propuesta avanzada por el comisario de la Competencia.

Durante el encuentro, también han acordado pedir un encuentro con el comisario de Competencia en los próximos días y, antes de que esa cuestión se eleve al Colegio de Comisarios europeo, una reunión con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durâo Barroso. En ambos casos, transmitirán las graves consecuencias que tendría para el sector naval y para las miles de personas que viven de él la devolución de las ayudas.

Declaración Institucional en defensa del sector naval español [pdf] [51,09 KB]

POSICIÓN DEL PRESIDENTE DE ASTURIAS

El presidente del Principado, Javier Fernández, ha requerido al vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Competencia, Joaquín Almunia, que reconsidere su decisión de exigir el reintegro de las bonificaciones a la construcción naval (tax lease) percibidas por los astilleros españoles entre 2005 y 2011 y que la Comisión Europea ha considerado ayuda de Estado tras la denuncia de los astilleros holandeses.

De ello dependen “87.000 empleos y 19 astilleros privados, armadores nacionales e internacionales, y una voluminosa industria auxiliar”, según recoge la declaración institucional en defensa del sector naval español suscrita hoy por los presidentes de Asturias, Javier Fernández; Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y País Vasco, Íñigo Urkullu; el ministro de Industria, José Manuel Soria, y el presidente de la patronal de los astilleros, Álvaro Platero.

Tras el encuentro mantenido esta tarde en el Ministerio de Industria, el jefe del Ejecutivo asturiano ha advertido de que la “lesiva” decisión anunciada por el comisario, de materializarse, “supondría el colapso de la mayor parte de los astilleros privados. Sería un golpe muy duro para la viabilidad de estas empresas en un momento además extraordinariamente difícil desde el punto de vista económico y social”. Ha añadido que., sin duda, “hay argumentos económicos, sociales y jurídicos para rebatir esa decisión y es lo que haremos, con la Comisión de la Competencia en primera instancia y, si no es posible, con el Colegio de Comisarios y con el presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso”.

Javier Fernández ha ido más allá para instar al Gobierno de España a recurrir ante el Tribunal de Justicia la decisión, aunque ha reconocido que “sólo dilataría el proceso” con un tiempo que los astilleros no tienen. “Y, en ese tiempo, ya habrían podido quebrar muchos”, ha lamentado

También ha recordado Fernández el precedente del caso de los astilleros franceses, a los que la Comisión Europea, en una situación análoga, no exigió la devolución de las bonificaciones fiscales en 2006. “Por eso me parece razonable que ahora, en una situación económica más difícil que la de entonces, ocurra lo mismo”, ha insistido.

El Colegio de Comisarios someterá a votación la propuesta de resolución del comisario de Competencia el 17 de julio. Por ello, los firmantes de la declaración institucional han solicitado hoy una reunión conjunta con Joaquín Almunia; y también esperan reunirse con anterioridad al 15 de julio con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso.

GALICIA

El presidente gallego ha insistido en que la devolución de las ayudas del tax lease formulada hace unos días por el comisario de Competencia, Joaquín Almunia, supondría un grave problema económico en España y, además, contradice la apuesta de la Unión Europea por el crecimiento y por el empleo. Por eso, ha considerado que, si de verdad hay una voluntad en Europa de trabajar por el crecimiento económico, reconsiderar la propuesta hecha por el comisario Almunia es una oportunidad para demostrarlo.

“La Unión Europea tiene que escucharnos”, ha subrayado el Presidente de la Xunta, y ha insistido en los argumentos jurídicos que apoyan la petición española ya que –ha dicho— la propuesta formulada por Almunia es discriminatoria porque propone para España un castigo que no se aplicó a Francia en una situación semejante y, además, contradice el criterio mostrado por la anterior comisaria de la Competencia, Neelie Kroes, que en marzo de 2009 sí respaldaba el sistema de tax lease español.

Doble castigo
Al hilo de esta reflexión, ha solicitado que se aplique el principio de confianza legítima como en el caso francés porque, de lo contrario, la propuesta de Almunia hundiría los astilleros. Además, ha expuesto que sería un doble castigo para el sector naval español, que ya sufrió una abrupta caída de pedidos desde hace más de dos años, fruto de la inseguridad jurídica derivada del expediente abierto por la Unión Europea durante un período tan largo.

PAÍS VASCO

El Lehendakari ha mostrado el respaldo del Gobierno vasco a la Declaración Institucional conjunta del Gobierno central y de las Comunidades de Euskadi, Galicia y Asturias y de los representantes de los astilleros privados en defensa del sector naval, en el que solicitan un tratamiento análogo al otorgado a Francia, y denuncian un trato discriminatorio hacia el Estado español con respecto al país galo, que en un expediente similar fue eximido e devolver las ayudas por aplicación del principio de seguridad jurídica. Tal y como recoge la declaración si en ese momento lo argumentado por Francia fue válido para la Comisión Europea, ahora debería aplicarse el mismo criterio.

El Gobierno vasco por su parte convocará esta misma semana a los agentes afectados con el fin de analizar la situación actual.

El Gobierno vasco recuerda que en la actualidad los astilleros están ofreciendo sus servicios con todas las garantías legales y ha subrayado que desde el 1 de enero el sistema cuenta con la autorización expresa de la Comisión Europea.

FOTO PORTADA: Ministerio de Industria