• El Grupo Popular ha propuesto también ajustes a la baja en el número de miembros del Consejo de la RTPA y el Consultivo, la supresión de la Procuradoría General y la suspensión del Consejo Económico y Social (CES)

Oviedo- El Grupo Parlamentario Popular en la Junta General del Principado ha renunciado a presentar candidato a vocal de la Sindicatura de Cuentas de Asturias. El plazo para proponer aspirantes terminó a las 14 horas de hoy en el Parlamento autónomo. Con esta decisión, el Partido Popular de Asturias convierte sus palabras en hechos y mantiene la coherencia de sus posiciones políticas.

El PP defendió en el último Pleno de la Junta una proposición de Ley sobre la reforma de la Sindicatura que no fue finalmente aprobada. Esta iniciativa tenía por objetivo reducir a uno el actual número de síndicos -fijado en tres-, poner fin al sistema de cuotas de partidos en los órganos institucionales, impulsar criterios de profesionalización y cualificación técnica y aplicar el principio de austeridad mediante la disminución de los gastos de la Sindicatura en unos tiempos de grave crisis económica y elevado endeudamiento del Principado.

Los mismos grupos que votaron en contra de la proposición de Ley del Partido Popular, PSOE, Foro e Izquierda Unida, son los que hoy han presentado en el Registro de la Junta sus candidatos para los tres puestos de síndicos, demostrando con ello su apego a los cargos y las poltronas, su desinterés por la independencia de la Sindicatura y su nulo compromiso con la disminución del gasto público y la austeridad, en una región que vive el drama de 105.000 parados.

El PP considera que a partir de su regulación por Ley del Principado 3/2003 de 24 de marzo, y desde el inicio de su actividad, la Sindicatura de Cuentas ha venido recibiendo numerosas críticas -muchas de ellas por parte de alguno de los grupos que ahora presentan candidatos- dirigidas especialmente a su configuración, que respondía, según esas objeciones, a un sistema de cuotas de partidos en los órganos institucionales.

La proposición de Ley del PP apostaba por una reforma de la Sindicatura que pusiese fin a su actual organización, dando paso a un órgano unipersonal, independiente y profesional. Para ello, el Grupo Popular abogaba por la constitución de tres órganos: un síndico, elegido por la Junta General del Principado de Asturias, una Secretaría General, encargada de organizar y coordinar los servicios de la Sindicatura, y un cuerpo de auditores, a quienes les corresponderían las funciones de verificación, análisis y revisión de las cuentas públicas.

Ambicioso programa de reformas

A partir de las políticas de austeridad y control del gasto que abandera el Gobierno de Mariano Rajoy, la reducción y despolitización de la Sindicatura de Cuentas se enmarca en el ambicioso programa propuesto por el PP de Asturias para reformar los órganos institucionales y reordenar y disminuir el mastodóntico sector público regional.

En este sentido, el PP ha presentado otras cuatro proposiciones de Ley, pendientes aún de debate en la Junta, que abogan por la supresión de la Procuradoría General -inicialmente también propugnada por el PSOE, pero que después de ocho meses de Gobierno de Javier Fernández cuenta con presupuesto para seguir funcionando en 2013-, la reducción de los miembros del Consejo Consultivo de los cinco actuales a tres, y la suspensión del Consejo Económico y Social (CES).

Asimismo, el Grupo Popular ha registrado otra proposición de Ley en la que solicita la reducción del Consejo de Administración de la Radio Televisión Pública del Principado de Asturias (RTPA), que pasaría de los 15 miembros actuales a 9, el mismo número de consejeros que tiene la Corporación RTVE, organismo de ámbito nacional y de mucha mayor dimensión que el ente público de comunicación asturiano. 

Esta última proposición de Ley popular todavía no ha sido debatida en la Junta General, aunque PSOE, Foro e Izquierda Unida se han apresurado a repartirse los puestos de consejeros a pesar de las reiteradas peticiones del PP para aplazar los nombramientos hasta que se produjese la discusión parlamentaria.

En la convicción profunda de que la credibilidad de los políticos reside en practicar los esfuerzos y ajustes que se exigen a los demás, el Grupo Parlamentario Popular también propuso en el Debate sobre el Estado de la Región, celebrado en octubre en la Junta General, la reducción a 35 de los 45 diputados actuales que conforman el Parlamento autónomo.

La cifra de 35 diputados es la mínima prevista en la horquilla establecida en el Estatuto de Autonomía y, a juicio del PP, esta reducción no supondría merma alguna en la calidad de los trabajos parlamentarios, pero sí un ahorro importante en los presupuestos de la Cámara.