Vengo a hablarles de Asturias, una comunidad que la mayoría de ustedes, si no todos, conocen. No les entretendré con el prólogo habitual sobre las bondades y virtudes de mi tierra, que resumo en una invitación: visiten ustedes el Principado, aprovechen cualquier ocasión para recorrerlo, para re-conocerlo y volver a disfrutarlo. No les defraudará. Digo que les hablaré de Asturias, pero también tendré que hablarles, y mucho, de España. De otro modo, haría un ejercicio de geografía imaginaria, un absurdo de economía y política ficción, porque es de política y economía de lo que quiero tratar. Saben que Asturias tiene una fortísima personalidad, una geografía bien delimitada, una tradición, una historia, hasta un estilo arquitectónico propio, un sentido de pertenencia a España y una realidad integradora donde las identidades se suman y no se restan. Por eso no necesito emboscarme ni distraerme en ensoñaciones. Quiero decir que no puedo conferenciar sobre la economía y la política asturiana sin hablar de la economía y política española, del mismo modo que el análisis nacional precisa el encuadre internacional y, especialmente, el europeo.

No me empeñaré, pues,  en la descripción de Asturias, ni tampoco les desgranaré el programa con el que accedí a la presidencia del Principado en mayo de 2012, después de un azaroso lapso de extravagancia política que también les ahorro. Mi voluntad es aislar y sintetizar un catálogo de urgencias para responder a la doble recesión que ahora confluye en España y Asturias: económica y democrática. Quizá haya que tener un punto de soberbia para plantearse semejantes objetivos, no lo niego. Pero también creo que ahora, y discúlpenme de nuevo, es necesaria la audacia.

1.     La primera urgencia es entender qué ocurre

Es el primer requisito: asumir que vivimos una coyuntura extraordinaria. Hasta hace unos meses, toda la atención estaba puesta en la crisis y sus consecuencias, que incluirán un cambio de paradigma socioeconómico y la corrección de la cartografía de la pujanza económica mundial. La incapacidad para frenar la recesión desacredita los gobiernos, carcome la construcción europea hasta la osamenta y compone la fórmula magistral de un corrosivo antidemocrático. Eso, dicho sucintamente, era lo que había sobre la mesa. Un panorama que asustaba al más pintado. Ahora, si cabe, y perdón por el adjetivo, el paisaje es aún más sobrecogedor. El desafío institucional del Gobierno de Cataluña tensa las costuras constitucionales y la espesa sombra de la corrupción ennegrece las instituciones del Estado. En una situación tal, la primera exigencia es entender qué sucede y estar a la altura de las circunstancias. Conformarse con el gobierno cotidiano de las cosas, limitarse a aguardar mansamente a que escampe con la ilusión de que el paisaje soleado vuelva a ser el mismo, no basta. Nosotros no somos una barca esperando que suba la marea, y cuando digo nosotros, nombro a los actores institucionales, políticos y económicos. Esa comprensión, insisto, es la primera urgencia. No tenemos tiempo para la demora. Ni Asturias ni España ni Europa –triple identidad- tienen tiempo para la espera.

2.     Los cambios necesarios

Éste es el segundo punto, efecto lógico del anterior. Seleccionar los cambios que debemos afrontar. Primero hablaré de la arquitectura política. Quiero plantear una condición previa: al igual que en su día se diseñó la Transición con el paso de la ley a la ley, ahora debemos caminar del consenso al consenso. España necesita hoy grandes acuerdos para hacer grandes cambios. Ésa es una emergencia para la política nacional.

Ya sé que el consenso esconde sus trampas, pero para las reformas que atañen a las reglas ha de procurarse el máximo acuerdo, y las modificaciones necesarias son medulares, no periféricas. Hablo de reformar la Constitución, el sistema electoral y el sistema de partidos.

a.       Reforma constitucional.

De un tiempo a esta parte, abogar por la reforma de la Constitución no es novedad alguna, porque se invoca como remedio para múltiples problemas. Estoy lejos de esos planteamientos, pero sí considero sensato modificar la Carta Magna.

 Parto de tres consideraciones: primera, la reforma no es una empresa heroica ni revolucionaria; segundo, la petrificación de la Constitución no la hace más fuerte, al contrario, la fragiliza al mineralizarla; y tercera, existen razones serias para impulsar modificaciones. Recuerdo, a modo de aviso histórico, que ninguna de nuestras constituciones desde 1812 fue reformada; al contrario, o fueron olvidadas o derogadas. Hoy, la mejor manera de preservarla es reformarla.

En cuanto a las razones, entiendo que debemos reconocer que sufrimos una fatiga constitucional y que algunas de las disposiciones del articulado han sido superadas. A ese cansancio añado la conveniencia de incorporar nuevas aportaciones. La reforma parcial que propongo reforzaría también el vínculo ciudadano con la Carta Magna, porque no descuido que hay un elevadísimo número de españoles –dos de cada tres- que en 1978 o no habían nacido o aún no podían votar en el referéndum que ratificó la Constitución.

¿Cuáles son los cambios que deberíamos atender? Las tensiones vinculadas al desarrollo del Estado autonómico son, sin duda alguna, el principal agente de fatiga constitucional. Y la causa decisiva corresponde a una singularidad española: la existencia de partidos nacionalistas. Éste es un nuestro hecho diferencial.

Porque podemos discutir si conviven o no distintas naciones en nuestra geografía, pero es indiscutible que en ella habitan nacionalistas. Es decir, gentes cuyo impulso político primigenio, cuya razón de ser, consiste en construir naciones. Se organizan en partidos diversos, pero con un objetivo común: para ellos,  el desarrollo autonómico se concibe como un asalto permanente a las competencias exclusivas del Estado, y sólo entienden la autonomía como peldaño, como una suerte de estación de tránsito que, en lugar de favorecerles el acomodo en el modelo, les da pie a poner la vista en cómo superarlo.

Desde el inicio de la etapa democrática, los nacionalistas han contado con la incalculable de una ventaja de una ley electoral que les permitió, en más de una ocasión, cambiar gobernabilidad estatal por poder regional. Unas veces, poder económico; otras, poder competencial. Poder polimorfo, pero poder, al fin y al cabo.

Y ahora, treinta años después de aquello que llamaron café para todos ya no es que pidan un reparto menos equitativo del café. Simplemente, dicen que la cafetera ya no da para más. Treinta años después y una crisis devastadora, porque las carteras y las banderas no son universos separados, y la crisis tiene mucho que ver con el pulso que el soberanismo le está echando al autonomismo.

Que el Gobierno haya querido convertir a las administraciones autonómicas en el chivo expiatorio de la crisis no ayuda. Como tampoco ayuda el entusiasmo españolizador de algún ministro convertido en agente reclutador de soberanistas. La equiparación del Estado autonómico con ineficacia y dispendio es uno de los errores políticos recientes de mayor calado. Convendría aclarar que los excesos en los que hayan incurrido las autonomías nada tienen que ver con los aspectos estructurales del Estado autonómico. Convendría que la disputa no se formule entre autogobierno y neocentralismo, sino entre sistemas descentralizados eficaces y los que no lo son. Convendría, sí, para no ayudar, como se está ayudando, a potenciar la sensación de inestabilidad sistémica del Estado autonómico.

Tengamos en cuenta que en España, las fuerzas centrífugas y las recentralizadoras, aunque opuestas,  no se anulan. Antes bien, contra los fundamentos de la física elemental, se potencian mutuamente. Dudo, y quiero dejarlo claro, dudo que haya una solución constitucional para los nacionalistas y para los centralistas, ni juntos ni por separado. Sí pienso en cambio que hay una solución constitucional para el Estado autonómico. Pero como el Estado es de todos y el sentimiento de unos cuantos, entiendo que debemos esforzarnos en la solución del Estado y no en la satisfacción de los sentimientos. Que hablar de una cosa es hablar de la otra lo sé; sé que no se puede gobernar con los sentimientos, pero tampoco se puede olvidar que existen. En España hay poderosos sentimientos de pertenencia que deben respetarse, pero la acción de gobierno ha de estar alumbrada y presidida por la razón  Y la razón nos dice que no hay Estado que resista sometido a una doble tensión antagónica y permanente; es eso lo que  hemos de empeñarnos en solucionar: el cierre del modelo de Estado. 

La reforma ha de ir dirigida a la definición de las competencias exclusivas del Estado y señalar cuáles pueden asumir voluntariamente las comunidades autónomas. También es preciso articular un sistema de relación multilateral y bilateral, asentar el carácter supletorio del derecho estatal y reformar el Tribunal Constitucional.

Se habrán dado cuenta de que no he pronunciado aún la palabra fetiche. A estas alturas, estoy seguro de que ustedes ya la habrán echado de menos. “Y el federalismo”, dirán, “¿dónde está?”. Miren, no hay un Estado federal canónico, hay una polisemia federalista. 

Entiéndanme, no tengo problemas en utilizar el término federal. De hecho, España es ya un Estado federal. O, dicho de otro modo, el Estado autonómico es la denominación vergonzante e incompleta de nuestro Estado federal. Quiero decir que no me interesa un debate de nominalismos, ni tampoco idolatrar el adjetivo federal. Ya Jiménez de Asúa, en las Cortes constituyentes de 1931, se refirió a la opción federal como el “fetichismo de un nombre”. Y acepto que el nombre no es indiferente porque despierta fobia y filia incrustada en la memoria, vinculada a aquella primera República que quiso ser federal y acabó en cantonal. Llámese España autonómica o España federal, la urgencia es acabar con la tensión continua a la que está sometido el Estado, y en esa urgencia deben encontrarse la mayoría de las fuerzas políticas –en especial, los dos grandes partidos- y de los gobiernos autonómicos.

Pero, miren, el federalismo auténtico supone abandonar la idea de que existe un centro monopolizador del poder político en un espacio público compartido. Y eso, en un país en el que la tensión ya no se establece entre una periferia y un centro castellano, sino entre periferia y Madrid, tiene un incuestionable valor simbólico.

España es en la práctica un Estado federal manifiestamente mejorable. Mejorémoslo, perfeccionémoslo, sabiendo que no es una panacea, que propone una cultura política con principios y valores propios que vive de la lealtad federal, del pacto y la negociación, y un entramado institucional adaptable a contextos cambiantes.

Hay indiscutibles contrastes organizativos y funcionales en el mundo federal. Desarrollemos el nuestro, conscientes de que todos los federalismos están en permanente evolución. Conscientes de que el federalismo exige mentalidad federal; es decir, que los ciudadanos se persuadan de que no sólo es posible, sino deseable, conjugar autogobierno y gobierno compartido. Y hagámoslo avanzando sobre lo que hemos construido entre todos, porque el federalismo se conjuga en plural. Y lo que hemos hecho es un federalismo del revés, distinto al usual, que es de agregación, no de des-agregación, como el nuestro. No quiero referirme a lo concreto, a si ha de ser dual, cooperativo, competitivo, simétrico o asimétrico. Sólo digo que no sea arbitrario ni discrecional.

En todo caso, reputados federólogos están discutiendo ahora sobre ello. A mí, y sin entrar en el diablo de los detalles académicos,  me importa, y mucho, el compromiso político que se establezca entre federalismo y solidaridad. Me importa desarrollar esa lógica federal porque quiero mucho a mi país y me preocupa que la dinámica de tensión territorial nos acabe transportando de la conllevanza orteguiana al cansancio y el aborrecimiento mutuo. Y, de nuevo sin entrar en el espeso ramaje del saber constitucionalista, advierto que el derecho a decidir, que es un “reclamo nacionalista”, se está disfrazando con el ropaje de la exigencia democrática. ¡Qué le vamos a hacer! Las constituciones, incluso reformadas, no tienen por costumbre prever la secesión. Y, en todo caso, lo que a todos concierne por todos se decide. La independencia de Cataluña siempre será un asunto español.

b.      Otras reformas.

Evidentemente, la reforma de la Constitución no se agota en el título VIII. Cuando la reforma se aborde, dada su complejidad procedimental, habrá que revisar el Senado, especificar los derechos fundamentales y modificar bastantes más cuestiones. De igual modo, nos quedaremos cortos si no incluimos en el catálogo de urgencias la modificación del funcionamiento de los partidos y del sistema electoral. Sólo un apunte: no hay democracia sin representación, y es indispensable reforzar el vínculo entre electores y elegidos, entre representantes y representados.

3.     El futuro industrial

Vean, no puedo hablar de cambios y reformas sin detenerme en la cuestión económica. En un foro como éste, la Gran Recesión es inexcusable. No para analizarla, porque nadie duda ya de su origen profundo en la insensata utopía de los mercados autorregulados, ni tampoco de que, al igual en el Génesis fue el verbo, en España el principio fue la burbuja.

Sí quiero anotar algunos comentarios sobre las consecuencias de la crisis. Soy consciente de que, en una situación como la que vivimos, se hace necesario impulsar reformas estructurales y adoptar, a veces, políticas impopulares. El problema es que, cuando las reformas estructurales simplemente desrregulan no son reformas, sino contrarreformas; el problema, añado, es que las políticas de austeridad que contraen la economía y con la contracción elevan la prima de riesgo no son políticas de austeridad. Y el problema, en fin, es cuando las políticas impopulares son además ineficaces.

Y eso es lo que nos está pasando. La austeridad es necesaria, pero tal y como se aplica no es auténtica, ni siquiera es un sucedáneo: es una falsificación, porque no es sobriedad, es ideología, pobreza inducida. España es hoy el enfermo laboral de Europa. Necesitamos crecer para crear empleo, pero, ¿cómo están los motores de crecimiento? Sin consumo público ni privado y con la inversión menos interesada en asumir el riesgo de los sectores económicos tradicionales que en sustituir al Estado en los mercados cautivos de los servicios públicos, sólo queda la exportación, que va bien, pero resulta insuficiente para un crecimiento relevante. No es posible despegar y volar con un único motor. Con esta falsa austeridad sólo podremos aspirar a planear, sin apenas tomar altura.

Ciertamente, los problemas que ahora nos abruman no pueden afrontarse y resolverse desde un solo país. Estamos haciendo una deflación competitiva porque no podemos hacer una devaluación competitiva. Afrontamos una devaluación real porque no podemos hacer una devaluación nominal del tipo de cambio. Todo esto tiene que ver con el proceso de construcción europea, pero no podemos perder ahora el tiempo debatiendo si el euro fue impuesto demasiado pronto a economías demasiado dispares. Sí puedo asegurar que el euro tiene que ser más que el marco alemán con mayor radio de acción, mucho más que una moneda para proporcionar a Alemania demanda efectiva. A los mercados financieros, que nos controlan con el marcapasos de la prima de riesgo les importa menos saber si Grecia va a pagar sus deudas o si España va a ser intervenida que lo que quieren hacer los europeos con su moneda y, sobre todo, lo que quieren, lo que queremos, hacer juntos.

Antes hablaba de la Constitución, y la Constitución establece que la soberanía reside en el pueblo español, pero ahora se ha censado en Berlín, la capital de un país que, como Japón, puede producir de todo menos la demanda necesaria para absorber su excedente. Sólo que, a diferencia de Japón, Alemania se ha fabricado una periferia a donde exportarlos.

Algo, y no poco, tiene que cambiar en Europa, en un mercado único que ha asumido el federalismo monetario, pero que no asoma ni síntomas de federalismo presupuestario. Algo tiene que cambiar cuando todo el mundo afirma que la solución es más Europa y nos encontramos con la primera rebaja de la historia del presupuesto de la UE. Porque, desengañémonos, tenemos Europa, pero no tenemos europeos, no tenemos demos, no tenemos nación ni federación; lo que tenemos es una moneda que aspiraba a europeizar el debate político y lo ha nacionalizado. Y esa nacionalización y esa politica están generando una considerable divergencia entre Estados del Norte y del Sur, pero también de clases sociales en el Norte y en el Sur. Europa, que ha inventado todas las formas institucionales que hoy tienen validez universal, tiene ahora que inventarse a sí misma para permitir que vayamos a Bruselas a defender nuestros intereses, no como españoles, alemanes o franceses, sino nuestro interés como europeos.

4.     La línea de resistencia: el Estado de bienestar

Hay, sin duda, más cambios imprescindibles, pero antes quiero pararme en lo que no hemos de cambiar, sino de acorazar: esa gran construcción europea que se denomina Estado del bienestar y que ha sido el ejemplo, la tierra prometida anhelada por los demócratas de numerosos  países en desarrollo.

Miren, 80 años después de la Gran Depresión, un fantasma recorre Europa. Esta vez, alertándonos de forma abracadabrante desde las almenas de que el problema es y está en el Estado de Bienestar, como si fuese una construcción fallida e insostenible per se. Así, el debate se centra en la rigidez de los mercados laborales y la generosidad del sistema de protección social, mientras se convierte el área euro en un espacio económico para los excedentes industriales y financieros de una moderna versión de la liga hamseática.

España está haciendo un esfuerzo imponente de corrección de su déficit comercial por la vía de un modesto pero eficiente sector industrial. La pregunta es: ¿podemos siquiera mantenerlo con una divisa cuya fortaleza refuerza la tradicional fobia antiinflacionista alemana y la devaluación monetaria de sus competidores mundiales?

Somos un país industrializado y con cultura industrial, y no debemos renunciar a serlo. Nuestro tejido industrial está demostrando ser razonablemente sólido, apoyado en una mano de obra experta y de calidad.

El vicepresidente de la Comisión Europea, Antonio Tajani, afirmó hace bien poco que, para superar la crisis y restablecer nuestro liderazgo tecnológico no podemos abandonar nuestra base industrial. Una base que garantice el crecimiento sostenible y termine para siempre con el tópico de que España sólo tiene sol, ladrillos, servicios precarios y sistema financiero.

Señores, nuestro futuro depende de nuestra capacidad para fabricas cosas, aunque muchas de las que fabricamos tendrán que ser distintas de las que venimos fabricando hasta ahora. Asturias, como ustedes saben también, tiene una larga tradición industrial. A veces se resume esa imagen en una postal de gris plomo que mezcla la línea quebrada de los tejados de los talleres, las chimeneas de ladrillo y los castilletes de los pozos mineros. Pues sí, la industria fue y es eso, pero también muchísimo más. La frontera entre industria y servicios es hoy permeable y difusa. Empresas antes sólo manufactureras diseñan ahora manufacturas, subcontratan la producción, se relacionan con el cliente y suministran el producto final. La vieja postal ya no resume la industria.

La industria es, para Asturias y para España, la fortaleza económica indispensable. La construcción recuperará parte de su dinamismo, el turismo seguirá siendo fundamental –por cierto, también en Asturias, donde esperamos que aporte al menos el 10% del PIB-, los servicios continuarán diversificándose, pero si debemos conjugar el verbo reindustrializar no es por casualidad, sino porque será la industria la que nos permitirá desarrollar la innovación tecnológica y la especialización productiva.

Preciso: hablo de la vieja y de la nueva industria. A veces también aquí se hacen distinciones forzadas. Miren, la vieja industria –de la minería, de la siderurgia, de las fábricas de armas, de los astilleros- está promoviendo continuamente innovaciones tecnológicas, porque la innovación no es una cosa de países ricos y sectores tecnológicos, sino que es cosa de todos los países y todos los sectores. Lo que se desprecia por desfasado y casi dickensiano es, en muy buena medida, un motor de cambio y renovación. Pero es que además, cuando la tasa de paro supera el 26 % (hablo del porcentaje nacional que estima la última EPA, y que en Asturias alcanza el 23,76%) es aberrante plantearse el fin acelerado de actividades industriales. Por eso mi Gobierno se opone frontalmente a las decisiones del Ejecutivo de España relacionadas directamente con la minería o indirectamente con otras industrias como la fábrica de armas de Trubia: porque son medidas destructivas, innecesarias e inclementes, que destruyen lo viejo sin alimentar la creación de lo nuevo.

No hay nada germinal en forzar el cierre precipitado de la minería. Sólo es un afán eutanásico y terminal.

Por eso, les explico, la política industrial se ha convertido en el principal problema en las relaciones con el Gobierno central. Porque entendemos, aunque no compartamos, que las estrecheces presupuestarias justifiquen el retraso en la finalización de algunas grandes obras públicas. Y protestaremos, y haremos oír nuestra voz, pero no alimentaremos el victimismo regionalista, ese que habla del país olvidado tan parecido a la nación agredida de los nacionalistas, porque los grandes problemas de las comunicaciones de Asturias están resueltos o en trance de solución. Nosotros no vamos a refugiarnos en ese lugar común de la región preterida, intransitable y quebrada que describían los viajeros de otros siglos. La supuesta carencia de infraestructuras no vale de excusa para las dificultades económicas de Asturias. Ahora bien, con la industria hablamos de una cosa distinta. Me temo que la indiferencia y la precipitación del Gobierno de España respecto a la industria de Asturias sea sólo la punta del iceberg de una desoladora carencia de proyecto industrial para España.

5.     Saber hacia dónde vamos en un nuevo relato de construcción ética y política

Llego al último punto de este discurso.

Las grandes crisis no son un fenómeno aislado. Se manifiestan multiformes y mutan la realidad, obligándonos también a cambiar nuestra comprensión, nuestra manera de ver el mundo, a utilizarlas para pensar juntos la nueva realidad de nuestro país. Pensar que, frente a la mitología del AVE, los grandes corredores de mercancías y los espacios industriales deben ser la metáfora del tiempo que se abre.

Hay que pensar ese país, porque el problema a corto es la financiación, pero el estratégico es el modelo productivo, el no jugar a nada. Si no tenemos claro el modelo productivo… ¿cómo podemos estar debatiendo sobre el modelo educativo?

La política se rige siempre por la ley de la necesidad. Y hoy la necesidad es que un joven, que puede tomar el AVE al lado de su casa para viajar, no tenga que traspasar una frontera para trabajar. Ésa es una paradoja insoportable de la España del siglo XXI.

Esta crisis llega con nuevas y grandes gafas, y esas lentes debemos utilizarlas todos. Mirar con esas gafas es también asumir que la voluntad de grandes pactos  debe resurgir en la política española. Porque el pacto es lo que nos puede llevar a la gestión inteligente de una voluntad común de cambio, que es la necesidad de esta hora. En Asturias hemos suscrito recientemente un acuerdo de concertación que implica al Gobierno, a los empresarios y los sindicatos. Tiene un doble valor. Primero, las medidas concretas que incluye, como las dispuestas para la lucha contra el desempleo juvenil; segundo, demuestra que en circunstancias difíciles hay interlocutores capaces de superar sus discrepancias en un objetivo común. Creo, sinceramente, que es deseable un acuerdo similar en España porque España, insisto, necesita hoy grandes acuerdos para hacer grandes cambios. Ésa es una emergencia para la política nacional.

Estamos obligados a gestionar bien, mejor que nunca, pero gestionar es sólo una parte de gobernar. Gobernar hoy es saber qué país podemos pagarnos, pero sabiendo que un país no es bueno sólo porque podamos pagárnoslo. Eso, que lo diga Merkel. Debemos preguntar qué país queremos ser, trabajar para llegar a serlo y buscar la manera de pagarlo. Eso es gobernar.

Pongo un ejemplo. Mi Ejecutivo ha logrado cumplir el objetivo de déficit para 2012. Asturias no llegará al 1,5% del PIB. Es una buena noticia, porque da idea de rigor, de seriedad, de eficacia y capacidad de gestión. Pero en Asturias hay más de 107.000 parados que nos recuerdan a diario cuál es el gran fracaso y, también, la gran prioridad. Ésa es la diferencia: hay que gestionar bien, pero gobernar exige reconocer que sólo la disminución del desempleo en Asturias y en España nos permitirá darnos por satisfechos.

Señores, hace casi 40 años, España emprendió un gran proyecto colectivo hacia la democracia y la libertad.  El camino fue tan potente e ilusionante que en cierta medida aún vivimos con aquel empuje. En Asturias compartíamos la misma vocación  de libertad y democracia. También trabajamos en la construcción de una comunidad autónoma leal, buscamos un nuevo tejido económico, vivimos una durísima reconversión industrial, modernizamos nuestras comunicaciones.

La Comunidad Europea era una aspiración común para los españoles y los asturianos, la meta para muchas naciones que deseaban sumarse a ese gran espacio de libertad económica, Estado del bienestar y democracia. 

Hoy necesitamos emprender un nuevo proyecto que persiga otras fronteras. No dejemos que esa realidad edificada se deteriore más. No podemos consentir el derrumbe del edificio europeo, porque sería un gran atraso colectivo. No podemos permitir que la desafección hacia la democracia se expanda como una mancha de aceite letal en Asturias, en España y en Europa.

Para afrontar ese nuevo proyecto hacen falta convicción y audacia. 

Y eso exige una recuperación ética: esfuerzo, educación, dignidad, honradez, honestidad. Una sociedad moralmente exangüe no podrá superar todos los complejos problemas que afronta, por más leyes y controles que pongamos para sajar y eliminar el pus de la corrupción. No hablemos de tolerancia cero, hablemos de intolerancia, porque no cabe la tolerancia en grado alguno. Porque cada vez que la sociedad ha consentido, cuando no premiado, el aventurerismo político y la desfachatez en la gestión, ha dado un gran impulso a la corrupción. Y esa responsabilidad es de todos.

Embarquémonos juntos, y cuanto antes, en ese nuevo gran proyecto para Asturias, para España y para Europa.