"La inversión en infraestructuras es un factor clave como determinante de la productividad", es una de las conclusiones que aparecen en el informe elaborado por la Comisión de Concesiones y Servicios de CEOE y que ha sido presentado hoy por el Presidente de esta Comisión, David Taguas. El informe, titulado "El sector de las infraestructuras públicas en régimen de concesión y de los servicios públicos en España. Propuestas para el periodo 2012-2016", recoge una serie de propuestas y actuaciones elaboradas durante los últimos meses por los miembros de la comisión, que representan a más de 40 organizaciones empresariales integradas en CEOE.

El documento supone un decidido impulso a la actividad económica desde los sectores de infraestructuras y servicios públicos en régimen de concesión, en el marco de restricción presupuestaria asociada al proceso de consolidación fiscal en marcha. En su informe, la comisión de concesiones y servicios de CEOE desgrana dichas propuestas a través de tres grandes bloques:

• En primer lugar, mediante el desarrollo de un plan de infraestructuras, que giraría en torno a tres ejes fundamentales:
  
  • Potenciar el transporte de mercancías por ferrocarril.
  • Resolver el déficit existente en las infraestructuras del ciclo integral del agua, potenciando la inversión y resolviendo la inadecuación de los sistemas de depuración y tratamiento de aguas.
  • Completar la modernización y mejora de la red viaria nacional de autopistas, autovías y carreteras.

• En segundo lugar, mediante el impulso de un amplio plan de equipamientos sociales en los ámbitos hospitalarios y de la dependencia, así como la creación de un parque de viviendas sociales en alquiler que facilite la emancipación de los jóvenes y una vivienda a los ciudadanos que, por su nivel de renta, no tienen acceso a la propiedad.

• En tercer lugar, para eliminar los obstáculos existentes para captar en los mercados financieros la necesaria financiación de los proyectos, se proponen soluciones a los problemas pendientes que afectan a gran parte de los contratos de concesión, y se sugiere la modificación del marco regulatorio a fin de corregir determinadas disfunciones, tales como la morosidad generalizada de las Administraciones Públicas y la inseguridad jurídica causada por un marco normativo ineficiente, que dificulta a las empresas el desarrollo de su actividad de forma eficiente y competitiva.