El coordinador de IU Asturias, Manuel González Orviz, denunció hoy la liquidación HUNOSA, puesta en marcha por el Gobierno Central con los ajustes para el sector. "Antes teníamos la intuición y ahora la confirmación de que el PP quiere liquidar la minería, pues eso supone la reducción de las ayudas en un 70%. Esto es un ataque directo a las comarcas mineras y Asturias".
En una rueda conjunta con responsables de la federación de Industria de Comisiones Obreras, González Orviz criticó además la respuesta policial y judicial del Ejecutivo de Mariano Rajoy a las movilizaciones ya que, dijo, el objetivo de la represión es "desmovilizar" a la población con la criminalización de las protestas. "No cuestionaré la independencia judicial, pero no se entiende que a una persona como Vidal -uno de los imputados por el conflicto del Pozo Santiago-, una persona con su mujer enferma, sus hijos aquí, y sin capacidad para pagar la multa se le imponga una fianza para eludir la cárcel y se le obligue a presentarse tres días al mes en el juzgado y que para el yerno del Rey, Iñaki Urdangarín, todavía no se haya fijado una fianza". Este distinto rasero, explicó Orviz, demuestra que hay una "clara instrucción del Gobierno y la Fiscalía para criminalizar todas las movilizaciones. La respuesta va a ser cada vez mayor y más contundente por parte de los ciudadanos y veremos a muchos de ellos que además de haber perdido su empleo, terminarán en los juzgados".
En el encuentro con los medios participó también el senador de IU Jesús Iglesias, quien preguntará al Gobierno sobre las razones que le han llevado a incluir a HUNOSA en el paquete de liquidación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y si ninguna de las actividades del grupo minero público va a ser considerada rentable. En este sentido, Iglesias manifestó que el Gobierno debe explicar "qué va a pasar con los trabajadores y con la actividad que ahora desarrolla HUNOSA como una herramienta de reactivación de las comarcas mineras".
Por su parte, el responsable de minería y energía de la federación de industria de CCOO, José Luis Suárez Villares, coincidió en afirmar en el plan del PP para liquidar HUNOSA y toda la minería asturiana, de la que dependen unos 3.000 empleos. Para el responsable sindical, las prácticas del Gobierno Central en la represión de las movilizaciones es un calco del que aplicó la primera ministra británica MargartetThatcher. "En Reino Unido se acabó con un sector en el que trabajaban 900.000 mineros ingleses y hubo hasta cadenas perpetuas. El PP está haciendo una copia fiel de las políticas de represión de Thatcher: criminaliza a los mineros y sector".
Para Jesús Iglesias, la represión actual no tiene antecedentes en el período democrático. "Comencé a trabajar en 1982 y fueron tiempos de intensa movilización. No he visto en la movilización minera nada que no viera en estos 30 años. Yo, que participé en diferentes juicios por movilizaciones laborales, nunca vi esto". Según el senador, esto ha sido posible porque se ha ido endureciendo el Código Penal y todavía se prevén más restricciones. "Gallardón pretende un nueva reforma para endurecer penas, pero no sé por qué sorprende. La derecha es eso,mano dura contra los trabajadores y contra quienes defienden sus derechos."
La decisión del PP de liquidar HUNOSA y la minería responde a intereses ajenos a las necesidades españolas, coincidieron en afirmar González Orviz, Iglesias y Suárez Villares, quienes recordaron que en otros países europeos se está apostando por el carbón como combustible para la generación energética. La renuncia al uso del carbón nacional es una consecuencia directa, afirmó Jesús Iglesias, de la pérdida del carácter estratégico de este combustible, algo que viene motivado, añadió por la privatización del sector eléctrico español. "En España hay una puerta giratoria que une a las eléctricas y el Consejo de Ministros: los que están en los consejos de administración de las empresas terminan por sentarse en el Consejo de Ministros y al revés".
El coordinador de IU aseguró que el candado al sector de la minería tiene carácter ideológico y forma parte de las medidas de Rajoy para cambiar el sistema, dando primacía a lo público aunque esto suponga renunciar al control de sectores estratégicos, como el eléctrico, para un país.
