La Asamblea de Trabajadores Públicos denuncia a los 45 diputados ante la Agencia Tributaria

La Asamblea de Trabajadores Públicos denuncia a los 45 diputados ante la Agencia Tributaria

La Asamblea General de Trabajador@s Públic@s de Asturias presentó, hoy viernes 12 de abril, una denuncia ante la Delegación de la Agencia Tributaria en Asturias, contra cada uno de l@s 45 diputad@s de la Junta General del Principado de Asturias.

 

Consideramos que las cantidades económicas que perciben los diputados en conceptos de “Gastos de manutención” y “Gastos de locomoción”  constituyen una grave irregularidad, al eludir la tributación e incumplir lo dispuesto en la Ley del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas que considera estas cantidades como rendimientos de trabajo. Estaríamos en una situación que constituye un palmario fraude de ley y fiscal, ya que estaríamos hablando de una percepción económica fija en su cuantía, independiente de que en realidad se realice o se justifiquen viajes o desplazamientos. Por lo tanto, no podría concebirse esta percepción en el concepto de dietas. Se dan incluso el desatino de que algún diputado cobre dietas por desplazamiento desde concejos alejados de Oviedo y que, sin embargo, residan en esta misma ciudad. Y quienes residen en Oviedo multiplican por 5 Km los gastos de locomoción.

 

Fuera de este privilegio existente en la Junta General del Principado de Asturias, todo trabajador, en cualquier empresa o en cualquier sector de las Administraciones Públicas, estaría por un lado obligado a tributar por sus dietas percibidas, en la parte que le corresponde según la normativa tributaria. Y por otro lado estaría obligado a justificar su devengo, es decir, acreditar que los viajes, desplazamientos o manutención son efectivos y que constan de importes concretos. La propia norma contable impediría que las dietas tuvieran una asignación fija, como es este caso excepcional que ocurre en nuestra Junta General del Principado, debiendo de ser devengables con carácter esporádico.

 

Incluso nuestra denuncia tendría el amparo juridiscional, como es la sentencia firme de 25 de mayo de 2000, donde el Tribunal Superior de Justicia de Asturias considera que sólo podría excluirse de la consideración de rendimientos sujetos al impuesto aquellos que se perciban para desplazarse desde la sede de la Junta General, por razones de su trabajo, a lugar diferente del domicilio del diputado. Sin embargo, dichas dietas se cobran en concepto de desplazamiento desde la vivienda habitual.

 Adjuntamos a esta nota de prensa una copia de la denuncia presentada debidamente ante el registro administrativo. Esperamos una respuesta positiva de la Agencia Tributaria que ponga orden y normalice el privilegio indebido del que gozan nuestr@s diputad@s de esta Comunidad Autónoma. Ya no es recibo transigir y prolongar más en el tiempo situaciones irregularidades y abusivas como esta en el desempeño público, sobre todo en los momentos en los que vivimos de crisis acuciante y donde se nos imponen sacrificios y austeridad. Y sobre todo, considerando que desde las diferentes cámaras legislativas de este país, incluida la Junta General, se han aplicado normativamente los más variados recortes, haciendo caso omiso del bienestar de la mayoría de la población y de sus sectores más desfavorecidos, en situaciones incluso rayanas en el desprecio y la insensibilidad más propias de la burla y la befa que de tener unas mínimas consideraciones humanas. A este respecto, destacar, la degradación paulatina de los servicios de las Administraciones Públicas, haciendo juego, a través de sucesivas disposiciones legislativas y gubernamentales, a los intereses lucrativos de las diferentes empresas que buscan hacer beneficio con su privatización.

Situaciones de despreocupación como las descritas en la acción pública pueden estar motivando sentimientos de desconfianza y de falta de fe de la ciudadanía hacia nuestros representantes, que se vean más como depredadores que como defensores de la cosa pública. Y no sin cierta razón, pues el ejercicio de la política no es el ejercicio de una profesión liberal con unos salarios liberalizados a costa de sacrificios ajenos. Hacer política es ocuparse de la “res pública”, de la cosa pública, para conseguir el mayor bienestar social general y no el de enriquecerse indebidamente y medrar en los propios intereses particulares y de partido.

 

Este dislate que denunciamos contradice cardinalmente las apologías de austeridad que se nos dirigen desde cámaras legislativas y gobiernos. Así es que pusimos en conocimiento de la Junta General del Principado de Asturias y sus Grupos Parlamentarios nuestro procedimiento, con el fin de que recapaciten y a la vez recuperen el norte que marca el buen hacer en sus funciones sin quebrantar el erario público.

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