• La Consejería de Fomento ha encargado un informe sobre las actuaciones imprescindibles para no tener que acostumbrar a los asturianos a resignarse a los efectos catastróficos de las crecidas de los ríos

• Deben ejecutarse de inmediato las obras de reparación de la escollera de Soto de Aller, del puente de Trubia y los dragados del Nalón en Plaomar y frente a Casa Puyo

• Las obras del Corredor del Aller fueron autorizadas por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, que no puede ahora lamentarse por haberlas autorizado

Oviedo.- La Confederación Hidrográfica del Cantábrico, que depende del Estado, y por lo tanto, de la Delegación del Gobierno en Asturias, debe actuar urgentemente allí donde tiene actuaciones pendientes sin eludir su responsabilidad, ya que tanto el dominio público hidráulico como la gestión es de su competencia exclusiva, tal y como viene definida en la propia Ley de Aguas.

El Principado de Asturias elaborará un informe con las actuaciones imprescindibles para no tener que acostumbrar a los asturianos a resignarse a los efectos catastróficos de las crecidas de los ríos, actuaciones muchas de ellas reclamadas insistentemente por los ciudadanos afectados, que exigen soluciones concretas. Desde el Gobierno regional se ha comprobado esta necesidad, en contacto directo con los vecinos, tras las diferentes visitas a los puntos en conflicto para comprobar la situación, y en muchos casos se constata la gravedad de los problemas en las zonas. El Principado no puede resolver estos problemas, no puede construir escolleras y ejecutar dragados en los ríos, así pues, será la Administración competente la que tendrá que actuar de manera inmediata, sin más dilaciones ni pretextos.

La Confederación, como Administración competente, tendrá que acometer de inmediato las obras necesarias de reparación de las escolleras, como también de los puentes afectados, y ejecutar los dragados que se les vienen reclamando, y que son necesarios para devolver la tranquilidad perdida a las personas. Todas aquellas desgracias que sean evitables, a base de poner  diligencia y responsabilidad en la gestión, no pueden tolerarse.
Las actuaciones sobre los cauces de los ríos tienen consecuencias, y no cabe eludir responsabilidades.

En Arriondas nunca hubo inundaciones hasta que se hizo el encauzamiento, pues el río busca una y otra vez su cauce natural. Este caso, que resulta profundamente ilustrativo, debe llevar a las autoridades competentes a una reflexión.

En el caso del Trubia, la actuación sobre la presa del Machón, que no se completó, tuvo consecuencias en el puente de La Riera, que se vino abajo al no haber sido reforzado. Caben mencionar también los imprescindibles dragados no ejecutados en zonas clave del Nalón, como Palomar o enfrente de Casa Puyo. En este caso, el propio Ayuntamiento de Oviedo ha recordado la necesidad de acometer dichas actuaciones de manera urgente para que no se repitan situaciones de angustia innecesaria.

El Principado sólo ha ejecutado obras en los ríos cuando éstas han sido autorizadas por la Confederación, como es el caso de la construcción del Corredor del Aller, sometido siempre a las directrices de este organismo dependiente de la Administración del Estado, que no puede eludir sus responsabilidades y desdecirse ahora la Confederación de sus autorizaciones, como demoler las obras ya ejecutadas del Corredor e impedir su terminación como se sugiere desde la Delegación del Gobierno.

La escollera de Soto de Aller que sufrió los efectos de la riada por su escasa estabilidad, nada tiene que ver con la construcción del Corredor, ya que en ese punto concreto existe una obra de reforzamiento en un punto secularmente atacado por la corriente. La escollera, que estaba tocada por las múltiples riadas y había sido construida por la Confederación para proteger las viviendas, estaba sin embargo dañada por la falta de mantenimiento, y ha tenido que ser el propio Ayuntamiento de Aller el que, ante la falta de compromiso de la Delegación del Gobierno, tuvo que actuar para tranquilizar a los ciudadanos que temían por sus viviendas.

Estos y otros casos requieren actuaciones inmediatas para que no vuelvan a repetirse las situaciones de pánico que vivieron estos días los vecinos, que no fueron ni atendidos ni tranquilizados por las autoridades competentes que representan al Estado en la Comunidad Autónoma. El Gobierno del Principado realizará, por ello, un exhaustivo informe que ya ha sido encargado a la Dirección General de Obras Hidráulicas, para su remisión a la Delegación del Gobierno, para que ésta asuma sus responsabilidades de manera inmediata.