• Los acuerdos supondrán la creación de una bolsa de 38 viviendas propiedad de las entidades para destinarlas a personas desahuciadas por ejecución hipotecaria

El nuevo decreto de adjudicación de viviendas del Principado flexibiliza el acceso a las viviendas públicas y acelera los procedimientos

La consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, anunció este mediodía la próxima firma de los primeros convenios con cuatro entidades financieras (Liberbank, Caja Rural de Asturias, un grupo catalán y Caja Rural Gijón), una medida que se incluye en el plan de choque contra los desahucios por ejecución hipotecaria. Díaz recordó que estos convenios tienen una doble vertiente: por una parte son un compromiso para evitar desahucios y, por otro lado, suponen la puesta a disposición de viviendas, de esas entidades financieras, para destinarlas a quienes por procesos anteriores hayan perdido ya la suya.  

Los trámites deberán realizarse a través de la Ventanilla de información, un servicio gratuito de atención y asesoramiento que se puso en marcha el pasado mes de noviembre y que realiza un seguimiento personalizado e individual de cada caso.

La responsable de Bienestar Social destacó que con estos convenios “sentamos a la otra parte en la mesa, es decir, a los bancos, que se comprometen a no echar a la gente de su casa y a buscar una salida a la situación de mora hipotecaria o proceso de ejecución, o en su defecto a facilitar un alquiler social”.

A través de estos cuatro convenios se creará una bolsa de 38 viviendas destinadas a quienes ya hayan perdido su residencia habitual como consecuencia de un desahucio por ejecución hipotecaria. Estas medidas contribuyen a paliar el problema social derivado de la falta de vivienda que afecta a deudores hipotecarios y en riesgo de exclusión social.

El precio del alquiler social se regirá por los mismos criterios que los de las viviendas protegidas, pero con dos limitaciones: en  ningún caso excederá de los 400 euros ni será superior al 30% de los ingresos de la unidad familiar. La duración del contrato será de un año prorrogable hasta tres.

En definitiva, a través de estos convenios las entidades financieras se comprometen a paralizar lanzamientos y ofrecer arrendamientos sociales en la vivienda habitual, como alternativa a tener que abandonarla, y se pone esa bolsa de 38 viviendas a disposición de las familias ya desahuciadas.

El Principado realizará un asesoramiento personal e individualizado, a través de la ventanilla de información, se hará cargo del seguro de desperfectos y fianza de alquiler y tramitará la bolsa de viviendas en alquiler, que ofertará a personas desahuciadas en situación de riesgo o exclusión social.

Modificación Decreto de adjudicación de viviendas del Principado

La consejera de Bienestar Social también anunció que en los próximos días entrará en vigor el nuevo decreto de adjudicación de viviendas. Esta es otra de las medidas que recoge el plan de choque contra los desahucios, ya que el decreto vigente presenta muchas limitaciones para que aquellas personas que se encuentran en situaciones reconocidas de "necesidad de vivienda",  accedan a una vivienda pública.

Las modificaciones introducidas suponen adaptar la normativa a esas realidades socio-económicas diferentes, flexibilizar el acceso a las viviendas del Principado, así como acelerar y simplificar los procedimientos, cuestiones que no permitía el Decreto en vigor, del año 2003.

Así, por ejemplo, las personas que constaban como propietarias de vivienda, incluso en casos de causas de fuerza mayor, como inundaciones o incendios o las situaciones de desahucios por ejecución hipotecaria, no podían acceder a las del Principado precisamente porque ya constaban como propietarios. A partir de ahora sí podrán solicitar el acceso a una vivienda pública.

Por otro lado, Díaz recordó que el actual Decreto no tiene en cuenta la aparición de situaciones económicas y personales sobrevenidas como es la pérdida del puesto de trabajo. El nuevo Decreto establece una normativa diferenciada para calcular los ingresos de las personas en esta situación.  

Asimismo, el nuevo Decreto contempla el acceso a una vivienda por situaciones especiales que hasta ahora no existían:

-         se amplían las causas de adjudicación directa por emergencia social, para situaciones de desahucio, persona sin hogar o personas con discapacidad sobrevenida.

-         Se establece una nueva fórmula de adjudicación directa, de carácter temporal, para situaciones de urgencia. El arrendamiento será de un año prorrogable por uno más.

Díaz destacó que por primera vez se van a regular los cambios de vivienda para los inquilinos de viviendas de las Principado.