El consejero de Presidencia afirma que la revisión de las cantidades a abonar a los profesionales del Derecho está “vinculada a la evolución de las percepciones de los empleados públicos”

• El 63% de la partida presupuestaria de la asistencia judicial es por asuntos vinculados a la jurisdicción penal, aunque la mayoría de las solicitudes corresponden al ámbito civil

• El Consejo de Gobierno aprobó el pasado miércoles el pago de 1.434.000 euros, correspondiente al primer trimestre del año

El consejero de Presidencia y Portavoz del Gobierno, Guillermo Martínez, defendió hoy en la Junta General del Principado la apuesta del Ejecutivo asturiano por garantizar las prestaciones del servicio de justicia gratuita y el carácter público de la administración judicial. En comparecencia ante la comisión de Presidencia, Martínez abogó por alcanzar acuerdos con los colegios profesionales de abogados y procuradores de Asturias para la renovación de las tarifas, aunque precisó que su revisión está “vinculada a la evolución de las percepciones de los empleados públicos”.

El servicio de justicia gratuita es una de las materias incluidas en las competencias judiciales que la Administración del Principado de Asturias asumió en septiembre de 2006. Como precisó el consejero, “la normativa autonómica únicamente está llamada a desarrollar lo preceptuado por el legislador estatal, ostentando un margen de maniobra tan limitado, que prácticamente se reduce a la regulación del procedimiento de gestión del derecho de asistencia jurídica gratuita, convirtiéndose la comunidad autónoma en un mero gestor o ejecutor de la normativa estatal”.

Guillermo Martínez detalló que el grueso del importe destinado a sufragar el servicio de asistencia jurídica gratuita en Asturias se dedica a retribuir a los profesionales del Derecho en el ámbito de actuación penal, mientras que el orden que menos incidencia tiene en este campo es la jurisdicción social. Los asuntos penales se llevan un 63% de los recursos, mientras que los civiles el 24.1%. A distancia quedan los contencioso-administrativos y sociales, un 3.3% entre ambos.

Sin embargo, la jurisdicción que acumula un mayor número de solicitudes es la civil, siendo la menos solicitada la social. Comparando la correlación de solicitudes estimadas-desestimadas, el mayor número de desestimaciones se produce en el ámbito penal, fundamentalmente debido a la localización de recursos suficientes para litigar en de procesos derivados de alcoholemias.

El consejero de Presidencia llamó la atención ante el hecho de que el número de asuntos civiles y penales aumentó --casi el doble-- entre el año 2009 y el año 2011, debido fundamentalmente a la irrupción de la severa crisis económica. Hay que tener en cuenta de que dentro del apartado de la materia civil se incluye también  los asuntos mercantiles, relacionado con solvencias y situaciones económicas de empresas.

Los ciudadanos que demandan los servicios de justicia gratuita deben acreditar que los recursos e ingresos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, no superen el doble del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples  vigente en el momento de efectuar la solicitud (El IPREM actualmente es de 532,51 euros mensuales), con matices especiales para familias numerosas y personas jurídicas.

El sistema de financiación de los servicios de asistencia jurídica gratuita se realiza a través subvenciones, de forma que es la Consejería de Presidencia la que sufraga, con cargo a sus dotaciones presupuestarias, el beneficio de asistencia jurídica a los profesionales, a través de sus colegios, que se configuran como auténticas entidades colaboradoras para la gestión de la subvención. La consejería, previa tramitación del oportuno expediente administrativo que conlleva la autorización del Consejo de Gobierno, efectúa los correspondientes libramientos trimestrales.

Guillermo Martínez puntualizó que el Gobierno presidido por Javier Fernández tramitó el pago del cuarto trimestre de 2011 (1.265.000 €), que se abonó en el mes de agosto, además de autorizar en el Consejo de Gobierno del pasado miércoles el pago del primer trimestre de 2012 (1.434.000 €).  Añadió que el Ejecutivo asturiano está pendiente de la modificación presupuestaria para tramitar el segundo trimestre, ya presentado, por los distintos colegios de abogados y procuradores, mientras que el tercer trimestre se encuentra al día de hoy sin terminar la fase previa de gestión de la solicitud.

El Gobierno del Principado es “consciente de que la revisión de las tarifas de pago a colegios de profesionales es unos de los retos más inmediatos, y de que esta revisión por su regulación autonómica va vinculada a la evolución de las percepciones de los empleados públicos”, aseguró el consejero. La apuesta del Ejecutivo asturiano es “acometer las propuestas oportunas que nos dirijan hacia un modelo más eficaz y eficiente de estos servicios, y lo haremos pretendiendo la colaboración y el consenso con el conjunto de profesionales implicados”, añadió.

Para el Gobierno del Principado, la justicia es un servicio público esencial para los ciudadanos y desde esa perspectiva, siempre que en búsqueda de criterios de eficiencia, “debamos introducir algún cambio, lo haremos sin aminorar la calidad de los servicios, y reitero, buscando el acuerdo de quienes día a día trabajan en el ámbito judicial y a quienes les reconocemos no sólo su profesionalidad, sino también su protagonismo en el avance hacia un modelo judicial más accesible para los asturianos y asturianas”, afirmó Guillermo Martínez.