·        Los acuerdos recogen medidas para evitar que las familias pierdan sus casas y permitirán que puedan acogerse a un alquiler social

La consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, ha suscrito hoy tres convenios con Liberbank, Caja Rural de Asturias y Caja Rural de Gijón que contribuirán a paliar el problema social derivado de los desahucios. La medida forma parte del plan de choque que ha puesto en marcha Gobierno del Principado contra los desahucios por ejecución hipotecaria.

La titular de Vivienda ha destacado la apuesta del Ejecutivo regional por impulsar iniciativas que intentan aliviar la difícil situación por la que atraviesan numerosas familias, en muchos casos por circunstancias económicas sobrevenidas como la pérdida del puesto del trabajo. “Estamos trabajando para paliar el problema social derivado de la necesidad de vivienda que afecta a deudores hipotecarios y en riesgo de exclusión social”, ha explicado.

Esther Díaz también ha subrayado la vinculación con Asturias de las tres entidades financieras que han suscrito los convenios, así como la implicación y predisposición que han mostrado durante todo el proceso previo a la firma.

En virtud de los convenios, los bancos se comprometen a paralizar lanzamientos y ofrecer arrendamientos sociales en la vivienda habitual, como alternativa para que las familias afectadas no tengan que abandonar su hogar. Asimismo, los acuerdos permiten ampliar la bolsa de viviendas que se pone a disposición de las personas que, como consecuencia de procesos anteriores, hayan perdido la suya.

Por su parte, el Principado se encargará de ofrecer asesoramiento a las familias afectadas y asumirá el seguro de desperfectos y la fianza del alquiler. También tramitará la bolsa de 28 viviendas en alquiler propiedad de las entidades financieras que se ofertará a personas desahuciadas en situación de riesgo o exclusión social. 

El precio del alquiler social se regirá por los mismos criterios que el de las viviendas protegidas, pero con dos limitaciones: en  ningún caso superará los 400 euros ni excederá el 30% de los ingresos de la unidad familiar. La duración del contrato será de un año prorrogable hasta tres.

El plan de choque contra los desahucios por ejecución hipotecaria se puso en macha el pasado mes de noviembre con la apertura de la oficina de información. Además, recoge otras medidas que el Gobierno asturiano ya ha puesto en marcha:

• Nuevo decreto de adjudicación de viviendas del Principado de Asturias, que se publicó en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) el pasado día 30 de mayo. Su entrada en vigor permite flexibilizar el acceso a viviendas públicas, ya que podrán acceder a ellas personas que se encuentren en proceso de desahucio y consten como propietarias. Además, añade la posibilidad de la adjudicación directa inmediata por parte del Principado.

• Convocatoria de un millón de euros para ayudas al alquiler de viviendas destinadas a personas que hayan sufrido la pérdida de su vivienda habitual por impago de hipoteca o por impago del alquiler. La medida se aprobó ayer en la reunión del Consejo de Gobierno y se publicará en el BOPA en los próximos días.

• Reserva de 50 viviendas vacantes del Principado para ponerlas a disposición de familias desahuciadas. A esta bolsa se añaden ahora las 28 viviendas aportadas por las entidades financieras que hoy han suscrito los acuerdos.