- La edil avilesina rechaza la propuesta y lamenta que se haya hecho “sin ningún acuerdo ni en el seno de la FEMP ni con el principal partido de la oposición”
- “Todos los tramos establecidos para fijar el tope de retribuciones de los alcaldes están por encima de las retribuciones actuales en unos 20.000 euros de media”
- “Las cifras de asesores, cargos de confianza y ediles liberados que plantea la reforma están muy lejos de la realidad, la superan ampliamente”
Avilés.-La alcaldesa de Avilés y portavoz adjunta del PSOE en la FEMP, Pilar Varela, considera que el anteproyecto de reforma de la Ley de Bases de Régimen Local que el Consejo de Ministros analizó ayer viernes supone “un ataque a la autonomía municipal una regresión democrática y una plataforma para la privatización de servicios públicos”. En opinión de Varela, esta propuesta es, además, “una mentira porque no va a suponer ningún ahorro”.
En concreto, aseguró que todos los tramos establecidos para fijar el tope de retribuciones de los alcaldes “están por encima de las retribuciones actuales en unos 20.000 euros de media” y dijo que las cifras de asesores, cargos de confianza y ediles liberados que plantea la reforma “están muy lejos de la realidad, la superan ampliamente”.
Puso como ejemplos de estas afirmaciones su propio salario bruto anual (53.597 euros) y el número de personal eventual contratado en la actualidad en el Ayuntamiento de Avilés (4 personas). Si finalmente saliera adelante la reforma del Gobierno del PP, el salario de la alcaldesa podría crecer hasta los 75.000 euros y el número de personal eventual aumentar hasta un máximo de 25 personas.
Además de desmontar el argumento del ahorro esgrimido ayer por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, la alcaldesa de Avilés se refirió al rechazo de todos los grupos políticos de la FEMP a la reforma. “Es lamentable que después de 30 años de democracia pretendan desmantelar la arquitectura del Estado y la prestación de servicios a los ciudadanos sin acuerdo ni consenso”, afirmó.
También criticó que la reforma “ni se refiere a una competencia clave en este momento como son las políticas activas de empleo que desarrollan numerosos ayuntamientos, ni avanza en la definición de competencias municipales, es más, pretende que las de los municipios de menos de 20.000 habitantes sean ejecutadas por organismos intermedios como son las Diputaciones abriendo claramente la posibilidad de privatizaciones generalizas que impedirán a los ciudadanos ejercer su derecho de exigir a sus representantes democráticamente elegidos la prestación de los servicios públicos”.
Varela fue muy crítica con el ministro Montoro y con el Gobierno del PP, a quienes acusó de ver a los ayuntamientos “desde el punto de vista exclusivo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria pese a que somos la administración que menos contribuye al déficit y la que más ha reducido su deuda en los últimos años”.
Para finalizar, realizó una defensa del papel de los ayuntamientos españoles: “Somos una administración madura, responsable y que pretendemos que nuestras competencias encajen con las del resto de administraciones.
