Convenio de colaboración del Principado con el Ministerio de Defensa en gestión de emergencias

Convenio de colaboración del Principado con el Ministerio de Defensa en gestión de emergencias

Oviedo.-El Gobierno de Asturias ha autorizado hoy la suscripción del convenio de colaboración entre el Gobierno de Asturias y el Ministerio de Defensa para la participación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en los dispositivos de protección civil y gestión de emergencias que se pongan en marcha en Asturias. El convenio tendrá una vigencia de cinco años y no implica costes extraordinarios para ninguna de las dos instituciones.

 

Este acuerdo tiene por objeto fomentar la colaboración entre el Gobierno del Principado y la UME  en aras a lograr la más eficaz respuesta ante situaciones de emergencia que se produzcan en Asturias, mediante la planificación y preparación conjunta de la intervención.Entre estas actuaciones se contemplan:  la formación técnica del personal de la UME, así como la participación de sus miembros en las tareas formativas desarrolladas en materia de protección civil y gestión de emergencias en el Principado; el reconocimiento de la formación recibida, a través de los correspondientes certificados de profesionalidad; la colaboración  en materia de sanidad mediante el conocimiento de los protocolos de actuación existentes en el Principado y en planificación e intervención psicosocial en emergencias y catástrofes.

 

Las medidas de control y seguimiento, así como las acciones  a desarrollar ante supuestos de grave riesgo como incendios forestales, inundaciones, desprendimientos de terrenos o grandes nevadas, estarán dirigidas y supervisadas por la comisión mixta paritaria, integrada por los representantes designados por el Principado y el Ministerio de Defensa.

 

El convenio con la Unidad Militar de Emergencias forma parte de una concepción integral de la estrategia de seguridad pública impulsada desde el Gobierno de Asturias, que contempla un afianzamiento de la coordinación entre las diferentes administraciones públicas, empresas, organizaciones sociales y ciudadanía, así como en la eficiencia en el uso de los recursos públicos, máxime en un momento de austeridad presupuestaria que obliga a optimizar y racionalizar el empleo de los instrumentos existentes.

 

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