Abusan de su pueblo, les roban y son sancionados. Pero su dinero encuentra refugio en la UE, y los dictadores, sus amigos y familiares pueden disfrutar sus fortunas. Sancionar a los tiranos por un lado y por otro dejarles esconder y usar su dinero en Europa daña la credibilidad de la Unión Europea y quita peso a su política internacional. Hay que poner fin a esta dinámica; el informe del eurodiputado británico Graham Watson aprobado la semana pasada por el pleno del PE explica cómo hacerlo.

La UE aplica sanciones y medidas restrictivas cuando trata de alcanzar sus objetivos para hacer frente a los regímenes autoritarios, pero a veces éstas se aplican de forma inconsistente. Además, cada Estado miembro lleva a cabo las aplica de forma distinta, e incluso se da el caso de que la UE trate de forma diferente a países situaciones similares en cuanto a derechos humanos y valores democráticos. El eurodiputado inglés Graham Watson, del grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, afirmó durante la última sesión plenaria del PE que su informe "tiene como objetivo hacer más coherentes y consistentes las políticas actuales sobre medidas restrictivas".

El texto no contempla sólo medidas restrictivas fuera, sino también cómo darles continuidad dentro de la UE, especialmente en el caso de los activos de los dictadores dentro de la Unión. "El informe recomienda que todas las medidas restrictivas externas sean igualadas con un enfoque similar hacia las actividades de los líderes autoritarios cuando están dentro de las fronteras de la UE", explicó Watson.

La UE, foco de atracción de inversiones

De acuerdo con los eurodiputados, la Unión Europea representa para muchos líderes autoritarios un foco de atracción para sus inversiones, propiedades y depósitos bancarios, a la vez que les ofrece servicios médicos, un área libre para viajar y libertad para gastar su riqueza de dudosa procedencia. Watson explica en su informe que "actualmente les dejamos proteger sus ganancias dudosamente adquiridas dentro de nuestros sistemas bancarios, les ofrecemos incentivos y capacidad para continuar con la corrupción y la explotación de su pueblo y de sus recursos".

Esto daña la política exterior de la UE y también su credibilidad. Los eurodiputados abogan por frenarlo y piden en el informe que el Consejo desarrolle unos criterios claros sobre cuándo y cómo deben ser aplicadas las medidas restrictivas y una identificación clara de quién debe ser sancionado. Los juicios del Tribunal Penal Internacional deben tener en cuenta la política de sanciones de la Unión Europea.

Minimizar el efecto a la población civil

También en el informe se contempla que las sanciones y las medidas restrictivas sean dirigidas sólo a los responsables de la situación, y se minimice el impacto de éstas en la población civil. Además, señala que los Estados miembros tienen que aplicar las sanciones rigurosa y consistentemente, evitando dobles raseros en sus decisiones teniendo en cuenta sus intereses políticos, económicos y de seguridad. Los líderes que sean sancionados, así como sus socios, deben tener estrictamente prohibido poseer activos y propiedades dentro de la UE, y en el informe también se pide que los Estados miembros declaren  cuando los sancionados tengan activos físicos o financieros dentro de sus fronteras.

Asimismo, se defiende que debe prohibirse a las instituciones académicas o deportivas y las organizaciones benéficas aceptar dinero de líderes sancionados y de sus asociados. Al mismo tiempo, se contempla que la UE y sus Estados miembros prohiban viajar por territorio europeo a las personas sancionadas, salvo que sea con fines humanitarios.

Además se pide que si las personas sancionados han contado con cómplices dentro de Europa, éstos sean investigados y juzgados por los Estados miembros. En cuanto a los bienes congelados o confiscados, deben ser repatriados tan pronto como sea posible a sus países respectivos para beneficio de la población