El objetivo del Ejecutivo es gestionar mejor los servicios públicos, evitar duplicidades y burocracia. El Ejecutivo también ha aprobado medidas para acercar la edad real a edad legal de jubilación y evitar la expulsión del mercado de trabajo de las personas de más edad.
El Consejo de Ministros ha acordado la creación de una comisión para la reforma de las Administraciones Públicas, en la que participarán representantes de todos los departamentos ministeriales, cuyo objetivo es establecer un programa de reforma integral de las mismas.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que con ese fin se hará una auditoría completa de las estructuras administrativas para que ganen calidad, sean más eficientes y no se solapen: "Se trata de gestionar mejor para dar mejores servicios y sobre todo de ser más eficientes y utilizar mucho mejor los recursos públicos".
La comisión tendrá que elevar el correspondiente informe antes de 30 de junio de 2013. Sus propuestas e informes cumplirán el mandato de la Conferencia de Presidentes sobre la agilización del funcionamiento de la Administración Pública.
La vicepresidenta ha afirmado que en la reforma se quiere alcanzar el mayor consenso, por lo que se dialogará con todos los grupos políticos. "Aquí todas las Administraciones Públicas tenemos que tener altura de miras, no se trata tanto de mirar lo que tenemos en un sentido patrimonialista sino cómo puedo volver a diseñar la Administración para que tenga el tamaño adecuado y preste bien los servicios públicos", ha dicho.
Sáenz de Santamaría ha explicado que hoy se ha aprobado el plan de trabajo y su estructura dividida en cuatro subcomisiones. La primera tiene como finalidad evitar duplicidades y que varias Administraciones se solapen en el ejercicio de una misma competencia. La segunda pretende lograr una simplificación administrativa. "Tenemos que hacer leyes mejores, bien articuladas y sobre todo procedimientos más ágiles y rápidos, menos burocracia", ha apuntado la vicepresidenta.
La tercera persigue la mejor gestión de los servicios y medios humanos y materiales, como ocurriría si se generalizarán las centrales de compra: "En la Administración General del Estado haremos una auditoría de los contratos de la Administración para unificar y obtener mejores precios", ha señalado.
La vicepresidenta ha avanzado que la cuarta comisión analizará la pluralidad de organismos públicos y autónomos existentes en la administración para determinar cuántos hay, qué tarea hacen y si pueden eliminarse o fusionarse. Asimismo, ha recordado que se está en un proceso de supresión de empresas públicas: "En estos 30 años se han ido creando pero no se suprimen. Eso es lo que vamos a hacer. Es una auditoría de abajo arriba de toda la Administración, un trabajo de bolillos, de tener un mapa de todo lo que hay que no se ha hecho nunca pero ha llegado el momento ineludible de hacer".
